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En el marco de la asamblea semestral del Fondo Monetario Internacional que tuvo lugar la semana pasada en Washington D.C., y ya de vuelta en Montevideo el martes 18, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, habló en distintos eventos sobre el nexo entre la economía y el medio ambiente. En algunas de esas charlas resaltó el bono “sostenible” emitido el año pasado e informó acerca de las negociaciones en marcha con el Banco Mundial para que sus créditos otorgados al país tengan una tasa relacionada con metas de reducción de emisiones contaminantes por parte de la ganadería. Es un tema que la jerarca ha puesto en los primeros lugares de su agenda y es, también, un eje en la actual estrategia de gestión de la deuda, hoy con un perfil y peso mucho más desahogado que el que presentaba 20 años atrás. En 2002 y 2003, el alto endeudamiento público y la concentración de sus vencimientos causaban temor entre los inversores.
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Hacia fines del 2002 Uruguay estaba saliendo de la crisis bancaria, pero persistía desconfianza por su deuda, que rondaba los US$ 13.000 millones —equivalentes a 80% del Producto Bruto Interno (PBI)—, la mayor parte estaba nominada en dólares y más de un tercio debía ser amortizada dentro de los siguientes cinco años.
A mediados de febrero del 2003, el presidente Jorge Batlle anunció que se propondría una “reprogramación” de pasivos. Los detalles fueron anunciados el 10 de abril por el equipo económico encabezado por Alejandro Atchugarry y se dio plazo a los tenedores de los papeles hasta el 14 de mayo para que adhirieran a la propuesta voluntaria de canje; quienes aceptaran podían cobrar una parte de su inversión en efectivo (entre 5% y 15% según la serie de los títulos) y el resto en nuevos bonos a mayor plazo, manteniendo en general la moneda y la tasa de interés. Otra opción, que se denominó “liquidez”, ofrecía cobrar una parte en efectivo y el resto o la totalidad de la inversión en uno o más bonos nuevos a mayor plazo. De inmediato, las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor’s redujeron las notas de Uruguay hasta un escalón por encima del rango de cesación de pagos. Entre febrero y abril el “riesgo país” saltó por encima de los 2.000 puntos básicos (20%), niveles máximos del índice elaborado por República AFAP.
Casi U$S 5.000 millones, el 92,4% del circulante involucrado, adhirieron al canje. Como rastro de aquella operación siguen en circulación algunos papeles. Al despejarse los vencimientos, el peligro de la cesación de pagos (default) se atemperó: el riesgo país —el diferencial de rendimiento sobre los Treasuries estadounidenses que exigen los inversores por prestarle plata a Uruguay— cerró en mayo de 2003 en 840 puntos (8,4%) y siguió bajando de forma gradual en los años siguientes. Esta semana se ubicó en torno a los 80 puntos (0,8%).
Al cumplirse 10 años de aquel canje, la entonces directora de la Unidad de Gestión de Deuda y hoy ministra Arbeleche dijo a Búsqueda que en 2003 “nada aseguraba” que el camino del canje “iba a ser exitoso ni que se alcanzarían los niveles de adhesión necesarios para darle oxígeno al gobierno, porque lo que había era un problema de liquidez, no de solvencia” (N° 1.718). Destacó que a todos los inversores por igual se les hizo la misma reducción de valor presente neto y comentó como una originalidad de esa transacción que se utilizaron mecanismos para llevarlos a que participaran, incorporando cláusulas (de “acción colectiva”) que desmejoraban la calidad de los bonos remanentes. Según Arbeleche, aquella operación “fue un hito en el manejo de deuda: una situación de estrés sobre la que se trabajó duramente para honrar su pago”, que tras concretarse “aumentó la confianza en el país”. Además, dijo, “el canje no podía ser el final del camino y fue un paso para seguir trabajando” en años posteriores en la gestión del endeudamiento tanto en bonos como con organismos internacionales.
A fin del año pasado la deuda ascendió a US$ 47.696 millones, un incremento de US$ 2.652 millones frente a setiembre, según datos informados la semana pasada por el Banco Central. Si se descuentan los activos de reserva, el endeudamiento —neto— creció de US$ 24.713 millones a US$ 27.347 millones en diciembre. Aunque aumentaron en el último trimestre y son niveles relativamente altos en términos del PBI (68,2% la deuda bruta y 39,1% la neta), están por debajo de dos décadas atrás, cuando Uruguay caminó por el pretil del default.
