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Si hubiese sido un partido de fútbol, lo que pasó el lunes 17 en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados fue que “se picó”. No hubo desmanes, pero sí fricciones. Allí compareció el presidente del Banco Central (BCU), Alberto Graña, junto a otros funcionarios del área regulatoria del sistema financiero, convocados por el blanco Rodrigo Goñi para plantearles su preocupación por recientes disposiciones bancocentralistas que a su entender perjudican al sector de las fintech, las plataformas tecnológicas vinculadas a las finanzas.
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Como otro dato que lo inquieta, el diputado citó declaraciones publicadas por Búsqueda del presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Fernando Brun, en las que advirtió que las fintech “se están yendo” del país (Nº 1.998).
“(...) Descarto cualquier mala voluntad y mala intención”, pero una de las circulares en particular “generó efectos muy negativos”, dijo el legislador de la oposición.
Graña se defendió: “No instruimos cerrar una empresa; instruimos cerrar una operativa porque, obviamente, en la forma en que se estaba desarrollando configuraba intermediación financiera”.
Goñi, algo molesto según se desprende de la versión taquigráfica, propuso finalizar la reunión “si no hay capacidad de revisar esto”. Y agregó: “Lo que estamos buscando es que se viabilicen este tipo de actividades que se desarrollan en el mundo entero y no solamente los préstamos entre personas”.
“(…) Por momentos, uno tiene la impresión de que se está atacando al BCU, como si el banco se opusiera al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Definitivamente, ese no es el caso”, dijo su presidente. Señaló que, como regulador, el organismo debe ser prudente para proteger a los usuarios del sistema; “a veces hay que ser precavidos y abiertos de mente a escuchar sugerencias de cómo fue el proceso de consulta”. Y, según afirmó, no le consta que haya empresas en retirada.
“Después de que usted mandó el 50% de los emprendedores para el otro lado del río o para otro país, no los consigue más”, alertó en otro momento Goñi. “Tenemos discursos que dicen una cosa, pero la práctica regulatoria va en sentido contrario”, disparó.
“La posición institucional del BCU ya la he manifestado y no la voy a reiterar; creo que he sido bastante claro. Por supuesto, felizmente, vivimos en una democracia, y se toleran todas las opiniones y visiones posibles”, acotó Graña.
La sesión se fue estirando y otra delegación que iba a ser recibida esperaba afuera. Como un árbitro, el presidente de la comisión apuraba las intervenciones.
Ya en los descuentos, después de escuchar a los funcionarios del BCU, el diputado blanco dijo que “ninguna” respuesta lo “convence”. Y agregó: “Lo que afirmo como un dato objetivo es que la regulación fue una fumigación: liquidó la actividad peer to peer lending”, en referencia a los préstamos entre personas.
El legislador oficialista José Carlos Mahía tuvo la última pelota: “Simplemente, a modo de constancia, quiero decir que no comparto la visión fatalista ni del presidente de la ANII ni la que ha expresado el señor diputado Goñi Reyes (…). El proceso que ha vivido el Uruguay en materia de inversión tecnológica y crecimiento de todas las áreas mencionadas hasta ahora habla por sí solo; están los datos del crecimiento que ha tenido el país en todos los términos. Como dice el sabio dicho: ‘No hay peor ciego que el que no quiere ver’”.
