Fiscalía deberá indemnizar a joven por no actuar ante denuncias de abuso sexual contra su padre y permitir que continuara por años

El resarcimiento no quedó solo en las disculpas públicas. En una sentencia del 6 de octubre, a la que accedió Búsqueda, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó una condena a la Fiscalía a indemnizar a la joven con US$ 20.000 por daños y perjuicios. La condena también incluyó una reparación de US$ 5.000 para el primer hijo de la joven y su padre. El segundo hijo murió poco después de nacer.

La primera denuncia sobre el hecho fue presentada en 2009 por una psicóloga que hacía trabajo social en Rivera. La adolescente tenía un embarazado de seis meses y la especialista presumía que podía ser producto de los abusos de su padre, que tenía antecedentes por violación. Pero a mediados de 2010 el juez Gustavo Iribarren archivó al caso porque no había denuncia de la madre ni de la menor, y la Fiscalía no apeló. Un año después un médico presentó una nueva denuncia, cuando la menor cursaba su segundo embarazo. El fiscal Ricardo Chiecchi pidió entonces una pericia de ADN que confirmó que los hijos eran del padre de la adolescente. Sin embargo, el fiscal entendió que no se trataba de abuso, sino de incesto, sin la nota de “escándalo público” que requiere para constituirse en delito, por lo que pidió nuevamente el archivo, que fue dispuesto por la jueza Isaura Tórtora.

“Nunca se estuvo ante un caso de incesto, sino ante una violación”, dijo el fiscal de Corte cuando pidió disculpas por el caso. “Hablar de incesto en este caso implica sostener que puede haber relaciones consensuadas entre un padre de 50 años con antecedentes por violación con una niña de 13 años, y eso es absolutamente insostenible”.

El juez que resolvió la demanda en primera instancia, Alejandro Martínez de las Heras, condenó tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial a indemnizar a las víctimas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones consideró que la responsabilidad no debía ser compartida porque la Fiscalía es la titular de la acción penal. Por lo tanto, revocó la condena contra el Poder Judicial, a la vez que rebajó significativamente los montos de la indemnización.

La víctima acudió a la Corte para protestar contra esa decisión. Planteó que el error “inexcusable” de la Justicia implicó que ella siguiera siendo víctima de violencia y tratos inhumanos y quedara nuevamente embarazada de su padre. Narró que tuvo dos intentos de suicidio y que su hijo también fue víctima de abusos, mientras el segundo murió por una malformación congénita.

Cuestionó que el tribunal planteara la “opinabilidad” de las estimaciones del daño moral y citara otros antecedentes para argumentar que el monto era excesivo. “La particularidad de este caso, considerando la gravedad de las consecuencias para la víctima, no tiene parámetros jurisprudenciales que sirvan de comparación”, argumentó.

La Fiscalía pidió a la Corte que rechazara el recurso de la víctima. Además, reclamó que no debía hacerse cargo de la indemnización porque había actuado conforme a derecho. “El fiscal actuante en cada uno de los casos apreció los hechos con la independencia técnica que los medios de prueba demostraban y emitió sus dictámenes en consecuencia”, argumentó, y sostuvo que la responsabilidad debía recaer sobre el Poder Judicial, que es quien tiene “la capacidad de juzgar”.

Por otra parte, sostuvo que la víctima no podía pedir una indemnización porque ya había vencido el plazo de cuatro años que rige para las reclamaciones contra el Estado. Según su interpretación, el plazo de caducidad debía computarse desde que la joven cumplió la mayoría de edad.

Decisión final

La Suprema Corte, integrada por los ministros Cristina Cabrera, Mónica Besio, Patricia Hernández, Edgardo Ettlin y Beatriz Venturini, rechazó ambos recursos. Por un lado, desestimó el reclamo contra la indemnización fijada por el tribunal. “Si bien podría estimarse que los montos fijados en segunda instancia no reflejan la magnitud de los eventos reseñados en la demanda, debe tenerse presente que el período a considerar para el resarcimiento requerido (…) es únicamente aquel en el cual la incorrecta actuación del Ministerio Público determinó que las víctimas continuaran sometidas al maltrato, abuso y vejaciones”. Es decir, los años previos a la denuncia no son responsabilidad de la Fiscalía. “Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que el ofensor primario no fue el Ministerio Público, sino el progenitor”.

En consecuencia, la corporación entendió que el monto fijado por el tribunal no podía considerarse “absurdo” como para ser modificado.

Respecto al planteo de la Fiscalía, el máximo tribunal consideró acreditada su responsabilidad en el caso. Por otra parte, compartió lo expresado por la defensa de la joven en cuanto a que esta no tuvo certeza sobre el carácter delictivo de la conducta de su padre hasta que este no fue procesado en 2016 por la jueza Noelia Sánchez. Por lo tanto, para la Corte el plazo de caducidad debía comenzar a computarse a partir de esa fecha.

Este criterio no fue unánime entre los ministros. Ettlin y Venturini opinaron que la Fiscalía tenía razón en plantear que el reclamo se encontraba prescripto. Establecer que el plazo de caducidad “comienza a computarse cuando la víctima podría haber tomado supuesta conciencia del evento ilícito es establecer una flexibilidad no legal que se separa de un dato absolutamente inobjetable, como lo es cuándo la víctima debería haberse considerado lesionada”. A los 18 años, previo al procesamiento de su padre, la joven ya “tenía plena conciencia de las situaciones absolutamente lesivas de sus derechos fundamentales”.