En respuesta a cuestionamientos opositores por tener que “pasar a pérdida” créditos concedidos a una treintena de cooperativas de autogestión obrera, creadas para preservar fuentes de trabajo de empresas quebradas, dirigentes del MPP han revelado que en los últimos 20 años el Banco República (Brou) pasó a pérdida créditos por más de U$S 600 millones, concedidos mayoritariamente a empresas de mediano o gran porte, algunas de las cuales dieron quiebra (Búsqueda Nº 1.911).
Para los dirigentes del MPP el hecho de que la oposición denuncie y quiera investigar ahora las pérdidas ocasionadas al erario público por el no pago de dichos créditos, cuando en el pasado no se preocuparon por pérdidas de mayor cuantía, muestra que hay “una motivación política” detrás de las críticas, que atribuyen a “una cuestión de clase latente”.
Según lo publicado, la información reunida por legisladores del MPP es un insumo para la defensa que el ex presidente de la República y actual senador José Mujica realizará respecto de lo actuado por el Fondo de Desarrollo (Fondes), gestado durante su mandato con el fin de apoyar financieramente “proyectos productivos” de autogestión “viables y sustentables”.
El Fondes inició sus actividades en 2012 gestionado por una unidad técnica de Presidencia (OPP) a cargo de economistas mujiquistas. Hasta fines del 2015 concedió préstamos, asistencia técnica y bienes de activo fijo a una treintena de proyectos productivos por U$S 68,7 millones.
A poco de asumir la presidencia Tabaré Vázquez reformuló su operativa ante el ya evidente fracaso de algunos de los emprendimientos apoyados. Para ello encomendó al Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) la gestión de la cartera anterior y el financiamiento de nuevos proyectos productivos, asignando a la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE) la administración de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas.
El titular de Inacoop, el ex diputado socialista Gustavo Bernini, ha reconocido que entre 60% y 70% del capital prestado a ocho o nueve de esas empresas deberá ser pasado a pérdida ante la imposibilidad de cobrar esos créditos. En algunos casos porque esas cooperativas dejaron de operar. A fines de marzo se anunció que se pedirá el quiebre de la aerolínea Alas U, otra de las empresas que recibieron financiamiento del Fondo, de efímera vida.
En el Parlamento el Frente Amplio rechazó la propuesta opositora de crear una comisión investigadora sobre la gestión del Fondes. Negada esa instancia, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi anunció que corresponderá a los Tribunales determinar quién deberá “responder patrimonial y judicialmente” por el “mal manejo de fondos públicos” que supone la “concesión irregular de préstamos millonarios”.
Dirigentes del MPP replican que los históricos “clavos empresariales” que debió afrontar el BROU nunca motivaron “campañas políticas” ni se consideraron “pérdidas del capital público”, por lo que sostienen que “la opacidad y falta de interés en investigar y publicitar estas deudas solo es explicable por una tolerancia de clase”.
Consideran que “cuando las deudas son con el Fondes, cuando los que tienen dificultades son trabajadores, sobran investigadoras, críticas y denunciantes”, no “corre el secreto bancario”, porque “lo que está en el fondo del debate es la crítica ejemplarizante y aterradora contra la economía social”.
Sostienen, por otra parte, que al cuestionar el accionar del instrumento de apoyo a los proyectos productivos de autogestión, “no se midió para nada los retornos que por otras cajas obtuvo el Estado, como ser las facturaciones de IVA, los aportes a la seguridad social, IRPF, intereses por cuentas de combustibles y energía, más impuestos entre otras cosas”.
Como en una partida de póker, Mujica y el MPP han decidido doblar la apuesta.
La controversia planteada generaría un debate interesante si no fuera porque su politización no permitirá llegar a mayores conclusiones y, menos aún a determinar responsabilidades penales y patrimoniales. Y que, al final del día, como tantas otras discusiones políticas, quedará en agua de borrajas.
Entre otras razones, porque muchas veces el fracaso de una empresa se explica por la pérdida de oportunidades comerciales debido a cambios inesperados, imposibles de prever, consecuencia de políticas nacionales o de nuevas coyunturas económicas regionales o mundiales. Razonamiento que aplica tanto para los viejos “clavos” que quedaron en el Brou como al desfonde del Fondes.
Para el mujiquismo, el Fondes, esa “velita encendida al socialismo”, fue parte del proyecto político de construcción de poder desde la estructura del Estado, de poder avanzar en la socialización de medios de producción. Por ello, ante el quiebre de empresas que abandonaban su equipamiento industrial, tenía lógica alentar la creación de experiencias autogestionarias que explotaran esos medios de producción.
Si la concesión de créditos fue decidida tras estudios serios sobre la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos productivos o si fueron consecuencia de voluntarismo político, es algo que siempre será discutible.
No lo ha sido el caso de Alas U, verdadera fantasmada. Porque nadie pudo pensar seriamente que sería un emprendimiento “viable” y muchos menos “sustentable” en el tiempo. Solo se entiende como un intento de disimular el desastre del intempestivo cierre de Pluna y de la escandalosa parodia de la subasta de los aviones, a la vez que evitar la agitación del personal cesante de la aerolínea. Una farra que entre el seguro de paro extendido y el crédito del Fondes tuvo un costo de U$S 24 millones.
Es cierto que por otras cajas (BPS, DGI, etc.) el Estado ha tenido ingresos que disminuyen algo la pérdida. Pero lo verdaderamente relevante es discutir si los recursos otorgados a Alas U y a otras empresas autogestionadas no habrían tenido un resultado económico y socialmente más eficiente. Entre otras razones, porque al fin y al cabo las empresas apoyadas por el Fondes son apenas esfuerzos de sobrevivencia, de mantenimiento de fuentes de trabajo.
Claro, si se lo compara con el enorme despilfarro de recursos públicos que hubo —y sigue habiendo— en Ancap, resulta cambio chico.
Es cierto que históricamente empresas de mediano y gran porte dejaron importantes “clavos” en las finanzas del Brou, consecuencia de decisiones en las que pesaron el relacionamiento social, el amiguismo político y cierta laxitud en las evaluaciones de la administración.
Es cierto también que muchos de esos “clavos” dejados al Brou no merecieron campañas de opinión pública ni pedidos de investigaciones parlamentarias. Pero la izquierda y los sindicatos no dejaron de denunciar por todos los medios a su alcance el mal manejo de recursos públicos, el amiguismo, los presuntos casos de corrupción, el abuso de poder de los gobernantes.
Ahora bien, que ello haya sido así en el pasado, no justifica —ni legitima— desaciertos, decisiones improvisadas o voluntaristas de hoy o de mañana. Pretender defenderlas en virtud de lo que otros hicieron en el pasado, es recurrir a malas artes, revela que no se tiene mejores argumentos de defensa. Supone, finalmente, asumir que nada cambiará, que todo seguirá igual en el futuro.
La invocación de la defensa del interés popular, del interés de clase, para legitimar decisiones políticas conduce a justificar cualquier cosa. Es la única razón de los apoyos que sigue recibiendo hoy el régimen venezolano.
