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    viernes 07 de junio de 2024

    Frente discute cambios a su protocolo ante la violencia de género para que incluya al ámbito privado y apueste a la rehabilitación

    Tras más de un año de trabajo, la comisión que trabaja en la actualización del protocolo propone ampliar el alcance de su aplicación y apostar a una respuesta “menos punitivista” y más “restaurativa”

    El Frente Amplio (FA) tiene un protocolo para actuar ante situaciones de violencia hacia las mujeres. Pero su ámbito de aplicación es el político: se pensó como una herramienta para erradicar la violencia de género en los espacios de militancia. Hoy ese instrumento, aprobado en 2020 para dar respuesta a las situaciones que denunciaban militantes y dirigentes, parece quedarse corto.

    Es por eso que tras más de un año de trabajo, la Comisión de Readecuación Normativa que trabaja en la actualización del protocolo plantea ampliar el alcance de su aplicación al ámbito privado. Esta es una de las varias modificaciones que proponen hacer al protocolo y que están reunidas en un borrador que ya circula entre los sectores y las bases del FA. El objetivo es mejorar y actualizar el instrumento para que dé mejor respuesta a las víctimas y a los denunciados, explicaron a Búsqueda integrantes de la comisión.

    “En los protocolos trabajás sobre escenarios hipotéticos y después está la vía de los hechos, las personas concretas y los casos concretos”, explicó la presidenta de la Comisión de Género del FA, Patricia González. Y son los casos concretos los que muestran las debilidades del instrumento, los espacios para repensar. Entre otras, la denuncia el año pasado de Martina Casás contra el diputado Gustavo Olmos, que dejó heridas en la interna de la fuerza y disconformidad por la forma en que fue tratada y resuelta, dejó en evidencia la necesidad de rediscutir y hacer ajustes.

    “Ya veníamos trabajando en un proceso de actualización porque sabíamos que había cosas que mejorar”, dijo González. “Y algunos procesos nos confirmaron esos problemas que veíamos”. El resultado del trabajo de la comisión es una propuesta donde hay “cosas que se afinan, cosas que se ajustan y cosas que se incorporan”, detalló. “Estamos en la fase de discusión interna entre las bases y los sectores, que son los que lo tienen que aprobar en un Plenario. Más allá de que necesitamos los votos, necesitamos tener acuerdos y por eso lo queremos discutir”, dijo. La idea es llegar a un documento que reúna los mayores consensos posibles, antes de someterlo a discusión y votación en el Plenario.

    “Un protocolo si no es entendido, si no hay una apropiación, si no hay formación, es difícil que funcione”, dijo Tatiana Antúnez, militante comunista e integrante de la comisión. “Por eso hemos sido muy cuidadosas en toda la discusión y en discutir cada coma del protocolo para llegar a los mayores niveles de consenso. Queremos arribar al mejor procedimiento que se pueda”, afirmó.

    Pedagogía y restauración

    Entre las principales novedades que plantea el proyecto de protocolo está el ampliar su alcance al comportamiento de militantes y dirigentes en el ámbito privado. Esta discusión tomó fuerza en la interna del Frente tras el caso, en 2022, del exdiputado comunista Gerardo Núñez, a quien la Justicia le impuso medidas cautelares de alejamiento por una denuncia de violencia de su entonces pareja. El asunto embretó al Tribunal de Conducta Política del Frente, ya que no había consenso sobre si podía o no intervenir, y terminó siendo saldado por el Partido Comunista, que tras una compleja discusión interna, acordó aceptar su renuncia a la banca. Desde entonces se comenzó a discutir la necesidad de que el protocolo del Frente se ampliara a los casos domésticos. “Las mujeres del Frente estamos pensando cómo hacer para que estas situaciones se encuadren dentro del protocolo”, declaró en ese momento la exdiputada y militante feminista Carmen Beramendi al diario El País.

    Esa idea, finalmente, se concretó en la redacción del nuevo protocolo que está en discusión. “Se incorpora la violencia de género en el ámbito privado”, confirmó Antúnez. “Esto no sustituye a la Justicia ni implica asumir el rol de investigar”, aclaró. Lo que se busca es que la conducta de sus afiliados en el ámbito privado respete los principios éticos y valores de la fuerza política, explicó.

    Un primer paso en esa dirección ya se había tomado el año pasado, al incorporar a los estatutos del Frente la definición del partido como “antipatriarcal”, tal como se había declarado en el Congreso Extraordinario Rodney Arismendi de 2016. De ese Congreso “emanó un documento de valores y principios que fue inspirador en el sentido de pensar cuál es la ética y conducta que nos define como frenteamplistas”, indicó Antúnez. Por eso se dejó sentado en los estatutos y por eso ahora se busca plasmar en un procedimiento concreto que permita una “lucha” efectiva contra la violencia de género, en todos los ámbitos.

    “La idea es incorporar cosas de la vida privada desde el punto de vista de la ética política de la izquierda”, explicó González. “Que se amplíe, que no quede solo supeditado a la violencia política. Por eso se modificó el estatuto, que es lo que rige la ética de los militantes y los dirigentes”, añadió.

    Si bien hoy el protocolo hace una referencia a situaciones de violencia de género en el espacio personal, lo define como un ámbito “subsidiario” y para los casos en los que existe condena de la Justicia. “La idea es que ya no sea una cuestión subsidiaria”, dijo Antúnez.

    Los cambios al protocolo apuntan, por otra parte, a que tenga una respuesta menos “punitivista” y más orientada hacia la “justicia restaurativa”. “Diría que es lo más innovador en términos de planteo político”, valoró González. “Hay que sancionar, sí, pero también hay que cambiar los espacios políticos. Y tenemos que ver cómo atamos este proceso a uno de formación y transformación de la cultura política”, añadió. Por eso, el nuevo protocolo da un mayor énfasis a la formación y a “lo pedagógico”.

    El objetivo es que en sus programas de formación el Frente Amplio incluya la educación en violencia política. Para dar herramientas a las mujeres y para que los hombres entiendan cuáles son los comportamientos no tolerados. “Hay una clara brecha generacional entre lo que se puede y no se puede hacer, lo que está permitido y lo que no. Estamos a ocho años de la ola del feminismo. ¿Qué pasó desde ahí hasta ahora? Cambió la vara. Y cambió mucho: para nosotras, no lo suficiente, para ellos, demasiado. Eso tenés que laburarlo”, dijo González.

    “Entendemos que hay una parte que tiene que ver con sentar nuevas bases pedagógicas y educativas para que muchas cosas que tenemos recontranaturalizadas y son violencia política dejen de pasar. Y eso pasa por algo más educativo”, agregó Antúnez.

    La actualización del instrumento plantea, a su vez, la necesidad de que haya equipos de “acompañamiento” para las personas que denuncian y para las denunciadas. Tanto para apoyar durante un período de impacto emocional y psicológico, como para lograr “procesos de aprendizaje”, en particular en los denunciados. “Los hombres tienen que poder aprender, entender. Que puedan pedir disculpas, que puedan moverse de lugar”, explicó González. Por eso es que el nuevo protocolo prevé incorporar soluciones que no se enfoquen solo en la sanción, sino también en la reparación y la rehabilitación. En este sentido, se prevé la concurrencia de los denunciados a talleres, por ejemplo.

    “Ese ejercicio de producir escenarios de transformación en una fuerza política de izquierda es muy importante”, afirmó González. “El acompañamiento es clave”, valoró. En el antes, el durante y el después.

    El nuevo protocolo busca también mejorar los mecanismos de recepción de las denuncias, y maneja como opción la creación de una comisión receptora que brinde asesoramiento a las personas que quieran reportar una situación. “No es un filtro”, aclaró González: su objeto será el de explicarle a la víctima qué puede hacer, cómo es el proceso, qué implicancias tiene. “No es decirle a la víctima que no denuncie porque es muy difícil. Pero alguien tiene que asesorarla sobre qué le va a pasar, cuáles van a ser las implicancias”.

    Vinculado a esto se plantea, también, brindar una mayor contención a las víctimas, dijo Antúnez. Además, se busca garantizar con mayor celo la reserva de denunciantes y denunciados. “Es central cuidar la exposición de las partes y evitar la revictimización”, afirmó.

    Asesoramiento y sensibilidad

    “Es importante que la persona se sienta segura al momento de denunciar”, dijo a Búsqueda Casás, consultada sobre su experiencia. En su caso, el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio consideró que no había pruebas de acoso sexual de parte del diputado Olmos, de Fuerza Renovadora, hacia ella, su suplente. Posteriormente el Plenario del Frente Amplio decidió respaldar el informe, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar su decisión si la Justicia —laboral o penal— comprueba una situación de abuso o acoso. A raíz de esa decisión, Olmos, que se había pedido licencia, volvió a ocupar su banca. Casás dejó el cargo y ya no milita en su sector.

    La exdiputada suplente subrayó que la violencia política es uno de los principales motivos que alejan a las mujeres de la militancia. Por eso destacó la importancia de que se mejore el protocolo y se den garantías a las víctimas. Por ejemplo, creando ámbitos donde puedan buscar asesoramiento y orientación. “Las personas muchas veces no están asesoradas, no conocen a cabalidad estatutos y protocolos. Además podés estar en un estado de shock por la violencia”, afirmó.

    Para Casás, es fundamental que la denunciante tenga un acompañamiento que asegure su continuidad en la fuerza política. E insistió en que también es importante que se acompañe al denunciado, para que pueda reinsertarse en la vida política. “Una vez cumplidas las sanciones o disposiciones del TCP, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo se reintegran a la vida política? ”.

    La militante sostuvo a su vez la importancia que se actúe con sensibilidad hacia la víctima. En su caso, por ejemplo, el TCP no le aceptó su declaración por escrito —pese a que ella no se sentía en condiciones de declarar oralmente— y no le permitió declarar junto a su abogado, Juan Raúl Williman, pese a que el protocolo dice que la denunciante podrá estar acompañada por la persona que elija. “Aparentemente el problema era que no es frenteamplista. Esa fue una de las primeras cosas chocantes que viví”.

    Casás se reunirá próximamente con la Comisión de Género del FA para compartir su experiencia durante el proceso.

    Información Nacional
    2024-05-09T01:39:00