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Concluido el proceso electoral del que Luis Lacalle Pou emergió como futuro presidente, las calificadoras de riesgo fijan la mirada en las acciones que planea tomar su gobierno. Fitch Rating ratificó el lunes 2 el enfoque algo escéptico que planteó su analista principal para Uruguay, Todd Martínez, a mediados de octubre en Búsqueda(Nº 2.042): “Tenemos una visión cauta sobre la medida en que el déficit podría bajar por una recuperación económica. (…) La rigidez presupuestaria representa un desafío para cualquier gobierno, y por eso estaremos prestando mucha atención al detalle y factibilidad de los recortes que pretenden lograr algunos candidatos”.
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En el análisis que publicó esta semana, Fitch reforzó ese mensaje. “El nuevo gobierno de Uruguay enfrenta el desafío de reducir un gran déficit fiscal” en un contexto de “bajo crecimiento” económico. En ese sentido, estabilizar la carga de la deuda “pondrá a prueba” la capacidad de la futura administración para tomar medidas “decisivas y creíbles”. Y la “composición ideológica diversa” de la denominada “coalición multicolor” liderada por Lacalle Pou podría “obstaculizar reformas ambiciosas”, con Cabildo Abierto como potencial fuente de “fricciones” internas.
El presidente electo consideró inapropiado ese tipo de apreciaciones de corte político por parte de Fitch. En declaraciones a Radio Sarandí, ayer miércoles 5 dijo que la agencia “lo que hace es desconfiar” y parte de una “premisa muy arriesgada”.
El análisis de Fitch fue divulgado pocos días después de conocido el dato fiscal a octubre, publicado por el Ministerio de Economía el 29 de noviembre. El déficit global anual, que había superado los US$ 3.000 millones en agosto y setiembre, bajó a US$ 2.371 millones en los 12 meses a octubre, en parte al reducirse los pagos de intereses tras la última operación de canje y recompra de bonos. Como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), el descenso fue de 4,8% a 4,5%, calculó Búsqueda. Esas cifras incluyen los ingresos extraordinarios por la desafiliación de las AFAP de los llamados “cincuentones”; si no se contabiliza ese dinero —que en algunos años deberá ser devuelto en pasividades—, el desequilibrio fiscal se amplió a US$ 1.877 millones (3,3% del PBI).
El ajuste
Para Fitch, será necesario un ajuste fiscal equivalente a 2,5% del Producto para volver a poner la deuda pública en una trayectoria de sostenibilidad.
En su informe señala que “el nuevo gobierno se comprometió a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, pero esto podría ser difícil. Los recortes de gastos prometidos de US$ 900 millones (1,6% del PBI) han enfrentado cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación. La reforma de la seguridad social, aunque se entiende ampliamente en todo el espectro político como necesaria, podría tomar tiempo para ser negociada y mucho más tiempo para generar ahorros. Incluso entonces, estos ahorros solo permitirían estabilizar el gasto en lugar de reducirlo y contribuir al abatimiento del déficit”.
Además —agrega—, parte de la agenda de crecimiento económico que impulsaría el futuro gobierno (por ejemplo, la baja de las tarifas públicas) podría “entrar en conflicto, hasta cierto punto”, con el propósito de una “consolidación fiscal”. Fitch espera que la economía uruguaya crezca 0,3% en 2019 y 1,5% en 2020 a medida que avance la construcción de la nueva planta de celulosa de UPM y otros proyectos de infraestructura. Más allá de esto, las perspectivas parecen “silenciadas después de una dramática contracción” del 32% en la inversión desde 2014 (incluso mayor que en Brasil), advierte.
