Nº 2241 - 7 al 13 de Setiembre de 2023
Hay algunos aspectos de la violencia urbana, sobre todos los que emanan de situaciones sociales o características personales, que son de muy difícil manejo a través de políticas públicas. Sin embargo, hay otros que con una severa legislación y controles estatales podrían atemperarse. Uno de ellos es la proliferación de armas de fuego entre la población civil.
“Una seguidilla de casos de tráfico de armas, pequeños pero seguidos uno tras otro en Uruguay, muestra cómo el país se ha convertido en foco de tránsito para el envío ilegal de armas desde Argentina hacia Brasil”, dice un informe de 2022 de Insight Crime, uno de los sitios sobre información de seguridad más prestigiosos del continente.
El informe sostiene que “Argentina es el punto de origen más común para el ingreso de armas a Uruguay” y que, luego, “Brasil es el destino” final de esas armas. “A pesar de los esfuerzos del gobierno uruguayo para regular mejor la posesión, el transporte y la venta de armas, el tráfico de armas no ha dejado de crecer en Uruguay a lo largo de las últimas décadas. Esto se debe en gran parte a la ubicación del país entre Argentina y Brasil. Con las altas tasas de posesión legal de armas, Uruguay ha sido por mucho tiempo fuente importante de armas para las bandas brasileñas que operan al otro lado de la frontera”, en el estado de Río Grande del Sur, añade.
El destino de buena parte de esas armas son el Primer Comando de la Capital (la organización criminal más poderosa del Cono Sur) y su adversario, el también brasileño Comando Vermelho.
Por años, Brasil se ha quejado de los frágiles controles en su frontera con Uruguay. La situación se agravó con el paulatino papel de Uruguay como país de tránsito y acopio de cocaína, que tiene como destino final a Europa.
Como los narcotraficantes pagan con droga, esta se ha convertido a la vez en moneda de cambio para la adquisición de armas de grueso calibre, que terminan en poder de las organizaciones criminales. Es decir, no necesitan necesariamente el dinero contante y sonante, sino que con la misma droga con la que trafican pagan las armas, en un círculo de violencia que se retroalimenta.
Se estima que en Uruguay hay más de 600.000 armas en manos de la población. Los parámetros internacionales indican que un 60% de las armas están en poder de la población, en tanto que el resto las poseen las fuerzas de seguridad y los grupos insurgentes.
Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina en cantidad de armas por cada 100 habitantes y el séptimo lugar en el mundo, a saber: Estados Unidos (120), Yemen (55), Suiza (46), Finlandia (45), Chipre (36), Arabia (35), Uruguay (34).
Pero, a pesar de la recurrencia de tiroteos masivos en Estados Unidos que dejaron unos 1.500 muertos en 50 años, una cosa es una población armada en el mundo desarrollado y otra es una población armada hasta los dientes en países de Latinoamérica, el continente más pobre, desigual y violento del mundo. Y si no fíjense en los índices de homicidios cada 100.000 habitantes en estos siete países más armados del mundo: en Estados Unidos son 6,2; Yemen, 6; Suiza, 0; Finlandia, 2; Chipre, 1; Arabia, 1; y Uruguay, 12.
Estamos armados y somos subdesarrollados, una mezcla explosiva.
La participación de armas de fuego en homicidios ha ido en aumento. La fiscal de Homicidios Mirta Morales declaró que es “impresionante” el conocimiento sobre armas que tienen algunos jóvenes de la periferia. Modifican las pistolas tradicionales, les aumentan el poder de fuego y las convierten en ametralladoras automáticas.
Hay homicidios con 30, 40 balazos. ¿Cómo se hacen de esas armas? Una vía es el mercado negro internacional; otra, el mercado negro local, donde hubo casos de policías y militares que fingieron perder el arma y en realidad la vendieron; y por último, las armas que los ciudadanos compran para su protección y que luego son hurtadas de sus domicilios y pasan a manos de la delincuencia.
En algunos barrios de la periferia las balaceras son cotidianas. Un informe de Búsqueda citó testimonios acerca de cómo se enseña a los niños a hacer cuerpo a tierra, y hubo varios casos de menores muertos por balas perdidas.
Como en el resto del mundo, la abundancia de armas afecta especialmente a los grupos vulnerables.
Las organizaciones que se oponen a la tenencia de armas de fuego por la población civil han advertido sobre lo fácil que es acceder al porte o la tenencia de armas en Uruguay.
Además de que son un botín apetecible para los ladrones, poseer un arma de fuego es un riesgo para su propietario y su entorno. Incluso saber usarla no significa que llegado el momento se tome la decisión acertada. Desenfundar no significa que uno sea capaz de disparar, mientras que los delincuentes no dudan en gatillar.
Además, con los impresionantes índices de suicidios que hay en el país, es para tomar nota las estimaciones internacionales que indican que un arma en una casa aumenta en cinco las posibilidades de suicidio. En Uruguay, la tasa de suicidios ronda los 20,2 por cada 100.000 habitantes, un 30% de los cuales son por arma de fuego. En el resto del continente el suicidio con armas de fuego ronda el 13%.
No existen demasiados estudios al respecto, pero un trabajo del Sindicato Médico indicó que desde comienzos de los 90 se registra un incremento de suicidios con armas de fuego en los jóvenes de entre 16 y 25 años, en tanto que los accidentes de niños en el hogar por el manejo de armas de fuego también aumentaron sensiblemente.
Mientras, un trabajo del sociólogo Luis Morás señaló que las armasde fuego en manos de civiles “sirven muy poco para la autodefensa y terminan alimentando arsenales ilegales, cuando no son la causa de graves accidentes domésticos”.
Una encuesta de la Facultad de Derecho mostró que la mayoría de los encuestados “relaciona el déficit de la acción del gobierno en materia de seguridad con el sentido de tener un arma”.
Los consejos de los expertos: si tiene un arma en el hogar, adopte medidas de seguridad, no las deje al alcance de los niños y manténgala descargada.
Limitar esta tendencia armamentística es una forma directa de combatir la delincuencia, pero además es una manera de reducir los riesgos de accidentes y de intentos de autoeliminación.
Como sostiene Amnistía Internacional: “Los gobiernos tienen la obligación de extremar la protección de los derechos humanos y crear un entorno lo más seguro posible para la mayoría de la población, especialmente para las personas consideradas más vulnerables. Un gobierno que no controla de forma adecuada la posesión y el empleo de armas de fuego en una situación persistente de violencia armada podría incumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
