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El Poder Ejecutivo denunció en la Justicia penal la presencia de 16 colombianos trabajando “en negro” en dos obras de las calles Maldonado y Durazno. Los trabajadores, del entorno de 20 años, tienen pasajes de regreso a su país, pero están en poder de su “empleador”, y viven en una vivienda sin espacio ni camas suficientes. Si bien algunos de ellos tienen residencia legal en el país, no están registrados en el Banco de Previsión Social (BPS).
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La denuncia llegó inicialmente al despacho del inspector general del Ministerio de Trabajo, Gerardo Rey, luego de que inspectores detectaran que dos empresas del sector de la construcción solo empleaban personal colombiano. Al desplazarse hasta las obras para certificar las condiciones de trabajo, encontraron que “ninguno” de los trabajadores estaba en planilla ni tenía habilitación de la Dirección de Migración, informó Rey a Búsqueda. Además, constataron “algunos apartamientos” de la normativa que regula los aspectos de seguridad para el personal de la construcción. Inspección General realizó una intimación a los empresarios.
Los trabajadores colombianos fueron traídos a Uruguay por su empleador, quien, según indicó uno de los obreros a los inspectores, se quedó con sus pasajes de regreso a su país. Debido a esa información, Inspección General decidió acudir al Ministerio del Interior a denunciar el hecho, quien a su vez denunció el caso en la Justicia penal.
La empresa que contrató sus servicios, Goldever SA, también les proveía un lugar donde vivir. Se trata de una vivienda que está en “condiciones de higiene que constituyen un riesgo” para la salud de sus habitantes, según la denuncia que presentó Trabajo al Ministerio del Interior, y a la que accedió Búsqueda.
Los inspectores constataron que los 16 trabajadores de las dos obras convivían en un mismo espacio, donde no había camas para todos, la heladera estaba desconectada y el agua no era suficiente. El alquiler, ubicado en el barrio Parque Rivera, entre Malvín Norte y Cruz de Carrasco, se les descontaba de su salario.
Los inspectores dejaron constancia de las quejas de los trabajadores, pero las empresas respondieron que no están vinculados a la vivienda y presentaron como prueba un contrato de alquiler a cargo de otros tres colombianos.
Rey afirmó que van a “seguir vigilando las obras para proteger a los trabajadores y que sean incluidos en la seguridad social”.
La unidad que se encarga de llevar adelante los temas de trata y tráfico de personas del Ministerio del Interior fue notificada de la situación, al igual que la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.