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Fundación cobraba pensiones de personas discapacitadas y las destinaba a gastos de funcionamiento, según auditoría de INAU
El directorio de la institución resolvió ampliar la denuncia penal contra la organización y pretende mejorar controles para evitar que estas situaciones se repitan
imagen de Fundación cobraba pensiones de personas discapacitadas y las destinaba a gastos de funcionamiento, según auditoría de INAU
Durante 10 meses un funcionario de la Fundación Imcos figuró como curador de una persona con discapacidad y cobró su pensión, pese a que el beneficiario había sido derivado a otro centro de atención. La pensión de otra persona que también había dejado la fundación siguió siendo transferida a Imcos durante 20 meses entre 2016 y 2018.
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Estas y otras irregularidades fueron constatadas por la Auditoría Interna de Gestión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que durante años indagó sobre el manejo de dinero que realizó la Fundación Imcos. Esta organización fue denunciada civil y penalmente por resolución del actual Directorio del INAU en noviembre de 2020, por un faltante de unos $ 5 millones que el INAU envió como prestaciones y no fueron rendidas.
La denuncia ahora será ampliada, ya que en las últimas semanas el directorio recibió los resultados de una auditoría que se propuso revisar cómo la fundación manejó las pensiones por discapacidad que cobró de las personas que atendía. Dicho documento, al que accedió Búsqueda, concluyó que Imcos “ha incumplido sistemáticamente y por períodos de tiempo prolongados la reglamentación sobre el uso y administración de las pensiones”, lo que “expuso a la población a situaciones de vulneración de sus derechos y a posibles fraudes sobre su peculio”. Ante esto, el directorio resolvió remitir la auditoría a la Justicia para que sea incorporada en la causa.
En diálogo con Búsqueda, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que se constató “un hecho grave” que causó “profunda preocupación porque tiene que ver con el uso indebido de pensiones de personas con discapacidad”.
“Las partidas que se transfieren están en relación a la población que se atiende. Cuando las subvenciones y pagos no son suficientes hay métodos para financiarse por medio de subsidios, y generalmente se le otorga. En este caso no alcanzó con eso, se prescindió del mecanismo y se usaron dineros que no son de INAU ni de las organizaciones sociales, son de los individuos, y los usaron para otros fines. En este caso para financiar gastos de financiamiento de la fundación. Y nada de eso tuvo una rendición de cuentas correcta. Ahí está la gravedad del problema”, agregó.
Antecedentes de incumplimientos
La fundación Imcos comenzó a trabajar con el INAU décadas atrás. El primer convenio se firmó el 17 de setiembre de 1983 para “el cuidado, educación y asistencia de menores en régimen de internación”, y luego se fue ampliando en siete nuevos convenios; el último fue firmado en agosto de 2016. A partir de 2015, según la auditoría, se inició un proceso de rescisión de los servicios, aunque algunos debieron continuar para garantizar que las personas con discapacidad no vieran interrumpida la atención mientras eran derivadas a otros centros. Esto implicó una intervención de los servicios de la fundación y su coadministración.
En el último tiempo la organización atendía a unas 90 personas en situación de discapacidad en centros de Paysandú y Salto. La auditoría se propuso revisar específicamente el cobro de las pensiones por discapacidad de estos beneficiarios durante el 2018. Lo primero que surgió del relevamiento fue que la fundación ya tenía antecedentes de incumplimientos.
En 2004, por ejemplo, existía “un gran desfinanciamiento” que superaba los $ 7,7 millones, hubo “gastos que no enmarcaban en los proyectos” y la administración de las pensiones “no se ajustaba a la reglamentación vigente”. Se encomendó que la fundación presentara “en forma inmediata” la rendición de las pensiones.
En 2008 se reiteraron las observaciones y se remarcó “el incumplimiento de la reglamentación de ‘uso y administración de fondos de pensiones’”. En ese entonces se pidió a la dependencia de Salto que controlara y exigiera el cumplimiento. En 2009 se mantuvieron los reparos sobre el uso de pensiones por discapacidad “para pago de gastos no autorizados”. Ya en 2017 el informe de auditoría se enfocó exclusivamente en el manejo del cobro de pensiones. El documento concluyó que Imcos “no cuenta con información íntegra y fiable de la totalidad de cuentas bancarias que deberían haberse gestionado para la población atendida que cobra pensiones”.
De acuerdo con las normas, la pensión le corresponde a cada persona en situación de discapacidad y si la fundación es quien maneja ese dinero debe hacerlo exclusivamente para gastos de los beneficiarios. Si, por ejemplo, quisiera destinar las pensiones de varias personas a un monto global para un programa socioeducativo, no puede hacerlo. Cuando la solicitud la hace un responsable de un centro, debe estar fundamentada a partir de un proyecto a término, de uso anual, con evaluaciones mensuales y “en beneficio exclusivo” del titular.
“Inadecuada administración”
En 2018 la Fundación Imcos atendió a 44 personas en Salto, de las cuales manejó las pensiones de 17 hasta el 2013 y de otras 26 hasta 2017. En Paysandú atendió a 46 personas, de las cuales administró las pensiones de 41 hasta 2013 y de otra persona hasta 2016. En 2018 la fundación recibió transferencias por las pensiones de Paysandú. Y otras seis transferencias en Salto que sumaron más de $ 2,6 millones.
La auditoría confirmó que no se “constató la existencia de proyectos individuales que garanticen que la prestación se destine para beneficio exclusivo de su titular”, lo que constituyó “un incumplimiento a la reglamentación por parte de la fundación”. “Asimismo, se analiza que la información existente no permite definir con razonable seguridad que los montos transferidos a la fundación correspondan efectivamente a las personas allí atendidas, lo que expuso al organismo a riesgo extremo de una inadecuada administración del peculio de las personas que se encuentran bajo su protección”, agrega.
Más adelante se insiste en que “existe multiplicidad de documentos que señalan que la Fundación Imcos realizó durante su gestión un uso inadecuado de las pensiones administradas”. Y se destaca que “la fundación mantuvo como práctica habitual el uso de los fondos transferidos por concepto de pensiones para solventar gastos de funcionamiento”.
“El uso de los fondos correspondientes a pensiones debe restringirse en gastos que permitan mejorar la calidad de vida de los titulares de la prestación, quedando expresamente excluidos todos los gastos de funcionamiento y obligaciones de la fundación, especialmente cuando INAU transfiere a través de las subvenciones fondos para solventar gastos de funcionamiento, que en el caso de la Fundación Imcos se incrementaron de manera progresiva, en virtud de su situación económica deficitaria”, indica la auditoría.
Falta de controles
El relevamiento no solo se enfocó en los actos de la fundación, sino que también arrojó luz sobre los procedimientos y controles del INAU. Allí identificó que el organismo está ante un “riesgo extremo” de quedar envuelto en situaciones donde se transfiera el dinero a personas no autorizadas o a enfrentar “perjuicios económicos” por posibles reclamos de prestaciones que se dieron a quienes no correspondía.
Es por ello que la auditoría indica que “los controles implementados por las unidades competentes resultaron insuficientes, ineficaces e ineficientes”, y agrega que “los correctivos aplicados no lograron revertir los graves incumplimientos en la gestión de las pensiones”.
El miércoles 16 el directorio analizó con preocupación el tema y resolvió, además de enviar la auditoría a la Justicia, realizar un llamado de arrendamiento de obra para la contratación por cinco meses de una consultoría externa que diseñe e implemente un plan de acción para mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de gestión de pensiones.
