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Con la pandemia de Covid-19 en repliegue, los análisis empiezan a poner foco en evaluar los resultados de ciertas medidas de mitigación de impactos adoptadas por los gobiernos. En el caso de Uruguay, mecanismos como la flexibilización del subsidio por desempleo todavía vigente produjeron resultados positivos, según recientes consultorías hechas para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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Frente a esta crisis, en la región “prevalecieron las medidas de asistencia social, fundamentalmente a través de las transferencias monetarias no contributivas, y las medidas de seguridad social tuvieron un peso relativamente bajo, aunque algunos países crearon o adaptaron sus instrumentos de protección social contributiva buscando proteger el empleo”, como Uruguay y Chile, que “en el punto de partida contaban con sistemas de protección social desarrollados”. En el caso uruguayo, a través de la flexibilización del seguro de desempleo, las primeras cifras “luego de los momentos álgidos de la pandemia sugieren buenos resultados”, afirma la economista Verónica Amarante en uno de esos documentos que busca extraer “aprendizajes” para América Latina y el Caribe.
Para los países de la región, la información de las encuestas de hogares en siete países presentada en Cepal muestra que el índice de Gini hubiera aumentado en 2020 en promedio 4% respecto a 2019, pero las transferencias de los gobiernos permitieron que la suba fuera del alrededor de 1%. Es decir, las medidas de política pública en la región no revierten el aumento de la desigualdad de ingresos —como parece haber ocurrido en los países europeos en 2020— pero sí lo mitigan considerablemente, señala esa consultora uruguaya. Cita estudios específicos para Argentina y Uruguay con similar efecto paliativo o atenuador de ese incremento de la inequidad a raíz de la crisis por el Covid.
En un nuevo estudio, Amarante analizó en particular las modalidades especiales de “seguro de paro” creadas por la administración de Luis Lacalle Pou frente a la pandemia. Bajo el régimen vigente desde marzo del 2020 para los trabajadores mensuales dependientes que se encuentran en una situación de suspensión parcial de actividades, el Banco de Previsión Social (BPS) les paga un subsidio correspondiente al 25% del salario. “El seguro de desempleo ha operado en el Uruguay como una herramienta muy relevante para contener los efectos de la crisis del Covid-19”, afirma la consultora. Añade que el perfil de los destinatarios tuvo algunos cambios en 2020: tendieron a ser más mujeres, residentes de Montevideo y trabajadores sin carga familiar, presumiblemente más jóvenes.
En términos de erogaciones, lo destinado al seguro de desempleo en el primer año de la emergencia sanitaria en Uruguay fue, en valores reales, 117% mayor que lo destinado en 2019 y un monto equivalente a 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), conforme con estimaciones de la propia Cepal. “Se trató por lo tanto de una política que concentró parte muy importante de los esfuerzos destinados a enfrentar la crisis socioeconómica” provocada por la pandemia, resalta Amarante: fueron 33% de los recursos provenientes del Fondo Covid-19, frente al 18% que significaron las transferencias monetarias a hogares más pobres, por ejemplo, a través de programas como la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y las Asignaciones Familiares-Plan de Equidad (Afam-PE).
Así, en el caso de Uruguay, a diferencia de otros países de la región, “las principales respuestas frente a la crisis socioeconómica se han desarrollado a partir de mecanismos contributivos, ya sea la protección de los trabajadores formales a través del seguro de desempleo, o la garantía de cumplimiento con las obligaciones previsionales, a través de los fondos destinados a BPS para cubrir la caída de la recaudación. No hay todavía análisis disponibles sobre los impactos de las distintas medidas a lo largo de la distribución del ingreso que ayuden a comprender mejor los impactos diferenciales de estos esfuerzos fiscales”.
“Tanto la flexibilización del seguro de desempleo en el Uruguay como la Ley de Protección al Empleo (en Chile) han constituido respuestas efectivas para enfrentar la emergencia sanitaria haciendo uso de los mecanismos contributivos”, resume.
Transferencias monetarias
Amarante, directora hasta hace algunos meses de la oficina de la Cepal en Montevideo, coordinó otra consultoría que también acaba de ser publicada, en este caso referida a los programas de transferencias monetarias TUS y Afam-PE. Sus autores, Martín Lavalleja y Victoria Tenenbaum, abogan por introducirles “algunos ajustes relacionados con los procesos de ingreso, recertificación de la información y de egreso de los beneficiarios”, para dotarlos de más eficiencia.
Los recursos invertidos en estos dos programas representan anualmente el equivalente a casi medio punto porcentual del PBI: 0,33% en el Afam-PE y 0,15% en el TUS. Esta asistencia fue reforzada durante la pandemia.
En el caso de Afam-PE, los beneficiarios acceden realizando una declaración jurada en las oficinas del BPS o a partir de una visita domiciliaria por parte de un equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cuando por ejemplo se solicita una TUS. Por su lado, la TUS se tramita únicamente por visita previa. Ambos programas no establecen plazos para la recertificación de la información socioeconómica de los hogares, que se realiza fundamentalmente a partir de visitas domiciliarias. Estas, “sujetas a la disponibilidad de recursos humanos y materiales para llevarse a cabo”, disminuyeron en los años recientes, constató la consultoría.
Como recomendaciones para ambos programas, Lavalleja y Tenenbaum plantean que resulta “indispensable que las excepciones al criterio de ingreso general, que en general están correctamente fundamentadas, sean reglamentadas por un decreto y acompañadas por un protocolo”.
También sugieren unificar los mecanismos de acceso a todas las transferencias por medio de una sola declaración jurada de la información, para evitar inequidades.
Asimismo, recomiendan establecer criterios respecto a los plazos para la recertificación de la información una vez que el hogar es beneficiario de estos programas. En la actualidad, la fecha de la información socioeconómica de los hogares difiere “sensiblemente”, apuntan.
Y además de “garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo una cantidad de visitas anuales suficientes para mantener la calidad de la información”, entienden que se precisa continuar mejorando los sistemas de información provenientes de registros administrativos que ya posee el Estado.
