Reducir la cantidad de residuos plásticos que se generan es uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Ambiente para los próximos tres años. La apuesta está centrada en multiplicar por 15 el porcentaje de envases que se recuperan una vez que son utilizados, hasta superar las 53.000 toneladas anuales, lo que pondrá a Uruguay a la vanguardia a nivel latinoamericano.
Para lograrlo, las autoridades apuntan a la puesta en marcha de un nuevo plan de envases, que fue elaborado por la Cámara de Industrias y prevé ser aprobado por Ambiente en los próximos días.
Pero la decisión del gobierno de apostar por esta vía es rechazada por trabajadores y actores sociales vinculados a la materia, que señalan que el Poder Ejecutivo decidió adrede incumplir la Ley de Gestión Integral de Residuos.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo a Búsqueda que por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se suspendió la puesta en marcha —mediante reglamentación— del impuesto a los envases, por lo que tampoco comenzará a ejecutarse el Fondo Nacional de Gestión de Residuos, dos disposiciones que forman parte de la norma aprobada por el Parlamento en 2019.
Estos artículos fueron los que generaron mayor controversia durante la discusión y no fueron votados por blancos y colorados, que en ese momento estaban en la oposición. La normativa suma el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los envases y establece que estos serán gravados por un monto fijo según su peso, que no podrá superar las 10 Unidades Indexadas ($ 53 actualmente). En tanto, los demás productos —como bandejas, vasos o papel film— se gravarán con un porcentaje del precio de venta del fabricante o importador.
La redacción dejó en manos de la reglamentación la definición sobre qué bienes quedan comprendidos en cada literal. Pero como la ley no fue reglamentada por el gobierno de Tabaré Vázquez (se aprobó en agosto de 2019, casi un mes antes de las elecciones), recayó en la administración de Lacalle Pou, que “por su complejidad” decidió hacerlo en distintas etapas. “Tendrá múltiples decretos, este año habrá un par y así sucesivamente”, argumentó Peña.
El ministro aseguró que ante la resolución del MEF desde su cartera buscaron avanzar en un modelo híbrido para evitar que el tema cayera en saco roto, por lo que dispusieron que las empresas se hagan cargo de parte de lo que generan, tal como estaba establecido antes de que se votara la ley.
Una delegación de la Unión de Clasificadores Urbanos Sólidos (Ucrus), el PIT-CNT y la Universidad de la República (Udelar) denunció el miércoles 20 en el Parlamento que la situación pone de manifiesto que el gobierno está siendo “funcional” al “lobby de las grandes empresas”.
El dirigente Luis Machado señaló que el plan de la Cámara de Industrias “cambia todas las reglas de juego” y que el Poder Ejecutivo “contempló” su posición al negarse a implementar el impuesto, por lo que ahora los proyectos carecen de financiación.
“Se vuelve a incluir la gestión de los envases en el marco de la responsabilidad extendida del productor, en contra de lo que dice la Ley de Gestión Integral de Residuos”, dijo y pidió que paguen “los responsables de la generación del problema, que son los empresarios, las embotelladoras, las embaladoras y las importadoras”, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Búsqueda.
Eduardo Aulet agregó que Peña les había “transparentado” que tenía dificultades con la Cámara de Industrias y que parecía que había “una corporación que está por encima de las instituciones y de la democracia”.
“Nos deja perplejos que se vaya por el viejo camino”, acotó el ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity, exdirector de Ordenamiento Territorial que participó en representación de la Universidad de la República.
El asesor de la Cámara de Industrias, Agustín Tassani, declaró a Búsqueda que el gobierno no cedió a ningún lobby sino que ellos buscaron “alinearse” con las resoluciones. “El Poder Ejecutivo vio la posibilidad de darle la oportunidad a un socio serio y responsable, y que la recuperación puede llegar a ser más eficiente de esta manera”, dijo.
Peña, en tanto, valoró como positivo el incremento en la cantidad de plástico recuperado y las inversiones que realizarán los privados para poner en marcha el plan.
Las estimaciones oficiales señalan que más de 200.000 toneladas de residuos plásticos ingresan a sitios de disposición final cada año. De ellas, unas 80.000 pertenecen a envases. Pese a que hay planes vigentes desde hace 13 años, solo funcionan en seis departamentos, aunque antes de mitad de año deberán sumarse los otros 13.
De las 80.000 toneladas de envases que se generan, solo se logran recuperar unas 3.000 (3,7%). El Ministerio de Ambiente estableció en una resolución los objetivos mínimos de recuperación: 30% a fines de 2023 y 50% a fines de 2025.
El desarrollo del plan requerirá de una inversión inicial de US$ 50 millones y luego una operativa que costará alrededor de US$ 25 millones anuales. Dará empleo a 1.300 personas, en su mayoría clasificadores.
En los 19 departamentos se dispondrán 29 centros de recepción de materiales reciclables especialmente para atender papel, cartón, metales y plásticos. También habrá 9.000 puntos de devolución de envases con depósito a través de los comercios ya existentes, para envases de bebidas de PET, vidrio, aluminio y larga vida.
El proyecto incluye una innovadora apuesta a un sistema de venta luego de la utilización conocido como depósito-reembolso, cuya operativa está prevista para finales de 2023. El concepto es que los envases pasarán a ser retornables aunque no sean reutilizables.
Peña subrayó que todos esos envases que se recuperen no irán a sitios de disposición final, ni a contenedores de basura ni a las calles o arroyos.
Condiciones precarias
Los trabajadores también reclamaron por las relaciones laborales de los clasificadores en las plantas.
Chabalgoity aseguró que desde 2020 “no existen relaciones de trabajo claras”, lo que genera “una incertidumbre” y “una inestabilidad absoluta en un sector que ya de por sí es vulnerable y con precarias condiciones de vida y de trabajo”.
El ingeniero agrónomo señaló que los clasificadores de las plantas pasaron de ser trabajadores asalariados en relación de dependencia a estar en una situación indefinida, debido a que los convenios con las intendencias no han sido firmados.
“Hace dos años que se viene trabajando en la más absoluta informalidad, a la espera de algo que iba a acontecer y lo resolvería, pero la realidad es que el convenio previsto no se ha resuelto”, afirmó.
