Gobierno analiza experiencias extranjeras para mejorar la atención de menores abusadas y evitar que ingresen en la prostitución

La semana pasada la jueza de Crimen Organizado de 2º Turno, María Helena Mainard, procesó a cinco trabajadores de la empresa de transporte Cutcsa por explotación sexual de menores de edad. La investigación comenzó en agosto de 2016 a partir de una denuncia que presentó el INAU luego de recibir datos que indicaban la posible existencia de casos de explotación sexual.

“De todo lo que pasó valoro que hay más sensibilidad, se capacitó a funcionarios y sabemos cómo mirar el problema, cómo denunciarlo”, dijo Purtscher a Búsqueda. Pero ahora se debe “pasar a otra fase”, donde el trabajo con las menores “sea de un carácter de mayor profundidad y amplitud”.

El jerarca dijo que hay una “intervención de carácter primario” en cada caso que se detecta. Si bien el Estado hace un seguimiento de las situaciones de las adolescentes explotadas, afirmó que se necesita un nuevo enfoque sobre cómo atenderlas luego de que se detectan y denuncian los casos.

Por eso el Conapees está analizando qué tipo de atención especializada se les puede brindar. “Lo interesante sería tomar algunas experiencias de la región que trabajan en el después: después del momento policial, del momento judicial, y tener una atención que les permita dejar de ser una mercancía vinculada al sexo y convertirse en ciudadanos. Que se valoren a sí mismas, que encuentren valor vivir en la sociedad y no esperar a cumplir 18 años y empezar con la prostitución adulta”, dijo.

Purtscher comentó que han hecho un seguimiento de algunas experiencias extranjeras: Luna Nueva de Paraguay, la Fundación Raíces en Chile y la organización Paniamor de Costa Rica. Encontraron que el trabajo de Luna Nueva es el más adecuado para aplicar en Uruguay.

Luna Nueva trabaja en un programa que busca generar nuevos objetivos de vida para las adolescentes que sufrieron explotación sexual. Ese proceso de cambio, dice la organización, se divide en tres grandes tiempos. El primero es el de un “espacio de apertura”, donde la tarea principal es el “sostén” de la víctima, según explica un documento de la organización. Luego se pasa al “espacio de producción”, que es una etapa de construcción de un proyecto de vida. Por último está el espacio “de cierre”, en el que se acompaña a la adolescente en su reinserción social.

El programa de atención de la organización se realiza primero en la calle, comunidad o barrio de la adolescente que es explotada. Luego está el Centro de Atención Diurna (CAI) en el que se ofrecen servicios para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el descanso, o la salud. También se brindan servicios y actividades “educativo-terapéuticas que permiten realizar procesos de desarrollo personal”. Luego hay un albergue que permite proveer a las adolescentes con una vivienda transitoria. Para realizar esta tarea hay un equipo de especialistas que acompaña todo el proceso, dice la presentación de Luna Nueva.

Romper el ciclo.

Purtscher explicó que cuando se dan casos en los que el juez determina que la adolescente debe ser alejada de su familia, se la envía a un hogar de amparo del INAU. Pero ese organismo entiende que esa medida debe ser transitoria.

“La idea es que los equipos especializados sigan trabajando con la parte psicológica y social, viendo cómo se insertan en el grupo familiar, en su comunidad. Hay que ver el tema de las secuelas psicológicas inmediatas”, señaló Purtscher. Hay que “generar dispositivos especializados, acompañar de forma especial a estas víctimas de violencia, porque esto no es una violencia común y corriente”, añadió.

Según Purtscher, es necesario trabajar para “romper el ciclo” que se genera en torno a este tipo de víctimas. “Entre quienes sufren violencia, un alto porcentaje pasa por situaciones de explotación. La mayoría de estas personas después de los 18 van a la prostitución reglamentada y un porcentaje es víctima de trata”, afirmó.

Además, el trabajo con las adolescentes abusadas no es sencillo, explicó. Es que las jóvenes explotadas “no siempre se asumen como víctimas”, mientras que los “victimarios siguen en la vuelta”, cerca de las adolescentes. “Todo eso complejiza el trabajo”, afirmó.

El Conapees capacitó a casi 5.000 personas (del Ministerio del Interior, Salud Pública, Desarrollo Social, Poder Judicial y organizaciones civiles) para la prevención de casos de explotación sexual de adolescentes.

Los departamentos con más casos detectados en 2016 fueron Tacuarembó y Canelones, con 30 cada uno, seguidos por Montevideo con 26.

En el caso que involucró a los trabajadores de la empresa Cutcsa, la denuncia llegó al INAU a través de integrantes de centros educativos, funcionarios de la salud, del Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones sociales que trabajan en la zona del Cerro. Para “proteger” a las víctimas, el INAU se hizo cargo de presentar la denuncia ante Crimen Organizado. La Justicia también está investigando la posibilidad de que militares también estén involucrados en el caso.