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El fiscal del “caso Pluna”, Juan Gómez, presentará una casación para que la Suprema Corte de Justicia revea la sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno que revocó el procesamiento sin prisión del escribano Pablo Seitún, quien participó de la subasta de los aviones Bombardier de Pluna.
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A instancias del fiscal Gómez, la jueza consideró que el notario cometió un delito cuando inscribió el nombre del representante de la desconocida aerolínea Cosmo como Antonio Sánchez sin chequear que su verdadera identidad era Hernán Antonio Calvo Sánchez. Además, el escribano certificó en el acta que hubo puja, cuando el único oferente fue ese ejecutivo.
Sin embargo, por unanimidad el Tribunal no compartió ese criterio en una sentencia emitida el martes 7. La resolución redactada por el ministro Eduardo Reyes considera que el escribano no incurrió en “una mentira” sino solo en un “error” porque en el acta del remate luego de consignar que hubo puja agregó que un solo oferente se interesó en los aviones Bombardier. La sala, que también integran los ministros Rolando Vomero y Sergio Torres, se detuvo en los nombres cambiados y aseguró que ese hecho no merece reproche penal. “No había ninguna norma específica para la forma de consignar la identidad del mejor postor, sencillamente porque no se regulan las formalidades de los remates”. El fallo, a su vez, cita un informe de la Asociación de Escribanos del Uruguay que establece que “no se contaba para la realización del remate, con normas expresas que lo regularan en cuanto a formalidades, requisitos y procedimientos especiales, lo que podría considerarse un ‘vacío reglamentario’”. Se destaca que el escribano al “aclarar las firmas” transcribió todos sus nombres y apellidos “tal como surgían del pasaporte exhibido por quien dijo representar a Cosmo. Por lo que no puede decirse que en el acta haya asentado datos inexactos”.
El revés en esta sentencia por parte del Tribunal abre una interrogante en el procesamiento del ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, quien fue imputado por De los Santos de “abuso de funciones” en el mismo caso. En el caso del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, la situación sigue incambiada porque el ex jerarca no apeló el procesamiento.