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Fiscalía cierra causa contra argentinos vinculados al “dinero K”
La Justicia uruguaya levantó el embargo de cinco inmuebles del financista Ernesto Clarens en Carmelo, que quedarán a disposición de Argentina, y de una mansión en Punta del Este vinculada al empresario Carlos Wagner
Los casos de corrupción en Argentina que involucraron a jerarcas de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández —que el martes 10 asumió como vicepresidenta— derivaron en múltiples causas judiciales e incluso tuvieron ramificaciones en Uruguay, ya que existieron varios indicios de que el dinero ilícito pudo haber sido “lavado” en inversiones y negocios de este lado del río. Sin embargo, pese a que la Justicia uruguaya puso el ojo en varias transacciones que lucían sospechosas e indagó a profesionales y empresarios uruguayos y argentinos, hasta el momento no pudo probar que los involucrados cometieran delitos de lavado de activos o asistencia.
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Cuando en agosto del año pasado La Nación divulgó “los cuadernos” del chofer Oscar Centeno, que dejaron al descubierto una red de coimas vinculadas a la concesión de obras públicas y dieron inicio a nuevas indagatorias judiciales, las investigaciones uruguayas —que llevaban varios años y numerosos expedientes— parecieron retomar impulso.
El fiscal Luis Pacheco pidió información a sus pares argentinos y a principios de este año citó a declarar al financista Ernesto Clarens, que fue procesado en Argentina por su rol en el esquema de lavado de dinero proveniente de las coimas. Según reveló el diario Clarín, Clarens hizo 164 viajes a Uruguay entre 2003 y 2015, de los cuales 91 fueron en barcos privados, que arribaban al exclusivo Puerto Camacho, en Carmelo, Colonia. Además, Pacheco pidió a la jueza Dolores Sánchez el embargo preventivo de cinco inmuebles en el balneario El Faro, de Carmelo, ya que sospechaba que podían haber sido adquiridos con dinero proveniente de las coimas.
No obstante, casi nueve meses más tarde Pacheco solicitó al Juzgado de Crimen Organizado —ahora a cargo de Adriana Chamsarian— que levante el embargo de los bienes. Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales, de la investigación realizada no surgieron “elementos de convicción suficientes” que indicaran que los bienes embargados habían sido adquiridos con dinero procedente de delitos cometidos en Argentina.
Pacheco también solicitó a la magistrada que levante el embargo dispuesto sobre un predio en Punta del Este propiedad de una sociedad anónima vinculada al empresario argentino Carlos Wagner, quien fue procesado en su país por asociación ilícita en el marco de la “causa de los cuadernos”. Sobre esa adquisición también recaía la sospecha de que el dinero invertido provenía de los delitos cometidos en Argentina, pero la investigación de la Fiscalía no obtuvo pruebas de ello.
Días atrás, la jueza Chamsarian hizo lugar al pedido del fiscal y ordenó levantar los embargos, confirmaron las fuentes.
Carmelo
El 27 de agosto de este año, Clarens se presentó ante la Justicia uruguaya a declarar como indagado. En el interrogatorio admitió haber cometido delitos en Argentina —en su país ya había confesado y se había acogido a la figura de arrepentido—, aunque afirmó que no tuvieron conexión con la compra de los bienes en Uruguay. Aseguró que el dinero que obtuvo en las coimas lo destinó a la compra de una embarcación y de un inmueble en Miami, y pidió que se levante el embargo de sus propiedades en Carmelo.
El fiscal accedió. Según explicaron las fuentes consultadas, Pacheco entendió que no era posible determinar si los dineros ilícitos fueron utilizados en la compra del apartamento en Miami o en la adquisición de bienes en Uruguay. Debido a la falta de pruebas concluyentes y a que Clarens está siendo juzgado en Argentina, el fiscal resolvió no solicitar su extradición ni continuar la investigación, y en consecuencia pidió suspender la medida cautelar sobre sus bienes en el marco de la causa uruguaya.
No obstante, el fiscal solicitó al juzgado que los bienes sean puestos a disposición de la Justicia argentina. El pedido se basó, indicaron las fuentes, en que el juez argentino Claudio Bonadio —que investiga la “causa de los cuadernos”— ordenó trabar embargo a Clarens hasta cubrir la suma de 4.000 millones de pesos argentinos, por lo cual los bienes en Uruguay podrían estar comprendidos en ese monto. Chamsarian hizo lugar a lo solicitado, por lo cual por el momento los bienes continuarán embargados hasta que la Justicia argentina tome una decisión al respecto.
Punta del Este
Por otra parte, a pedido del fiscal, la jueza levantó el embargo de un terreno ubicado en la Parada 8 de la playa Brava de Punta del Este adquirido por la empresa Dubris S.A., de la uruguaya Decavial S.A., que a su vez es controlada por la argentina Decavial Saicac. De esta última es accionista Wagner.
En la compra de ese terreno intervino el estudio JP Damiani & Asociados —según reveló Búsqueda a partir de la investigación Panama Papers— y su titular, Juan Pedro Damiani, declaró como indagado ante Pacheco en octubre de 2018, junto a otras personas vinculadas a la transacción.
Además, en el marco de la investigación, este año compareció como indagado el argentino Miguel Marcelino Aznar en representación de Decavial Saicac. Aznar afirmó que el bien fue adquirido con fondos lícitos de la constructora argentina para desarrollar un proyecto inmobiliario.
Si bien algunos accionistas de Decavial Saicac fueron procesados en Argentina por pagar coimas a funcionarios públicos para obtener contratos de obras públicas, la investigación de la Fiscalía no pudo probar que el dinero usado en la compra procediera de las actividades delictivas y no de los negocios lícitos de la constructora. Por lo tanto, pidió levantar el embargo del inmueble y archivar la indagatoria respecto a Aznar. En este caso el bien no fue puesto a disposición de la Justicia argentina porque esta no solicitó cooperación internacional respecto a ese terreno ni a Decavial, explicaron las fuentes.
