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La Justicia quiere que el expediente de Ancap “se mueva”, y rápido. Las investigaciones de Crimen Organizado no son sencillas y suelen tardar meses y hasta años. Pero la jueza Beatriz Larrieu y la fiscal María de los Ángeles Camiño no quieren que el tema “se encajone” y pretenden comenzar a citar a los involucrados “lo antes posible”, dijeron fuentes judiciales a Búsqueda.
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La investigación que iniciaron a partir de las denuncias que presentaron los partidos políticos de la oposición —el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular— tiene sus complejidades. Es que se denunciaron “hechos” presuntamente delictivos, pero no “personas” responsables de esas operaciones.
En un principio la Justicia había solicitado a la estatal que proporcionara información sobre el organigrama de la empresa en los años donde se produjeron las operaciones supuestamente sospechosas para tratar de identificar a quienes intervinieron en ellas.
Pero ante la complejidad del tema la fiscal resolvió solicitar a la jueza que amplíe el pedido de información a Ancap, para que el ente informe específicamente quiénes estuvieron vinculados a los negocios y actividades que se investigan, dijeron fuentes judiciales.
La fiscalía quiere conocer “toda la cadena” de los que intervinieron en las operaciones, para evitar que cuando se interrogue a los involucrados, estos aleguen que “cumplían órdenes de otros”, explicaron las fuentes.
Este miércoles la Fiscalía envió el pedido al Juzgado, informaron. Además, Camiño solicitó que se requiera a la empresa que designe un “interlocutor válido” con el Juzgado, “para evitar demoras en las comunicaciones”, indicaron fuentes de la Fiscalía. Es que la Justicia prevé que serán necesarios varios intercambios con el ente solicitando información, y quiere “agilizar” los trámites para que “el papeleo” no tranque la investigación.
Estas semanas un equipo interdisciplinario —integrado por técnicos del Banco Central, del Instituto Técnico Forense, de la Secretaría Antilavado de Activos y de la DGI—, estuvo analizando las denuncias para desentrañar la información que debe requerir la Justicia para identificar si se cometieron ilícitos.
El equipo tenía plazo para entregar su informe a la jueza Larrieu esta semana, pero solicitó una prórroga, informó una fuente judicial. La magistrada concedió unos días extras para que lo entreguen.
“La idea es que no se demore y empezar a citar cuanto antes. Pero no se puede empezar hasta que no haya un informe primario sobre los hechos”, indicó una fuente.
Las denuncias contra Ancap fueron presentadas el 19 de abril en el juzgado de Crimen Organizado. Los hechos denunciados surgieron tras la labor de una Comisión Investigadora en el Parlamento, que indagó sobre las operaciones que provocaron que Ancap perdiera 800 millones de dólares durante la gestión del actual vicepresidente Raúl Sendic.
Los partidos de la oposición concluyeron que se habían cometido hechos presuntamente delictivos, y decidieron recurrir a la Justicia. Cada partido presentó su propio documento, pero los hechos denunciados se repitieron: gestión en la publicidad del ente, contratos y licitaciones para el transporte de cal y para el equipamiento de la planta de cemento, contrato con la Armada para la construcción de barcazas, la cancelación de una deuda con la petrolera venezolana Pdvsa, importaciones de crudo, gas propano y butano, intermediación de Ancap entre la empresa Trafigura y la estatal Petroecuador, una deuda impaga de Pluna, y la construcción de una planta de biocombustible en Paysandú.
Como los denuncias versaban sobre los mismos hechos, la Justicia resolvió unificarlas en un mismo expediente.
