Funcionarios de cárceles cuestionan que el ministerio instale un modelo de seguridad basado “en la represión” y los “palos”

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tiene claro que su trabajo va a ir en aumento: el número de personas privadas de libertad creció de forma constante en 2020 y se prevé que supere los 13.000 al cierre del año. Junto con la reforma carcelaria que lanzó el Ministerio del Interior y la intención de ajustar los protocolos de funcionamiento en las prisiones, el INR comenzó a capacitar a trabajadores civiles en el uso de armas. Esto provocó el reclamo de los funcionarios, que se sienten obligados a aprender una tarea que entienden que no es para la que fueron contratados.