Todas las unidades policiales del país ya están autorizadas a recibir fondos de parte de comisiones de colaboración policial, cuyo nuevo funcionamiento está basado en una reglamentación elaborada recientemente por el Ministerio del Interior.
Todas las unidades policiales del país ya están autorizadas a recibir fondos de parte de comisiones de colaboración policial, cuyo nuevo funcionamiento está basado en una reglamentación elaborada recientemente por el Ministerio del Interior.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl reglamento, al cual accedió Búsqueda, prohíbe “expresamente todas aquellas acciones que impliquen un desprestigio a la imagen de la Policía” y menciona cuatro actividades en concreto: la realización de campañas de venta de bonos colaboradores; la utilización por parte de los integrantes de las comisiones de prendas similares a las que componen el uniforme policial, que den lugar a confusión con la población; usar servicios de empresas o particulares para tercerizar la recaudación; y otorgar a los bienes y fondos recaudados un destino diferente al estipulado en el reglamento, según el cual el dinero solo puede derivarse para apoyar al personal policial y sus familias, contribuir al mejoramiento de edificios, instalaciones u oficinas y al desarrollo y mantenimiento de la flota vehicular.
Ningún funcionario perteneciente a cualquier escalafón del Ministerio del Interior puede participar directa o indirectamente como integrante de una comisión ni en campañas de recaudación de fondos. Además, solo se permite la creación de una comisión por unidad policial y para funcionar deben ser autorizadas por la Dirección de la Policía Nacional. Se rigen con un consejo directivo de al menos cinco y menos de 12 miembros titulares,. El consejo tiene que reunirse una vez al mes, informar “inmediatamente” al superior de la unidad policial que apoya de lo resuelto en esas reuniones y presentar anualmente una memoria y balance a la unidad policial.
Creadas en 1978, las comisiones de colaboración financiaron durante años a seccionales policiales cuyos presupuestos eran insuficientes. En 2016 el gobierno de Tabaré Vázquez las prohibió debido a denuncias de estafas y a empresas privadas que recaudaban en nombre de la Policía. “Se han constatado deficiencias en el funcionamiento de las referidas comisiones, desvirtuándose en los hechos los objetivos por los cuales fueron creadas”, decía el decreto firmado por Vázquez. Sin embargo, el gobierno actual volvió a habilitar estos grupos por considerar necesario “establecer un vínculo más estrecho” entre la Policía y la sociedad, según indica otro decreto firmado por Luis Lacalle Pou.