Durante meses abogados de varios estudios jurídicos habían preparado el tablero para lograr de manera reservada que Tenor Capital Management, un fondo especializado en llevar adelante reclamos millonarios, se quedara, a través de empresas vinculadas, con el control de las acciones de Larah, según documentos incluidos en los Pandora Papers que analizó Búsqueda.
Termina mal
“Las cosas que empiezan bien, se desarrollan y culminan bien”, dijo Danilo Astori. Era 2007 y el entonces ministro de Economía estaba en la mitad de la conferencia de prensa en la que el gobierno uruguayo anunció una nueva vida para la aerolínea de bandera nacional: la llegada de Leadgate como socio mayoritario de la compañía, con el 75% del paquete accionario, a cambio de una inversión de más de US$ 170 millones.
Pluna, creada en noviembre de 1936, vivió un momento crucial cuando en agosto de 1994 se constituyó Pluna Sociedad Anónima, con el objetivo de que ingresaran inversores privados a la empresa. Casi dos años después, en junio de 1996, la brasileña Varig se hizo cargo de la gestión de la aerolínea de bandera uruguaya con una participación accionaria del 49%. El resto de las acciones quedó en manos del Estado uruguayo (48,69%), de los hermanos Mesa (2%) y de los funcionarios (0,31%).
En esos casi 10 años, el Estado debió capitalizar a la empresa mixta con unos US$ 74 millones. En junio de 2005, acuciada por las deudas, Varig entregó la gestión de Pluna al Estado, al tiempo que comenzó un proceso de negociación para vender las acciones que le pertenecían.
La llegada de Leadgate le dio aire a Pluna por unos pocos años más, aunque no logró ser rentable. El 5 de julio de 2012, el gobierno liderado por José Mujica decidió que dejara de volar y la presentó a concurso de acreedores.
El cierre de Pluna tuvo varias derivaciones penales. El remate frustrado de sus aviones derivó en la condena por el delito de abuso de funciones del exministro de Economía Fernando Lorenzo y del expresidente del Banco República Fernando Calloia. Además, los titulares de Leadgate, Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde fueron procesados en diciembre de 2013 por reiterados delitos de estafa por su participación en la quiebra de Pluna a través del control de Leadgate SA, aunque esa causa sigue su recorrido lento por los juzgados locales.
En diciembre de 2016 la Justicia cerró el proceso de concurso de Pluna Sociedad Anónima con una resolución de la jueza Sylvia Rodríguez, que no recibió objeciones de ninguno de los actores públicos y privados. El acuerdo implicaba el pago de cerca de US$ 66 millones entre más de 200 acreedores (Búsqueda Nº 1.898).
El Estado uruguayo todavía está pagando en cuotas una deuda contraída por Pluna con el ScotiaBank de Canadá para comprar siete aviones Bombardier, los que intentó vender en la subasta. De acuerdo con un informe del programa Punto de Encuentro, de radio Universal, en junio la deuda todavía supera los US$ 28 millones, que se cancelarán por completo en 2023.
Préstamos
El desenlace de Pluna ha sido un dolor de cabeza para las autoridades uruguayas a lo largo de una década. También es una oportunidad de negocios para algunos.
En el comunicado que difundió en octubre de 2018, la compañía de inversiones panameña Caballero Verde anunció que desarrolló “una serie de transacciones” a lo largo de los nueve meses previos para comprar todas las acciones de Larah, la sucesora de la también panameña Leadgate.
Con sus nuevos accionistas al mando, Larah ingresó formalmente en 2019 una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La empresa argumenta que el Estado le produjo daños económicos cuando decidió liquidar Pluna y se ampara en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Uruguay y Panamá en 1998, según surge de la información publicada por el Ciadi en su página de Internet.
Los documentos analizados por Búsqueda, en su mayoría borradores de contratos y resoluciones de las compañías elaborados por el bufete panameño Alemán Cordero & Galindez, indican que todos los fondos detrás de Caballero Verde, la empresa al frente del litigio contra el Estado Uruguayo, eran “manejados” por Tenor Capital Management.
Ese fondo norteamericano tiene antecedentes en temas de demandas internacionales. Financió el juicio que la minera canadiense Crystallex le ganó en 2018 al gobierno de Venezuela por US$ 1.200 millones.
Los Pandora Papers, una investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, incluyen documentos que dan detalles de cómo Tenor Capital Management logró quedarse con la mayoría de las acciones de Larah previo a iniciar la demanda.
El esfuerzo, que comenzó en 2017, implicó que Green Knight (Caballero Verde en inglés) le hiciera un préstamo de US$ 14,5 millones a la panameña Caballero Verde. El presidente de Caballero Verde es Daniel Kochav, socio de Tenor Capital Management desde 2005.
El dinero debía ser usado para conseguir todas las acciones de Larah y también para financiar los gastos de un futuro juicio con el Estado uruguayo por el cierre de Pluna, de acuerdo con los documentos analizados por Búsqueda.
Parte de esos millones sirvieron para comprar acciones que estaban en poder de las sociedades anónimas Hobes (US$ 5 millones) Selvino y Tigership (por un total de US$ 1,5 millones). Mientras, la empresa Jazz vendió su parte en 2018, después de que su participación del 15% fuera “diluida” por la decisión de Larah de emitir nuevas acciones y que la canadiense no adquirió ninguna.
En cuanto al financiamiento del juicio contra el Estado, el acuerdo comprometía a que la demandante tuviera reservas en efectivo nunca inferiores al US$ 1 millón.
Objetivo
Los Pandora Papers indican que Caballero Verde tenía, al menos hasta 2018, dos accionistas: Green Knight (66,57%) y Senes Capital International LLC (33,43%).
A su vez, en Caballero Verde funcionaría un comité asesor de cuatro miembros, dos representando a cada compañía accionista. Entre las funciones principales de ese comité estaba definir si aceptar o no una eventual propuesta para saldar el reclamo presentado a Uruguay.
En dos documentos analizados por Búsqueda se establece que cualquier decisión de saldar la demanda internacional necesitaría el voto de al menos dos miembros del comité, lo que debía incluir al menos a un representante de cada accionista. Si no llegaban a un acuerdo, se abriría un proceso de negociación. La aprobación, en cambio, sería automática si el monto a recibir por la demandante era “igual o superior a US$ 250 millones”. Según ese documento, Green Knight recibiría el 66,57% de lo obtenido.
Búsqueda intentó consultar a Tenor Capital Management sobre si, como surge de los Pandora Papers, esos US$ 250 millones eran “lo mínimo” que esperaba recibir de ese litigio y si ese objetivo, planteado previo a iniciar la demanda, todavía estaba vigente, pero no recibió respuesta a las preguntas. Búsqueda también contactó al estudio uruguayo Ferrere, que comparte la representación del demandante junto con los bufetes internacionales Freshfields Bruckhaus Deringer y Dechamps International Law, pero replicó que no iban a hacer comentarios.
El Ciadi informa en su página web que el último movimiento del juicio fue en agosto, cuando el tribunal creado para dirimir el conflicto ordenó a las partes la “producción de documentos”.
