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Las plataformas como Airbnb y Booking son el “karma” de la hotelería y se debe “regular el flagelo” de estas aplicaciones, por donde se ofrecen habitaciones o apartamentos que no cumplen las exigencias de los hoteles. “Las grandes corporaciones aprovechan un nicho de mercado” que hoy carece de reglas, opinó Julio Facal, asesor legal del Ministerio de Turismo (Mintur), en un congreso del sector el jueves 19, en Punta del Este.
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Hay una “necesidad de un marco legal ante el informalismo”, dijo este abogado, que trabajó en la redacción de un proyecto de ley —que no es “traumático”— para regular el arrendamiento de estas viviendas turísticas, como tienen otros países. Es una regulación que apunta a “la jerarquización de las viviendas turísticas” y que forma parte de un viejo reclamo de las cámaras de empresarios del turismo, planteó.
El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo a Búsqueda que en su cartera tienen un “compromiso y una decisión política tomada” de avanzar en la aprobación del proyecto de ley que en las próximas semanas se enviará a Presidencia para que luego llegue al Parlamento.
El jerarca agregó que la iniciativa diferenciará aquellos propietarios de apartamentos que lo alquilan durante todo el año con los servicios de hotelería incluidos —que “no son una vivienda” sino un “hotel o un aparthotel”— de aquellos propietarios que alquilan por algunos días para “pagar sus tributos”. Según Viera, es “muy injusto” que los primeros compitan con “quienes pagan impuestos”. En ese sentido, aseguró que “la ley va a definir lo que es una vivienda comercial de uso turístico y las exigencias para emparejar las situaciones más allá de la plataforma que se use para alquilarlo. Nosotros no vamos contra las plataformas, sí contra quienes están compitiendo” sin que exista una regulación.
El ministro afirmó que las cámaras de operadores inmobiliarios y de hoteleros se quejan “con mucha razón” de la informalidad de esas viviendas y mencionó datos que le aportó el Centro de Hoteles de Punta del Este: hace unas semanas, los establecimientos del balneario tenían disponibles 1.700 camas, mientras que a través de Airbnb se encontraban 6.000 lugares.
Esa gremial de Maldonado contrató una plataforma española para hacer estudios sobre el mercado. Otro de los datos que arrojó es que a través de Airbnb se vendieron US$ 8 millones de alojamientos en enero y febrero pasado entre Punta Ballena y José Ignacio. “Si la renta es del 30%, el Estado dejaría de ganar US$ 2,4 millones”, interpretó una fuente del sector.
Categorización
El borrador del proyecto de ley —al que accedió Búsqueda— define las viviendas turísticas como aquellas que ofrecen el servicio en más de cinco ocasiones al año por un tiempo total superior a tres meses. Dentro de esa categorización están incluidos los apartamentos, estudios, bungalows, chalets o “cualquier otro tipo de inmueble” que se ofrezca en “canales de ofertas turísticas” y que puede ir acompañado por servicios complementarios.
El texto establece que los administradores que intermedien en más de una propiedad “de forma habitual” deberán registrarse como inmobiliaria turística. Los alojamientos que queden definidos como viviendas turísticas se regirán de acuerdo a la Ley de Regulación de la Actividad Turística, de 2014, como el resto de las actividades comerciales del sector. Los propietarios deberán inscribirse en el registro de operadores del Mintur como “viviendas de uso turístico y empresas extrahoteleras”, y el número que se le asigne se deberá incluir en las ofertas que hagan, tanto físicas como electrónicas.
Además, los arrendadores de estas viviendas deberán informar al Ministerio del Interior un registro de la población “flotante”, un requisito que actualmente tienen que cumplir los hoteles pero no las viviendas que se alquilan.
El proyecto excluye de su aplicación a las viviendas que se arriendan por menos de tres meses; cuando el “motivo de intercambio” es educativo o cultural o cuando se ceda de forma gratuita; las que tengan autorizaciones ocasionales del ministerio o los gobiernos departamentales porque la capacidad hotelera de una ciudad está agotada; y los arrendamientos que se den en “baja temporada en zonas balnearias”.
La iniciativa propone que los gobiernos departamentales sean los competentes en autorizar el “uso turístico” de una vivienda y les da potestad para establecer las características que deberá tener la inscripción.
Las viviendas turísticas que no cumplan con la norma se considerarán como “actividad turística ilegal” y “las organizaciones más representativas del sector privado” podrán denunciar las situaciones “irregulares que se detecten”.
Precios bajos
Para el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, Alejandro D’Elía, una ley como la planteada por el Mintur le daría “protección” y “seguridad” al turista. “Esto es oferta y demanda, pero tener la igualdad de condiciones va a servir y ayudar a la competencia”, dijo el empresario a Búsqueda.
En Punta del Este hay “muchos alojamientos informales” que se alquilan a través de plataformas y, como el proyecto establece que debe haber un registro, habrá “datos más precisos e información más adecuada”, agregó.
Viera, en tanto, dijo que con las condiciones actuales “es muy difícil competir” y se estaría “derivando a la informalidad total”, lo que a su entender no sería conveniente ni para los turistas, ni para la industria ni para el Estado. La “competencia desleal”, a su vez, hace que los hoteles de mayor categoría “estén bajando sus tarifas”. Según él, “quienes irían a un cuatro o tres estrellas terminan” en uno de cinco. “La hotelería de dos y tres estrellas es la que más está sufriendo”.
