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    Fiscales en conflicto: analizaron suspender allanamientos, pero primó “progresividad” de medidas

    Advierten por una escalada en la gravedad de las acciones, en caso de que prospere un artículo de la Rendición de Cuentas que los inhibe a ejercer su profesión por tres años

    La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMU) dejó el miércoles 4 de recibir a abogados, como medida de conflicto en respuesta a un aditivo que se agregó en la Rendición de Cuentas, que impide a los exfiscales de Corte y fiscales letrados penales ejercer como abogados por un período de tres años después del cese de su cargo en los casos en los que intervenga el Ministerio Público.

    La medida fue resuelta el martes 3 de octubre, en una asamblea donde hubo unanimidad en la necesidad de “marcar la cancha y decir basta”, frente a lo que consideran “ataques constantes injustificados” por parte del sistema político.

    Si bien se analizaron mociones con medidas más graves, como suspender la realización de allanamientos, según informaron a Búsqueda fuentes que participaron en la reunión, el presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, dijo que “se ponderó la progresividad” y fue aprobada la más leve de las propuestas que fueron presentadas.

    Sin embargo, aclaró que hay una intención de agravar las medidas en caso de que la iniciativa prospere y que hubo “muchos fiscales receptivos” a realizar acciones “de más gravedad”.

    Sobre un sustituto del aditivo que recibió la asociación, presentado en la Cámara de Senadores, que reduce de tres a un año la inhibición de ejercer su profesión, dijo que en caso de que se apruebe seguirían en conflicto porque continuaría siendo “inadmisible”.

    Para Rosa, el artículo fue “la gota que rebasó el vaso”, porque “es una afectación al trabajo”, además de ser “visiblemente inconstitucional”. Eso se suma a reivindicaciones presupuestales que no ha tenido en cuenta el Parlamento, a declaraciones donde los responsabilizan por el aumento de la inseguridad y la presentación de proyectos de ley como el que crea el delito de prevaricato para jueces y fiscales que “criminaliza la actividad”.

    La AMU realizará hoy jueves una nueva asamblea a modo de evaluación y luego está convocada una conferencia de prensa para explicar el conflicto.