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    Montevideo al norte, una zona que pelea desnaturalizar el dominio social a partir de pólvora

    Con las tasas de homicidios más elevadas, niños que aprenden a hacer cuerpo a tierra en los CAIF, demostraciones de poder de fuego cada noche, sus vecinos piden, sobre todo, “prevención”

    Sentir un balazo, algo que hace 20 años era un acontecimiento inusual en el Barrio Municipal, al lado del Santuario de la Gruta de Lourdes, se convirtió desde hace un tiempo a esta parte casi una costumbre, algo naturalizado. “Las madres les dicen a los niños: ‘Metete para adentro que hay tiros’, como si fuera: ‘Cuidado que hay un perro afuera’”, cuenta Freddy Vidal, Pepo, vecino de toda la vida. Los tiros se convirtieron en un sonido tan familiar que hay niños que reconocen de oído de qué arma se trata, si es un revólver, una semiautomática o algo más.

    Vidal, de 62 años, es integrante de la Comisión de Cultura del Complejo Sacude (Salud, Cultura, Deporte), que además de ser un espacio multidisciplinario y gratuito para unas 2.000 personas es casi un oasis en Casavalle y sus alrededores. El proyecto, surgido en 2010, es gestionado en conjunto por la Intendencia de Montevideo y los vecinos, y funciona donde estaba la histórica sede del Club Municipal, construida en 1941. El gran salón, la semilla del complejo, donde hoy se hacen actividades recreativas para sus usuarios, que van de los 6 a los 99 años, supo ser sala de cine y teatro, celebrar casamientos y albergar velorios, desde los tiempos en que la zona era un descampado, luego asentamientos salpicados que fueron regularizándose, hasta el presente.

    Ese mismo salón albergó el 25 de abril una crucial asamblea de vecinos que determinó que el Sacude siguiera funcionando y no cerrara sus puertas, como se había decidido cinco días antes. No era un tema presupuestal sino de arriesgar la vida de la gente. Cuatro hechos graves previos, ocurridos a menos de 300 metros de distancia, en un lapso de 72 horas y en horario de trabajo, llevaron a esa decisión, cuenta a Búsqueda su coordinador, Germán De Giobbi.

    Dos chicos que asistían a uno de los 50 talleres que ahí se realizan fueron encañonados, rapiñados y agredidos; una persona terminó con un balazo en la cabeza luego de un copamiento muy violento a una cuadra; otra recibió dos balazos mientras estaba arriba de un techo, “sin que quedara muy claro el contexto”; el último fue una ráfaga de ametralladora oída terroríficamente cerca.

    El centro está pegado a las escuelas 168 y 336, que funcionan en el mismo edificio, y cuenta con una cancha de básquetbol y fútbol 5 con ingreso accesible y un jardín de infantes. En la muy cercana intersección de Antillas y Curitiba hay una casa donde se debió levantar en tiempo récord un muro de bloques; enfrente a ella hay un esquina parquizada con bancos de piedra, donde suelen reunirse familias con niños pequeños.

    El cierre y la posterior asamblea fue un gesto de gran simbolismo. “Se cumplió el cometido de generar un sacudón. La gente no puede estar adormecida, no puede resignarse ni decir: ‘Es lo que hay’. Hicimos una asamblea, a la que vinieron 140 vecinos que hacía años que no se reunían para hablar de estos temas. Si bien la gente tiende a concebir este lugar como un centro de entretenimiento y recreación, queríamos que se dieran cuenta de que también se reacciona ante las cosas que pasan en el barrio, que no tienen que normalizarse”, dice Vidal.

    El Sacude se declaró desde ese momento en “asamblea permanente”. La próxima reunión está prevista para el sábado 5, cuando se cumpla el primer aniversario de la muerte de Micaela Melgarejo (29) y Gabriel Pereira (25), quienes quedaron en medio de una balacera en el cercano Marconi. Entonces, y todavía, siguen pidiendo más presencia del Estado. Mientras Vidal saluda a Carlitos, un hombre que camina dificultosamente al sol –“tiene 40 años pero parece de 83, es lo que puede la droga”–, en la esquina se ven patrulleros y de fondo se escucha un helicóptero policial sobrevolando.

    El último eslabón

    El año pasado el Ministerio del Interior hizo una encuesta sobre criminalización y victimización en Casavalle, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hasta ahora los resultados, no del todo alentadores, se mantienen en reserva y para uso exclusivamente interno.

    Los datos oficiales que brinda el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior colocan al barrio siempre entre los tres con más homicidios en la capital: fueron 13 en 2022, 11 en 2021, 16 en 2020, 15 en 2019, 27 en 2018 y 18 en 2017. También suele estar al frente al contabilizarse las denuncias de rapiñas.

    El barrio es parte de la zona operacional policial III, que abarca también a Las Acacias, Manga, Marconi y Piedras Blancas, entre otros. Es la jurisdicción que tiene mayores tasas de homicidio en la capital (28,1 por 100.000 habitantes), por encima de la IV (20,0). Estas dos zonas concentran el 80% de los homicidios de Montevideo. La comisaría 17, que comprende a Casavalle, es desde 2012 la segunda con mayor tasa de homicidios (24,4 por 100.000 habitantes), solo por detrás de la 24 (27,3), que rige al Cerro.

    La información forma parte de un diagnóstico sobre los asesinatos en Uruguay, presentado en julio por el académico Emiliano Rojido en una serie de trabajos impulsados por el Ministerio del Interior. El informe asegura que la seccional 17 tiene un porcentaje de víctimas masculinas superior al 90%, con una proporción de víctimas jóvenes más elevada que en el resto de las comisarías: 50% tienen entre 15 y 29 años. Otra característica es que en Casavalle se usan armas de fuego en más del 80% de los homicidios.

    Sobre la razón de tantas muertes violentas, el informe expresa: “La venganza/represalia representa un motivo importante. El autor comete el hecho como retaliación o en consecuencia de una ofensa que sucedió en el pasado”.

    Otro trabajo que forma parte de la misma serie y también fue presentado en julio, a cargo de Verónica Pérez, describe a las organizaciones criminales que operan en Montevideo como familias involucradas originalmente en delitos menores, que con el tiempo se expanden al microtráfico. Una conclusión en la que el Ministerio del Interior hace hincapié para argumentar el crecimiento de los homicidios en el país.

    La misma mirada tiene Gabriel Velazco, alcalde del municipio D, que comprende a Casavalle, Bolívar, Borro, Aires Puros, Cerrito de la Victoria, Las Acacias, Manga, Marconi, Mercado Modelo, Pérez Castellanos, Piedras Blancas, Toledo Chico, Unión y Villa Española. “El problema de la seguridad y la violencia está planteado hoy en día como el principal de la zona. Pero mientras antes hablábamos sobre homicidios más relacionados con la violencia de género o la violencia intrafamiliar, ahora el problema es el microtráfico. Y que quede claro que es microtráfico, porque acá no existen grandes traficantes de droga, existe el último eslabón de la cadena de la industria”, dijo a Búsqueda. Más allá de los homicidios, contó que las balaceras son continuas en las noches porque las bandas hacen “demostración de su poder de fuego”.

    En noviembre una organización social de Casavalle, Marconi y Plácido Ellauri, llamada LaVIDAvale, concurrió a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Una de sus integrantes, Elba Núñez, contó que los niños hacen cuerpo a tierra desde los 2 años: “No queremos que tengan que escuchar el ruido de una bala y tirarse debajo de la mesa en un CAIF, porque no estamos en guerra. Para nosotros, eso es tremendo, porque el trauma de un niño que vive entre balas se traduce, cuando crece, en un ciudadano adulto con muchas dificultades”.

    Los testimonios son todos similares. En diciembre Búsqueda conversó con vecinos mientras recorría la zona. Allí, de forma anónima, hablaron del incremento en el nivel de violencia: “Te van a buscar si los miraste con cara de culo”, “la gente está con miedo de salir a trabajar, a estudiar, hasta de ir al almacén”, “la gente no puede ya salir a la plaza”, “no es que estemos exagerando, es que el miedo es impresionante”.

    Fuentes policiales confirman que existe un incremento en el nivel de violencia con que se mueven las bandas. La razón es una hipótesis que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reitera en público y en privado: el trabajo de la Policía contra el narcomenudeo, apalancado por el retorno desde 2020 de las brigadas departamentales antidroga de Montevideo y Canelones, generó un aumento de personas formalizadas y de cierres de puntos de venta, lo que provoca más urgencia en las familias dedicadas al negocio, que se apuran en no perder territorio a fuerza de balas destinadas a vendedores rivales, deudores, consumidores y parientes de todos ellos.

    El dominio social a partir de pólvora no solo provoca muertes, sino dificultades en las investigaciones policiales que buscan resolverlas. Al autor del asesinato de Micaela Melgarejo y Gabriel Pereira, ocurrido hace un año, se lo condenó recién días atrás. Es un menor con hojas plagadas de antecedentes graves al que la Policía y la Fiscalía lograron responsabilizar con un paciente convencimiento de testigos que pasaron a estar protegidos por el Estado.

    Por ahora la alternativa es esa, mientras la Policía espera con ansias la instalación de más cámaras de videovigilancia. Para 2024 Montevideo pasará a tener 6.600 cámaras, con aún 2.000 por colocarse, la mayoría destinadas a barrios del norte y el oeste de la ciudad. “Las cámaras de videovigilancia, en términos generales, cumplen una labor forense; o sea, una vez cometido el delito, podemos rastrear, mirar cómo se produjo, de dónde vino, cómo fue, y eso está dando resultado en las investigaciones. Es muy importante”, dijo Heber la semana pasada al concurrir al Poder Legislativo para hablar de la Rendición de Cuentas del ministerio. Además de la función forense, la Policía prevé colocar cámaras en descampados y baldíos donde comúnmente se dejan cadáveres y se descartan pruebas como automóviles, ropa y armas.

    “La gente no puede salir a denunciar porque todo se sabe en el barrio, todo se sabe”, relató una vecina durante la recorrida por Casavalle. Y dio un ejemplo contundente. A un adolescente lo “cosieron a balazos” por matar a un narco rival. Sobrevivió a duras penas y su madre, descompensada cuando fue a visitarlo al hospital, gritó a los cuatro vientos que iba a denunciar a todos para que se descubrieran sus bocas, su cocaína, su pasta base, su marihuana y hasta sus líderes. De camino a su casa una moto la interceptó y murió de tres tiros en la cabeza. Su otro hijo, que la acompañaba, también fue asesinado. Nadie está a salvo. Esa es la conclusión de los pocos que se animan a hablar.

    Desequilibrios

    Durante el actual gobierno, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional ha ganado peso en el patrullaje diario y en el apoyo a operativos específicos. Los cinco helicópteros de la flota monitorean desde el aire lo que sucede en tierra. En Casavalle y Marconi ya son parte del paisaje. “La sola presencia de helicópteros disuaden el delito. El solo hecho de escuchar sus aspas genera un temor”, valoró Heber en mayo durante la presentación de una nueva aeronave.

    Aunque es la herramienta policial más visible, no es la única que se emplea en la zona. Como en toda la capital, la seguridad está a cargo de la Jefatura Departamental de Montevideo, que, en consonancia con la estrategia de seguridad nacional del Ministerio del Interior, apuesta al despliegue territorial de varias unidades para intentar mantener el orden.

    Además de la Dirección de Aviación, en Casavalle hay drones que sobrevuelan continuamente casas, calles y pasillos para tomar imágenes y relevar información que se usa como insumo en posteriores allanamientos a bocas de venta. El patrullaje, por su parte, es de 24 horas mediante los móviles de la seccional 17, que se complementan con los del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y las Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM). En inteligencia, investigación y operativos actúan la Brigada Departamental Antidrogas, el Área de Investigaciones de la zona III y la Guardia Republicana.

    “Brindamos una presencia permanente a través de la combinación de recursos policiales”, dijo a Búsqueda el jefe departamental, comisario general (r) Mario D’Elía. Según dijo, se trata de un área en “conflicto continuo”, lo que hace necesario un despliegue permanente.

    “Es un esfuerzo que nos ha permitido bajar los tiempos de respuesta y bajar los delitos”, añadió.

    Los números que maneja la Jefatura de Montevideo, elaborados por su propio departamento estadístico y no por el Observatorio Sobre Violencia del ministerio, muestran un crecimiento del 48% en las personas formalizadas si se comparan los períodos de enero a mayo de 2019 y 2023. Si se reduce el registro estadístico al sector donde se ubica el Sacude, entre 2019 y 2023 las rapiñas y los hurtos consumados disminuyeron un 18% y un 31% respectivamente. Además, desde marzo de 2020 el personal de la seccional 17 pasó de 56 a 71 personas, en línea con el 32% de aumento que hubo durante ese período en todas las comisarías de Montevideo. También incrementó el número de patrulleros.

    El informe académico de Pérez destaca que la alta presencia del Estado en el territorio (tanto a través de políticas sociales como de seguridad) “limita la capacidad de los grupos para afianzarse territorialmente y crecer”, pero considera contraproducentes las intervenciones violentas porque producen mayor violencia entre las bandas de microtráfico.

    “Si bien la presencia del aparato de seguridad es importante para evitar la consolidación de grupos, la intervención del aparato de seguridad produce desequilibrios que conducen a confrontaciones entre grupos que pueden producir más violencia y daños colaterales. En particular, los desembarcos masivos del aparato de seguridad en los barrios con alta presencia de grupos criminales también generan violencia sobre poblaciones que son ajenas a estos grupos. Por lo tanto, debe existir un uso limitado de estrategias coercitivas en estos contextos”, analiza.

    Los vecinos se quejan de que el accionar policial es agresivo en el trato y no discrimina entre inocentes y delincuentes. Aunque D’Elía entiende este cuestionamiento, asegura que es complicado efectuar controles con el suficiente grado de sofisticación para determinar previamente quién está requerido por la Justicia, quién está en un vehículo robado o quién lleva armas. Dice que en Casavalle los controles diarios de la Policía permiten arrestar constantemente a menores de edad que están armados.

    El jerarca también destaca la labor policial preventiva, analítica y comunitaria: agentes encubiertos, generación de vínculos de confianza con vecinos para que acepten declarar ante la Justicia, conseguir información con pasajeros de las líneas de ómnibus que recorren la zona, intermediar con autoridades municipales para mejorar la poda y la iluminación, y una iniciativa reciente que consiste en identificar casas abandonadas y ubicar a los propietarios para que autoricen tapiarlas (así quedan anuladas como “aguantaderos”, futuras bocas o depósitos de drogas, armas y objetos robados).

    “El policía trabaja en esa zona todos los días. Es un esfuerzo enorme el que hace en un área muy compleja”, resume D’Elía.

    No es nueva

    En el entorno del Sacude las calles del barrio tienen nombre de ciudades: Parahiba, Barranquilla, Chicago, Natal. Hay calles asfaltadas y otras sin vereda, hay techos a dos aguas y paredes de bloque, hay casas que podrían estar en un barrio de la costa –que está a 13 kilómetros, muchos jóvenes vecinos no la conocen– y hay asentamientos. Quien no conoce la zona puede pasar de caminar tranquilo a andar regalado en pocos metros, dice Vidal, que funge de guía.

    Ya en el barrio Aquiles Lanza, una de las tantas urbanizaciones englobadas bajo el paraguas de Casavalle, se ven chicos jugando a la bolita en la calle. Ahí está la iglesia San Pancracio, un “ramal” de la Gruta de Lourdes. La Iglesia es una corporación que los vecinos ven cercana, en contrapartida con un Estado “al que cada vez perciben más ausente”.

    La zona combina siete líneas de ómnibus, incluyendo una local, con perros, caballos, vacas y gallinas sueltas. La policlínica municipal del Sacude siguió funcionando, aun a puertas cerradas en los peores momentos y haciendo sus recorridas. Sin embargo, hay lugares, como la calle Simón del Pino y el barrio 24 de Enero donde la operativa es muy limitada por lo peligrosa.

    El asesinato de Micaela Melgarejo y Gabriel Pereira fue un mojón. Eran dos vecinos que estaban esperando el ómnibus en la parada. Un delincuente –el menor condenado– venía corriendo a su víctima a los disparos; en la criminal persecución apenas alcanzó a darle en el pie y terminó por matar a dos personas ajenas a la disputa. Hubo una reacción de la población porque fue un destino injusto y horroroso para personas queridas en el barrio.

    Los familiares de ambas víctimas armaron la red interbarrial de Casavalle, Marconi y Plácido Ellauri denominada LaVIDAvale. Tuvieron reuniones con Santiago Gónzalez, entonces director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Emitieron comunicados públicos. Le enviaron en agosto una carta sin respuesta al presidente Luis Lacalle Pou: “Esta situación no es nueva, esta preocupación no es nueva. Sin embargo, en el último año se ha visto agravada, con efectos reales en nuestra vida cotidiana; la inseguridad es una realidad en nuestros barrios y la respuesta del gobierno no ha sido más que dichos sin hechos y encuentros sin escucha atenta”.

    En noviembre acudieron a la Cámara de Diputados. Valoraron la “calma” que produjo la presencia de la Guardia Republicana, pero pidieron enfocarse en el largo plazo. “Nosotros venimos a reclamar la inclusión, que para nosotros es muy importante. La inclusión no es solo educación formal y no formal, sino también lo concerniente a la vivienda, la salud, el trabajo; es encontrar rutas de salida a un montón de gente que lo precisa”, sostuvo Félix González.

    Lo mismo sucedió en la asamblea del 25 de abril en el Sacude: la reunión derivó en acciones de la intendencia, como la instalación de más luminarias y poda de árboles, y del Ministerio del Interior, con mayor patrullaje y cámaras de videovigilancia. Pero más allá de esa solución puntual y bienvenida, hay problemas estructurales que permanecen.

    Los jóvenes que terminan sus estudios y que salen a buscar trabajo suelen mentir sobre sus direcciones para evitar el estigma. De Giobbi puntualiza que estos son los casos más afortunados, los que pueden pensar en un futuro. “Hay otros que ni siquiera tienen plata para un ómnibus o algo que les permita confeccionar un currículum. Son gurises de acá que para satisfacer necesidades materiales, económicas o simbólicas, terminan vinculados... a otros grupos de pertenencia totalmente negativos”, dice. Luego, más directamente, agrega: “Nosotros sentimos que estamos perdiendo la batalla contra un monstruo que es transnacional”.

    El estigma es una carga pesada en Casavalle. Al barrio y áreas aledañas arriban presos recién liberados que solo ahí encuentran cobijo. A partir de relevamientos no oficiales, Velazco menciona que el 40% de quienes salen de la cárcel va a vivir a la zona operacional III. “Y es una cifra que estoy tirando para abajo, porque en realidad está por arriba de la mitad de los liberados”, dijo. Ante el Parlamento, González afirmó que a la Cuenca Casavalle acuden prácticamente el 60% de los reclusos libres. “Lo más probable es que, al no tener una posibilidad de trabajo, de educación o de salida, reincidan”, lamentó.

    El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, elevó consultas al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y a la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) para confirmar estos datos. Por ahora no recibió respuesta. Su oficina recopiló números que muestran una tendencia de presos a instalarse en Casavalle y Marconi.

    El alcalde Velazco ve con buenos ojos algunas de las iniciativas que empieza a explorar el Ministerio del Interior apuntando a los problemas de fondo. Una de ellas es que referentes comunitarios, incluso expresos rehabilitados, sean un nexo con los grupos criminales para influir en su comportamiento y evitar que resuelvan sus diferencias a disparos. Otra es que el Estado directamente comunique a los líderes de las bandas las consecuencias legales de sus acciones. Velazco reconoce que le “interesa” ese abordaje y que tuvo charlas al respecto con Diego Sanjurjo, el asesor de Heber que encabeza la iniciativa.

    “Sobre todo estamos pidiendo prevención”, concluye.

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    2023-08-02T20:00:00