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En vigor desde 2004, el Convenio de Budapest es el primer tratado internacional que busca atacar losdelitos informáticos mediante la armonización de leyes, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación. Amenazas, hackeos, ataques o daños contra la seguridad, confidencialidad e integridad de sistemas informáticos; interferencia o vulneración ilícita de datos; actividades que busquen comprometer sistemas informáticos, bancos o bases de datos y redes; el sabotaje y el espionaje informático. Estos son algunos de los crímenes que combate.
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Elaborado por el Consejo de Europa pero abierto al mundo, cuenta actualmente con 64 miembros, entre ellos varios países latinoamericanos. Pero no Uruguay. La adhesión del país, sin embargo, se dará en las próximas semanas, tras coincidencias entre legisladores, la Policía, operadores judiciales y las agencias estatales encargadas del gobierno digital y la seguridad informática.
“Se va a votar antes de fin de año porque es un reclamo de todos los actores que están siendo perjudicados por el ciberdelito”, dijo a Búsqueda Rodrigo Goñi, diputado y coordinador de la bancada de representantes del Partido Nacional, quien señaló que la ratificación y la adhesión al Convenio de Budapest va a entrar al Parlamento en los próximos días y contará con el apoyo del oficialismo en ambas cámaras.
“Fiscalía, Ministerio del Interior, Agesic, CERTuy... todos reclamaban la aprobación de este convenio, pero increíblemente en el Parlamento no se aprobó por casi veinte años”, dijo Goñi, quien lamentó que durante ese tiempo “a la izquierda le haya asustado un poco adaptarse a las nuevas reglas de la globalización, digitalización y descentralización que implican aceptar un nuevo rol del Estado, mucho más limitado en su poder de control y planificación de la sociedad”.
El ingreso del tratado al Poder Legislativo aguarda los informes favorables de Cancillería y del Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio del Interior ya respaldó la iniciativa a partir de un análisis elaborado en junio por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y convalidado por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
“La suscripción al convenio ha cobrado especial importancia debido al carácter trasnacional del ciberdelito y a la creciente dificultad de acceder a la evidencia digital, esencial para las investigaciones informáticas. Existen casos en que un mismo delito informático involucra a varios países, por lo que estar adherido posibilitaría la articulación de esfuerzos internacionales para una respuesta más eficaz al problema. Se hace necesario ver la posibilidad de que nuestro país se adhiera a fin de dotarnos de herramientas jurídicas e instrumentos de cooperación”, señala parte del documento de esa dirección, al cual accedió Búsqueda.
El informe de Crimen Organizado e Interpol destaca los artículos 16 y 17 del tratado, que obligan a personas y a las empresas prestadoras de servicios de comunicación a la conservación inmediata de datos electrónicos, especialmente cuando haya razones para pensar que son particularmente susceptibles de pérdida o de modificación.
“Hoy no todas las empresas —Movistar, Dedicado, Claro y Antel— preservan la información. Esa situación se da muchísimo cuando la persona que delinque realiza estafas electrónicas y utiliza servidores de Uruguay; las empresas nos dicen: ‘No tengo resguardo; no sé a quién le adjudiqué esa dirección IP’. Delinquen utilizando servidores de Uruguay y nosotros no podemos saber qué fue lo que pasó”, afirmó Winston Rodríguez, parte de la recientemente creada Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional.
Rodríguez integró una delegación del Ministerio del Interior que concurrió el jueves 14 a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Allí argumentó que el acuerdo les permitirá a la Policía y a la Fiscalía “trabajar mejor” al contar con un marco legal que facilita acciones rápidas en la investigación. “Todo esto es teniendo en cuenta el valor de la obtención de la prueba. ¿Por qué? Porque si amenazo de muerte al ministro y no actuamos rápido, la evidencia digital se borra”.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, coincidió con esa mirada en diálogo con Búsqueda. “Es una necesidad que el país se aggiorne. Veníamos bastante atrasados. Y no es el futuro, es la actualidad: es muy difícil que hoy te estafen con una rifa falsa o con el cuento del tío, hoy es casi todo a través de Internet”.
La delegación del Ministerio del Interior concurrió a Diputados para dar su punto de vista sobre un proyecto de ley que tipifica nueve ilícitos vinculados a la ciberdelincuencia. La iniciativa impulsada por el diputado Sebastián Cal, de Cabildo Abierto, cuenta con el respaldo de la secretaría de Estado, que de todas formas propuso algunas modificaciones a partir de un estudio del Área Jurídico Notarial. Entre otras cosas sugiere agregar el concepto de grooming para definir a quien, valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación, difunda o publique imágenes u otras formas de representación con contenido sexual o erótico sin el consentimiento de la persona que es expuesta.
El proyecto de ley también recibió el miércoles 20 una propuesta de inmovilización de fondos de parte de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. El artículo pretende facultar a las instituciones de intermediación financiera y a las entidades emisoras de dinero electrónico a la no ejecución de cualquier tipo de orden de retiro y/o transferencia de activos, cuando hayan tomado conocimiento de que en las cuentas referidas ingresaron fondos de terceros a través de transacciones que le fueron declaradas como desconocidas y no autorizadas por el titular de la o las cuentas de origen de los fondos transferidos.
