El informe presentado a mediados de 2021 por los veedores Luis Fraschini y Oscar Pereyra sobre la situación de Casa de Galicia “careció de la profundidad necesaria”, no se comparte su “rigor técnico” y es “muy escueto sobre los cumplimientos” realizados por la institución con los 20 millones de dólares obtenidos en 2019 a través de un fideicomiso. Estos veedores “probablemente apremiados por la situación crítica” de esa mutualista, “se solidarizaron con su situación” y presentaron “una conclusión” que es “favorable al plan” que tenía su entonces presidente, Alberto Iglesias, para salvarla.
Esto declaró quien entre marzo de 2020 y setiembre de 2021 fue presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado, el viernes 9 de febrero al fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez. Si bien quiso dejar en claro que no había ningún cuestionamiento “a la honorabilidad y capacidad” de Fraschini y Pereyra, el exjerarca fue sumamente crítico con el informe que estos elaboraron sobre Casa de Galicia, cuyo endeudamiento por usuario era, al momento de asumir, cinco veces mayor al del promedio de las mutualistas. Y reiteró los duros cuestionamientos a la gestión de Iglesias en ese prestador privado, entre 2018 y octubre de 2021, cuando fue desplazado en la intervención decretada por el gobierno.
El viernes 9 declararon en esa sede Fraschini, Pereyra, González Machado y el sucesor de este en la Junasa, Alberto Yagoda. González Machado estuvo acompañado por la economista Elena Píriz, asesora del organismo. La clave del día era dilucidar si hubo presiones del gobierno hacia los veedores, concretamente de González Machado hacia Fraschini, para modificar el informe que ellos redactaron, en el entendido que era “benevolente” con el plan de salvataje que Iglesias había ideado para Casa de Galicia (Búsqueda Nº 2.263). Este incluía un préstamo de doce millones de dólares del Banco Santander y un nuevo fideicomiso respaldado por el Estado.
De confirmarse esta hipótesis, sustentada por las declaraciones en ese mismo sentido del exabogado de Casa de Galicia Martín Reyes ante esa misma fiscalía en diciembre pasado, la investigación que llevaba adelante el fiscal Rodríguez sobre presuntas irregularidades cometidas en Casa de Galicia denunciadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) podría haber tenido un giro. Concretamente, habría abonado la hipótesis sostenida por Iglesias de que el MSP habría tenido intencionalidad a la hora de cerrar esta mutualista, lo que se concretó a fines de ese año (Búsqueda Nº 2.198). Según dijo entonces Reyes, en audios divulgados por el programa Nada que perder de M24 el 29 de enero, “Fraschini estaba indignado” por esa presión atribuida a González Machado.
Pero eso no ocurrió. Ambos veedores rechazaron en Fiscalía haber sentido “presiones” para cambiar el informe que confeccionaron. En rueda de prensa a la salida, Fraschini, exministro de Salud de Jorge Batlle, sí admitió que desde la Junasa se le “sugirió” hacer un cambio, a lo que ellos no dieron lugar, sin que esto fuera considerado una presión. Ese matiz semántico fue, a su vez, respaldado por González Machado en el momento de declarar. Un abogado que intervino en la jornada definió a lo de Fraschini y Reyes como “una charla de boliche”. Para el oficialismo, esta arista terminó siendo “un tema lateral” cuando “lo central es que hubo un vaciamiento de Casa de Galicia”.
“No hubo presiones. Y si las hubo, en Fiscalía no lo manifestaron de esa manera”, señaló Rodríguez a Búsqueda.
Fuentes del caso dijeron que, al no haberse producido ese giro, el escenario más probable es que el fiscal pida la formalización de Iglesias. Aún no estaría definida la figura delictiva, que podría ser “insolvencia societaria fraudulenta” o “fraude concursal”. En diciembre pasado, el expresidente de Casa de Galicia ya había sido condenado por el juez de Concursos Leonardo Méndez a cubrir con su patrimonio el déficit de la institución y lo inhabilitó por 20 años a administrar bienes propios y ajenos, lo que el implicado apeló (Búsqueda Nº 2.255).
Iglesias, que pasó las últimas semanas en Galicia, fue citado por Rodríguez para el lunes 19. Según las fuentes, aún no se definió si ese día se le tomarán declaraciones o si será una conversación informativa, el anuncio de que se le pedirá la formalización. Consultado por Búsqueda, su abogado Enrique Moller se limitó a declarar que van “a esperar a ese día para determinar los pasos a seguir”.
Solidaridad
En su declaración en la Fiscalía, a cuyo audio accedió Búsqueda, González Machado hizo mención a la necesidad del MSP a poco de asumir la actual administración de enviar dos veedores a cada una de “las tres instituciones (médicas que) acumulaban los números más negativos” y que “habían recibido varias decenas de millones de dólares de apoyo a través de garantías del Estado para acceder a préstamos”, en referencia a Casa de Galicia, Casmu y la Asociación Española, para saber su situación.
La situación de Casa de Galicia, que había recibido 20 millones de dólares cubiertos “por el Fondo de Garantía”, que tenía una deuda de US$ 75 millones en total y una deuda por afiliado de $ 7.500 (el promedio entre las mutualistas es $ 1.500), y que apelaba “a los créditos a futuro del Fondo Nacional de Salud” para entre el 60% y 80% de los gastos (el promedio es 30%), era la más crítica de todas, señaló. Los ingresos a futuro del Fonasa suelen ser requeridos para proyectos de inversión, “pero acá, dicho en criollo, los pedían para el gasto corriente, ‘para el pan y la leche’”, agregó. Además de saber “si se habían cumplido los objetivos” para la obtención de ese préstamo, se quería averiguar “cómo podía ser que la situación siguiera empeorando, perdiendo socios y acudiendo sistemáticamente a prestamistas”, ya que al tener “todos los bienes hipotecados” los bancos no les prestaban dinero.
En ese contexto, Fraschini y Pereyra fueron designados por el MSP como veedores para Casa de Galicia para elaborar el informe sobre su situación, con la misma batería de preguntas que en los otros casos. Pero según dejó claro González Machado en Fiscalía, el trabajo presentado fue pobre: “El resultado careció de la profundidad necesaria, sobre todo comparado con los de Casmu y la Española. Me refiero al rigor técnico del análisis. Tengo cero cuestionamientos a la honorabilidad y capacidad de los veedores (...). Los mandamos a un barco que se estaba hundiendo y ellos se enfocaron excesivamente en el plan para salvarlo”.
Es que “del devenir de los hechos”, sin que se pudieran “negar”, surgió en este caso la necesidad de poner también bajo la lupa de los veedores el plan de Iglesias para salvar Casa de Galicia. “A nuestro criterio técnico, el análisis (de esta parte) no cuenta con la profundidad necesaria y llega a una conclusión que es de necesidad. En castellano, dicen que (en la mutualista) tienen un plan, proyecciones, que el proyecto es sustentable y debería alcanzar los resultados esperados (...) Es un informe favorable a ese plan, eso es absolutamente cierto”. Esto mismo había sido señalado por Búsqueda en febrero de 2023 (Nº 2.213).
Sobre las mencionadas “presiones” o “sugerencias de cambio”, González Machado señaló que estas eran cuestiones “de forma, de presentación”. Según dijo, la carta estaba mal dirigida a “señores de Junasa” cuando debería ir a la “señora coordinadora de la Unidad de Monitoreo de gestión del MSP”, que es Elena Píriz. Tampoco es correcto titular “Informe a la Junasa” sino que corresponde remitir a la “Dirección General de la Junasa” incluso por un tema de cobro de honorarios, esgrimió.
En ese momento, intervino en Fiscalía la economista Píriz señalando que la divisón Jurídica del MSP cuestiona que el informe “tiene mención y expresión a expedientes que aún no están resueltos”. Píriz refirió al pedido de Iglesias al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre un nuevo fideicomiso, en junio de 2021. “Los veedores hacen un juicio (favorable), lo que no es conveniente”, agregó. Según dijo, se pidió que eso fuera contemplado en un anexo y no en el cuerpo central del texto.
De acuerdo con las declaraciones de González Machado y Píriz, estos son los únicos cambios que pidieron, precisando que “en ningún momento” se refirieron al contenido del informe. Sin embargo, estas solicitudes no cayeron bien en los veedores, lo que hizo que el entonces titular de la Junasa decidiera dejarlo de esa manera.
“Hay opiniones técnicas distintas, pero en ningún momento se sugirió modificar el informe de los veedores. Lamentablemente no compartimos algunas de sus conclusiones porque entendemos que, probablemente apremiados por la situación crítica (de Casa de Galicia), los veedores se solidarizaron con ella, lo que no implica ningún hecho irregular”, expresó ante el fiscal Rodríguez.
Vínculo difícil
Desde el arranque de su gestión, el extitular de la Junasa calificó su relación con Casa de Galicia como “compleja” y al estilo de Iglesias, presidente de esta mutualista entre 2018 y 2021, como “prepotente”. “Me decía: ‘usted tiene que sacarme de encima a todos estos técnicos que usted tiene acá’, los calificaba por su ideología política, ‘sáquelos que yo tengo que gestionar’, ‘deje de considerar a Casa de Galicia como una institución desfinanciada’, y hablaba de planes faraónicos”.
Agregó que Iglesias tampoco asistía a la comisión de seguimiento por el destino de esos préstamos ni pedía autorización para compras, lo que configuraba una “situación irregular”. El plan que tenía se basaba únicamente en ese préstamo para el que pedía la garantía estatal. “Quizá Iglesias, mal informado, mal asesorado, entendió que el informe de los veedores le iba a habilitar un nuevo fideicomiso”, estimó.
Un informe de González Machado el 28 de agosto de 2021 fue clave para que el gobierno decidiera la intervención con desplazamiento de autoridades de Casa de Galicia, que finalmente fue cerrada por decisión de la Justicia en diciembre de ese año. Para ese informe final, uno de sus últimos actos al frente de la Junasa, se basó mucho más en un análisis realizado por técnicos del MEF “totalmente opuesto al de los veedores”, indicó.
Según dijo a Fiscalía, este informe señalaba que de las diez medidas más importantes que Casa de Galicia se había comprometido a cumplir al recibir el fideicomiso de 2019, “habían cumplido dos y medio”. El trabajo de Fraschini y Pereyra era “muy escueto” a ese respecto. “Ahí se muestra que el informe de los veedores era ‘mejorable’, sin perjuicio del cual lo aceptamos, lo recibimos y no se modificó”, subrayó.
“Nosotros entendíamos que el Estado no tenía que aportar fondos a una directiva que los había malversado, por eso respaldamos la intervención (de Casa de Galicia) con desplazamiento de autoridades”, concluyó González Machado ante el fiscal.
