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Sin unanimidades pero con una mayoría afín a la propuesta que llegará desde su Mesa Política, el Frente Amplio se apresta a definir el sábado 2 de setiembre su política de alianzas electorales, en un Plenario Nacional que tendrá a estudio un par de textos elaborados por una comisión asesora del Ejecutivo.
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Aunque no estaba en el orden del día, el tema ya había sido discutido durante un plenario, el 15 de julio, en el que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, propuso denominar al eventual bloque electoral “Encuentro por Uruguay”. Sin embargo, la discusión quedó en suspenso a la espera de un siguiente encuentro y de los insumos encargados a la Mesa Política.
Los documentos elaborados por la comisión asesora contienen modificaciones respecto de los textos que ya habían circulado en la interna de la coalición de izquierda. Esos ajustes reflejan cambios de posición en la dirigencia sobre algunos puntos y un refuerzo de su posicionamiento en otros.
La comisión eliminó de su documento sobre alianzas la idea de buscar en su formulación electoral “la mejor forma de reflejar” la “pluralidad política”. Ahora el texto final de la comisión resolvió que la presentación “jurídico electoral” de la eventual alianza se realizará, sin más, “bajo el lema Frente Amplio”. Añade que “aquellos candidatos comunes bajo dicha alianza, sean o no frenteamplistas”, deberán asumir el “compromiso posible” de llevar adelante el programa de dicha fuerza política y de garantizar la unidad de acción.
Se espera que el texto sea aprobado en el plenario del 2 de setiembre pero no por unanimidad, dado que el Partido Socialista ha señalado que la propuesta debería considerarse recién una vez que la fuerza política apruebe su programa de gobierno en el congreso previsto para diciembre.
Al otro documento trabajado por la comisión asesora del Frente Amplio y que estará a estudio en el Plenario —llamado Criterios a discutir y resolver por el FA y acordar los candidatos/as— se le agregó un mecanismo para ratificar la fórmula presidencial. Si bien el texto en su versión anterior ya anunciaba que la fuerza política resolvería la candidatura a la vicepresidencia en diálogo con el candidato o la candidata y asegurando una composición “paritaria”, la nueva redacción establece además que será la Mesa Política, por una mayoría de dos tercios, quien tomará la resolución formal. El objetivo de que la decisión sea por mayoría especial busca “promover un amplio acuerdo para la definición”, según el documento. Este mecanismo, establece, solo regirá para el proceso electoral de 2024.
A su vez, la nueva versión del documento eliminó un fragmento que estaba en su versión inicial y en el que se habilitaba a quien fuera candidato a generar “recursos propios extraordinarios” financieros, “para complementar el financiamiento que la estrategia de campaña demande, debiendo recibir el apoyo del Frente Amplio”.
El documento anterior establecía que el candidato a la presidencia debía comprometerse a que quienes accedieran a cargos de responsabilidad de su gobierno cumplieran con los aportes económicos resueltos por la fuerza política. La versión final agrega que el eventual mandatario también deberá velar porque los jerarcas designados sigan los “lineamientos establecidos para la conducta ética en la función pública” de la fuerza política.
Al texto se le agregó un último numeral que expresa que la relación entre el Frente Amplio y el próximo gobierno (en caso de ganar las elecciones) estará “articulada” por el “marco político”, un documento aprobado en un plenario nacional del 19 de abril de 2004, llamado Fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales. Esto supone “asumir los márgenes de autonomía relativa entre gobierno y fuerza política, respetando el adecuado equilibrio entre la función de orientación global que ejerce la fuerza política y la necesaria autonomía de gestión que debe existir para gobernar automáticamente”. Ese documento estructura dicha relación con base en “tres pilares”: “autonomía, coordinación y responsabilidad”.
Según explicaron fuentes de la comisión a Búsqueda, ese último agregado, cuya inclusión busca ratificar la “vigencia” de dicho marco político, es tanto una respuesta a las interrogantes de algunos dirigentes sobre cómo debería ser ese relacionamiento, como a lo ocurrido en el último gobierno del Frente Amplio, cuando el gobierno se “tragó” a la fuerza política y desvirtuó su peso político.
Revisión de listas
El Frente Amplio también avanza en el debate de una reglamentación para que exista un mayor control de las listas y agrupaciones que participan de la contienda electoral. La Mesa Política del 14 de agosto aprobó la modificación de una resolución que había sido votada hace 10 años, pero se desglosaron dos puntos que hacían referencia a agrupaciones nuevas para que sean analizadas por la Comisión Jurídico Electoral del Frente Amplio. En concreto, los puntos establecían que cada adherente pudiera respaldar con su firma la presentación de solo una lista y que a la hora del registro de dicha lista, el adherente debiera tener al menos dos meses de antigüedad.
