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    Fiscales enfrentan, con métodos y recursos insuficientes, la “naturalización” del asesinato y un nivel de armas “descomunal”

    Sostienen que el nivel de aclaración de 51% causa “impunidad” y para elevarlo reclaman recursos y una cuarta sede especializada

    La imagen de Uruguay como un país tranquilo contrasta con un paisaje en el que los homicidios crecen en número y en violencia. El fenómeno se ve con particular claridad desde las tres fiscalías especializadas, que desbordadas de investigaciones ven con sorpresa pero también rendidas a la “naturalización” cómo abundan las armas y las municiones; cómo proliferan cada vez en más barrios y cómo se emplean para resolver conflictos cada vez más pequeños y más absurdos; cómo en escenas del crimen donde antes había dos disparos ahora hay 30 o 40; cómo matan y cómo mueren hombres que no suelen tener más de 30 años. También observan cómo empeoran las cifras de aclaración de sus investigaciones, con metodologías desacompasadas de la realidad en que se desenvuelven.

    Para el fiscal de Homicidios de Montevideo de 1er turno, Carlos Negro, hay posibilidades de que este año se pueda superar el récord histórico de homicidios que se registró en 2018, con Eduardo Bonomi en la cartera de Interior. “No hay ningún factor o síntoma que indique que vaya a disminuir la cantidad de homicidios. Todo lo contrario, y eso genera impotencia”, aseguró.

    Más allá de las cifras crecientes, hay otra realidad que inquieta a los fiscales especializados: las dificultades para avanzar en las investigaciones y alcanzar una condena.

    Según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2022 solo el 51% de los casos se aclararon, un porcentaje que desciende al menos desde 2015, cuando fue de 65%. Con esta realidad, los fiscales sostienen que existe una “impunidad” que demanda una modificación de los métodos y mayores recursos.

    Negro, Mirta Morales y Adriana Edelman —los tres fiscales especializados en homicidios del país— coinciden en que investigan con recursos insuficientes. “No es profesional continuar de esta manera, y no estamos pidiendo gran cosa”, aseguró Morales.

    Para los investigadores, se deben reforzar los equipos, que están formados por tres o cuatro personas cada uno, y agregar dos adscriptos en cada fiscalía. Una de las dificultades que enfrentan es la saturación por la gran cantidad de tareas que deben realizar.

    Del cuerpo al juicio

    Todo comienza con la aparición del cuerpo de una persona asesinada: los fiscales deben analizar la escena, solicitar pericias, pedir a la Policía que obtenga las imágenes de las cámaras de videovigilancia —si es que las hay—, deben tomar la declaración a testigos y allegados de la víctima para intentar identificar al culpable, detenerlo si eso ocurre y obtener las pruebas para una formalización.

    En caso de lograr la imputación, comienza el trabajo más arduo: la preparación del juicio. Esto puede demandar entre ocho meses y dos años, para alcanzar una condena.

    Mientras, los fiscales reciben nuevos casos para investigar, deben desgrabar declaraciones, ir a audiencias, escribir apelaciones, enfrentarse a abogados que les dan “batalla”.

    “No sé cómo no hemos incurrido en el error de que se venzan plazos”, se sorprende Morales, quien advirtió que durante este año hubo seis u ocho semanas en las que no pudo avanzar en las investigaciones por la preparación de juicios. “Quedás fuera de carrera”, dijo.

    Las fiscalías de homicidios con mayor cantidad de integrantes redundarían, en su opinión, en que las investigaciones en curso no se paralicen cuando están en juicios y en un verdadero control de la ejecución de las penas.

    Bajar la impunidad

    Con el foco puesto en aumentar la aclaración, el ministro del Interior creará un departamento de homicidios dentro de la cartera, según anunció el director de la Policía Nacional en la interpelación al ministro Luis Alberto Heber en la Cámara de Diputados. Será una unidad especializada en investigaciones de asesinatos que ocurren en Montevideo que trabajará para las tres fiscalías.

    Es un proyecto todavía en proceso de implementación, pero será un “cambio importante”, consideró José Azambuya. Según informó, habrá un “proceso de selección” para conformar una “fuerza efectiva”, con el objetivo de “profesionalizar” y “tecnificar el trabajo”. Formarán parte de ella funcionarios con “muchos años de servicio”, con “capacidades técnicas” y una “preparación especializada”.

    La propuesta fue presentada el viernes de forma oficial a los tres fiscales de homicidios, quienes manifestaron su conformidad. “Con los índices que tenemos, no puede ser que la Fiscalía de Montevideo no tenga una brigada específica en la Policía para trabajar solamente los homicidios”, consideró Negro, para quien la “falta de trabajo específico y en conjunto” provoca dificultades. Dice que “los códigos son diferentes” en relación con otros delitos y que se requiere “diálogo, confianza y trabajo”.

    “Tenemos las manos atadas como fiscales si la Policía no trabaja de acuerdo a lo que necesitamos”, dijo el fiscal.

    Para Morales es “fundamental” que existan funcionarios policiales dedicados de forma exclusiva a los homicidios para que puedan “perfeccionarse” y recolectar evidencias con la mira puesta en los juicios. De esa forma, “se empezaría a trabajar como un verdadero equipo”.

    Para los fiscales también debería crearse un cuarto turno de homicidios porque prevén un mayor volumen de trabajo. “Sería fantástico que el Parlamento pudiera entender la necesidad”, dijo Morales.

    En la misma línea, Negro sostiene que aumentar la resolución de casos puede tener un “efecto disuasivo” a mediano y largo plazo. “No podemos permitirnos tener un 50% de los homicidios no aclarados” porque “es naturalizar la violencia instalada”, afirmó.

    A la antigua

    Para Morales, titular de la Fiscalía de Homicidios de 2º turno, la baja aclaración de los homicidios que hay en la actualidad es consecuencia de que se investiga este tipo de delitos con modos de trabajo que sirvieron para “otra realidad”.

    “La criminalidad cambió en volumen y agresión”, aseguró. En su turno, que dura 10 días, tuvo 15 homicidios más otros dos casos que fueron derivados de Fiscalía de Flagrancia. De ese total, dos asesinatos fueron dobles. “No es por alarmar, pero es una cifra muy grande”, indicó.

    Los tres fiscales coincidieron en que la sociedad resuelve los problemas de forma cada vez más violenta. Como ejemplo, Negro recuerda que la semana pasada un pasajero de un ómnibus de la línea 427 de Coetc le fracturó el cráneo con una tenaza al conductor del coche, luego de que este le informara que se le había vencido su boleto, según informó El País.

    Edelman suma otros conflictos que vio resolverse con armas en su trabajo: una persona miró mal a otra, a alguien le robaron un vaso de bebida en el baile y a otra persona le molestó que alguien hablara con su expareja. “Todo eso pasó”, dijo, y coincide con que existe una naturalización de los homicidios. En “determinados lugares” matar es consecuencia de “cualquier cosa” y es “preocupante”, concluyó.

    Armas más agresivas

    Morales asumió como fiscal de homicidios en 2018, en el momento en que se creó la segunda sede especializada. Desde entonces, sostiene que hubo cambios significativos, entre ellos, un “despegue” no solo en “números” sino también en “agresión” y en un uso de armas de un nivel “descomunal”.

    “Hay muchas armas circulando. Y no estamos hablando de revólveres o pistolas viejas, sino de armas modificadas, como metralletas, para tener más agresividad. Es brutal”, dijo. Según contó, “cuesta mucho incautarlas”, pero saben que existen y que hay un “pasaje” porque han detectado que se utilizó una misma en cuatro o cinco homicidios, incluso fuera del departamento.

    Negro confirma que las armas son “infinitamente más accesibles” que antes y se puede conseguir en “cualquier barrio”. Está muy “naturalizado por grandes sectores”, dice, en algunos casos como herramienta “preventiva”, algo que cuestiona.

    Al igual que Morales, dijo que son “armas de potencia” que antes no había, que reciben una “pequeña modificación” para transformarse en automáticas y puedan efectuar 30, 40 o 50 disparos al apretar una sola vez el gatillo.

    “Antes te mataban con dos balas, ahora en cada escena hay 30 vainas”, añadió Edelman. Abundan las armas y las municiones.

    Investigación científica

    Morales dice que también las investigaciones deben “perfeccionarse”. Es imposible, sostuvo, obtener toda la información a partir de las personas imputadas, que no suelen colaborar, y consideró que deben “aprender” a investigar esta “nueva criminalidad de forma inteligente”.

    Edelman coincidió, y aseguró que para mejorar la aclaración se debe generar una política de investigación “basada en inteligencia de datos”, como cruzamiento de información, imágenes de cámaras de videovigilancia —que muchas zonas no tienen— o estudios de terreno. La fiscal tiene actualmente 300 asesinatos en investigación.

    En ese sentido, Morales planteó que el Estado debería tener “estadísticas serias” y un estudio de las víctimas de homicidios para saber quiénes son, además de conocer a los imputados y el nivel de reincidencia. A partir del análisis de los datos sería posible estudiar cómo atacar la problemática de los homicidios con políticas de prevención que “escapan” a la Fiscalía y al Ministerio del Interior.

    La investigadora relató —y sus colegas coinciden— que hay “muchísima gente joven”, tanto entre los homicidas como entre las víctimas. Las víctimas, señaló, no suelen ser narcos. En general son personas de “extrema pobreza y vulnerabilidad”, que “no tienen un gran volumen de dinero ni viven en barrios privilegiados”.

    “Están vinculados con la droga, pero del último escalafón. Tienen problemas de adicción muy vinculados a la pasta, y después están las víctimas que no tienen absolutamente nada que ver”, dijo Morales.

    Para Edelman es necesario “apuntar a las causas”, porque la mayoría de los delincuentes son hombres jóvenes de entre 17 y 30 años que no tienen trabajo o estudio y realizan rapiñas o venden estupefacientes. “Para ellos el único camino es el del delito”, indicó.

    Para Morales en el escenario actual influyó el nuevo Código del Proceso Penal, que exigió una “mayor rigurosidad” en cómo se recolectan las evidencias y cómo se prueban los hechos. “Eso requiere más profesionalización de la Fiscalía y de la Policía, que es auxiliar”, dijo.

    En ese sentido, reclaman al Ministerio del Interior poder contar “siempre” con un “oficial del caso”. Esa persona debe estar involucrada desde el inicio, acompañar a la Fiscalía durante las primeras hipótesis que surgen, en el armado del perfil del posible autor y luego continuar en la formalización y en el proceso hasta el juicio.