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“Porque es lo correcto, porque así funciona el Estado de derecho, porque es lo que corresponde si hay una norma que no se cumple, nada más que por eso. No es que me levanté de mal humor y lo hice”. De esta forma, el fiscal de Corte Juan Gómez respondió a una consulta de Búsqueda sobre qué lo llevó a ordenar el inicio de una investigación penal a raíz de la divulgación de unos audios relacionados a la denuncia de una violación grupal a una mujer en un apartamento del Cordón el pasado domingo 23 de enero (Búsqueda Nº 2.159). El caso fue derivado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno, a cargo de Mariana Alfaro.
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El programa La Pecera, de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez, emitió el martes 1º una serie de audios pertenecientes a videos filmados por uno de los jóvenes acusados, alegando que ponían en duda el relato de la denunciante. El abogado de los indagados –tres mayores y un menor–, Martín Frustaci, aseguró que demostraban que se había tratado de relaciones consensuadas.
La investigación penal apunta a una eventual vulneración del artículo 92 de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (Nº 19.580), que castiga con una prisión de seis meses a dos años a quien “difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización”. También se estudiará si se incumplió el artículo 259.6 del Código del Proceso Penal que obliga a los funcionarios o cualquier otra persona que hayan estado involucrados en las investigaciones a guardar la reserva del caso.
“Este tipo de temas no puede andar debatiéndose en los medios de prensa”, dijo Gómez.
La investigación sobre la denuncia de violación está siendo llevada adelante por la fiscal Sylvia Lovesio.
No es la única acción penal que provocó el programa radial. Este jueves, un grupo de legisladores, militantes y dirigentes del Frente Amplio tiene previsto presentar en Fiscalía una denuncia por la divulgación de los audios. Pretenden que se tomen medidas “cautelares” (como bajar de Internet la emisión de ese programa) y eventualmente “reparatorias”, precisó la diputada Micaela Melgar.
“Más allá de las acciones [de oficio] de Fiscalía, que aplaudimos, queremos que se analice el hecho de haber difundido esos audios en un horario de protección al menor y si se puede tipificar violencia mediática”, dijo Melgar a Búsqueda. Hasta la tarde del miércoles se habían recolectado unas 30 firmas, todas de representantes frenteamplistas. “La denuncia está abierta, pero no hubo ninguna reacción ni interés de otros partidos”, agregó.
La Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) emitió un comunicado en el que cita su Código de Ética, que pide a los profesionales evitar en las coberturas “detalles escabrosos”, testimonios que “revictimicen” a los afectados y “ser respetuosos del dolor ajeno”.
El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, también se expresó sobre el tema. En un hilo de tuits escribió que si la grabación arroja “elementos claves” para esclarecer un hecho, “es del mayor interés social y, por lo tanto, periodístico”, y no divulgar su contenido sería “una falta a la ética profesional”.