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El anuncio, en el Día de los Trabajadores de 2018, tuvo reacciones diversas. El entonces ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó en cadena nacional que su cartera pretendía impulsar un “fondo de garantías laborales para la insolvencia patronal”, un mensaje que en el PIT-CNT se gritó como un gol mientras los empresarios ya planteaban sus reparos, que luego se convertirían en un rechazo al proyecto. Aunque hubo dudas acerca de cómo se financiaría, el Parlamento lo aprobó antes de que finalizara el año. A casi tres años de su creación, el instrumento ha ido acumulando dinero —aportado por los patrones del sector privado— y usó casi el 12% de los recursos para pagarles a los asalariados que no pudieron cobrarle las deudas laborales cuando la empresa en la que trabajaban cerró.
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El fondo de garantía de créditos laborales comenzó a recaudar en febrero de 2019. Hasta el mes pasado tenía en su cuenta $ 242.968.516 (unos US$ 5,6 millones), según datos —a los que accedió Búsqueda— del Banco de Previsión Social (BPS), su administrador. Se integra con un monto aportado por el patrón, equivalente a 0,025% de las partidas que le corresponde percibir al trabajador.
El sector empresarial que más ha aportado al fondo es el identificado por el BPS como “Industria y comercio”, con un total de $ 179.745.527; el rural contribuyó con $ 15.669.641, la construcción con $ 14.203.647 y quienes son empleadores de personal doméstico con $ 6.655.829. También hubo aportes del sector financiero (contribuyentes a la Caja Bancaria) por $ 11.366.567 y escribanos (aportantes a la Caja Notarial) por $ 124.524.
A su vez, desde febrero de 2020 hasta setiembre de 2021 el fondo de insolvencia patronal pagó $ 28.458.656 (US$ 654.000 aproximadamente), cerca de 12% de los recursos con que contaba.
Los beneficiarios son los trabajadores de la actividad privada que están amparados por el BPS, y las cajas Bancaria y Notarial para cobrarse los créditos laborales impagos por la insolvencia de una empresa, siempre que la Justicia lo verifique. El BPS abona el monto en una única vez, al contado, y con un tope de 105.000 unidades indexadas a la inflación (unos $ 536.109 actualmente).
Dinero “suficiente”
Por la cantidad de dinero que ha recaudado, en el sector empresarial pretenden que, al menos por un tiempo, los empleadores dejen de aportar ese 0,025%. “Ya hay un fondo suficiente. Cuando veamos que comienza a bajar, se comienza de nuevo el cobro”, dijo a Búsqueda el director del BPS en representación de las empresas, Javier Verdino. Remarcó que se siguió aportando durante la etapa más crítica de la pandemia de Covid-19, que fue el “peor período a nivel empresarial”. Entre marzo del 2020 —cuando se declaró la emergencia sanitaria— hasta octubre pasado, el fondo recaudó $ 148.487.415.
Este fondo “tiene un fin específico”, pero hay “algunas experiencias” en las que el dinero se utilizó para “otro fin”, dijo Verdino. Hizo referencia al Fondo de Reconversión Laboral administrado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que durante años acumuló recursos pero tuvo muy baja ejecución.
“La solución podría ser la suspensión del cobro” hasta llegar a “valores normales”, comentó el representante empresarial en el BPS. Ese planteo tiene el impulso de la Cámara de Industria, comentó. Aclaró que la intención no es eliminar el fondo, sino retomar los aportes cuando esté “en una cifra de $ 7 millones u $ 8 millones”. Explicó que desde que existe el fondo, solo en un mes se destinaron más de $ 2 millones para pagarles a beneficiarios. Por esto, Verdino entiende que si se suspende el aporte por un tiempo “no hay nada” que haga “peligrar” el dinero acumulado.
Flexibilizaciones
Una suspensión del aporte al fondo como la que plantea Verdino requeriría una modificación de la ley o de su decreto reglamentario. Este es un tema que, si bien no ha estado en la agenda del Ministerio de Trabajo, en la cartera consideran necesario estudiar, dijo a Búsqueda su titular, Pablo Mieres.
Es un fondo que “no se ha usado prácticamente nada” reconoció el ministro. “Tiene requisitos y condiciones que no son fáciles de cumplir”, señaló. Verdino, en cambio, no cree que los requerimientos sean “demasiado exigentes”.
Mieres recordó que durante la pandemia en la cartera analizaron recurrir una única vez a este fondo, cuando una empresa pequeña que cerró “no asumió las responsabilidades” y no “había forma” de que los trabajadores cobraran lo que les correspondía. Ahí “vimos que cumplir con los requisitos para utilizar el fondo eran bastante complicados”, dijo el ministro. Sin embargo, lo consideró “un instrumento más” que “hay que tener en la mira ante situaciones que puedan ocurrir”.
Consultado sobre si la cartera prevé flexibilizar su acceso, Mieres contestó: “Hay que estudiarlo. Hay que ver de qué manera hacerlo más fácil”.
