Funcionarios de cárceles cuestionan que el ministerio instale un modelo de seguridad basado “en la represión” y los “palos”

El contenido de las capacitaciones ha recibido cuestionamientos por integrantes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, que se quejan de que se haya desvirtuado el objetivo original de su función. “Es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Los trabajadores han sido formados con base en los derechos humanos, al diálogo, al lápiz, al papel, a los informes. Últimamente, por parte de las autoridades de gobierno se quieren implementar nuevas tareas basadas en la represión, la utilización de palos, escudos, armas menos letales, sin las garantías legales necesarias”, aseguró su secretario general, Jonatan Perdomo, durante una visita a la comisión especial de seguimiento de la situación carcelaria del Parlamento, el 20 de agosto.

Para Mendoza las diferencias entre el gobierno y los trabajadores suceden porque estos “interpretan de manera diferente” lo establecido en el Decreto 104/011. “Ellos no quieren hacer trabajo de seguridad, pero nosotros nos ajustamos al decreto. Les enseñamos todo eso porque dentro de una cárcel nadie sabe lo que le puede esperar, y tiene que conocer los elementos de seguridad que hay disponibles para su defensa personal. Los operadores no pueden ignorar lo que son las medidas de seguridad que hay para su propia protección dentro de un establecimiento carcelario. No los voy a poner en la primera línea a pelear, pero tienen que saber cómo responder”, afirmó.

Mendoza dice que pudo palpar esta “falta de instrucción” en primera persona tiempo atrás durante una recorrida por la Unidad 1 Punta de Rieles, cuando la Guardia Republicana debió ingresar a la cárcel y lanzar gases químicos para contener un tumulto. “Se refregaban los ojos. ¡Corría un operador para un lado y otro para otro, y no sabían cómo reaccionar ante el incidente! ¡Era un lío! ¡Si los agarran en medio de un fuego cruzado no saben para dónde agarrar!”.

El gremio de operadores considera que desde el ministerio se está “bajando una línea de trabajo” contradictoria con lo que se impulsó en la ley de Presupuesto de 2010, que buscaba con el operador penitenciario instalar dentro de las cárceles una relación alejada de lo policial, enfocada en el vínculo de presos con trabajadores civiles. “Ahora se produce un gran retroceso formándonos en el uso de escopeta, escudo, casco, gas. Nosotros no estamos armados, y la mayoría de los que ingresamos no lo hicimos para esto que se está proponiendo ahora”, dijo la secretaria Graciela Coimbra ante el Parlamento.

Además del cumplimiento del Decreto 104 de 2011, la justificación del ministerio para la formación en el uso de armas es el crecimiento de la población carcelaria, que desde el 1o de marzo al presente pasó de 11.786 reclusos a 12.618. “Cuando hay muchos presos yo preciso a toda la gente disponible para manejar eso, preciso más gente. Y hay 1.272 operadores penitenciarios”, argumentó Mendoza. “Llega un momento en que el operador debe cumplir la función de seguridad, pero hay algunos que no quieren cumplir esa función, quieren que la tarea de seguridad sea voluntaria, optativa, quieren tareas técnicas, administrativas. Pero si ingresan como operadores se deben ajustar a lo que dice el decreto. Tienen que ayudar, tienen que saber los instrumentos y los elementos para su integridad física, saber cómo conservar su integridad física y su persona”, agregó.