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El cambio de autoridades en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tras la llegada de la coalición al gobierno ha producido una de las transiciones más complejas. Esa secretaría de Estado fue creada durante los gobiernos del Frente Amplio y muchos de sus funcionarios recelan de los actuales jerarcas, que en su mayoría forman parte del Partido Nacional. Las críticas a la gestión del Mides fueron recurrentes durante la campaña electoral de la entonces oposición y continuaron tras la llegada al gobierno.
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Incluso derivaron en la presentación de una denuncia penal que relata varios hechos presuntamente irregulares durante la pasada administración. La denuncia, presentada el jueves 4 de febrero, está en manos del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, quien días atrás citó a interrogatorio a una decena de funcionarios y exfuncionarios del Mides, según informaron a Búsqueda fuentes de la Fiscalía.
Las personas citadas trabajan en las oficinas donde ocurrieron los hechos y fueron sugeridas en la denuncia. En esta primera etapa declararán como testigos. Por el momento no fueron citadas las exautoridades, aunque la Fiscalía prevé hacerlo una vez que la investigación esté más avanzada.
Los hechos denunciados fueron el resultado de auditorías que se realizaron para inspeccionar la gestión del Frente Amplio, que concluyeron que había “riesgos de colusión, uso indebido de fondos, posibilidad de fraude, ineficiencia del gasto”.
La denunica narra, por ejemplo, que durante tres años el Estado pagó US$ 72.000 de más al gobierno de Cuba para que técnicos de ese país brindaran servicios en Uruguay; que hubo “fallas” en el control de los pagos de alquileres por parte de organizaciones sociales por un monto cercano a los $ 18 millones; que se pagaron durante un año y medio servicios de UTE y OSE en inmuebles que ya no estaban en poder del Mides, y que se realizó un gasto excesivo en talleres mecánicos de acuerdo a los valores de mercado, entre otros casos (Búsqueda Nº 2.110).