• Cotizaciones
    jueves 20 de junio de 2024

    Gobierno pide aprobar ley que aumente potestades a víctimas de delitos en el proceso penal

    La iniciativa propone que tengan los mismos derechos que las partes —Fiscalía e imputado— “en el diligenciamiento y producción de la prueba”

    En el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se realizó el viernes 24 de noviembre en el auditorio de la Torre Ejecutiva, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, envió un mensaje directo a legisladores que estaban presentes: pidió que le den un “particular impulso” a un proyecto de ley que “está en las carpetas”, que “tiende a empoderar cada vez más a las víctimas en el proceso penal”. Sería “muy importante” que se aprobara, subrayó, y consideró que el año que queda antes de que finalice el período debería “ser suficiente” para lograrlo.

    La iniciativa a la que aludía se terminó de elaborar en 2022 en el gabinete coordinador de políticas destinadas a las víctimas y testigos del delito, un ámbito específico creado a través de un decreto que firmó, en marzo de 2018, el entonces presidente Tabaré Vázquez. Dirigido por la Fiscalía General de la Nación, ese gabinete está integrado por representantes de los ministerios de Interior, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Salud Pública. También fueron invitados a participar la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Pública del Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la sociedad civil.

    El proyecto de ley propone modificar “insuficiencias” del Código del Proceso Penal —vigente desde hace seis años— relacionadas con los derechos fundamentales de las víctimas. Por un lado, habilita a que puedan participar en “cualquier etapa” del proceso y, en caso de que no estén en condiciones de presenciar las audiencias, que los representen sus abogados. También permite que los derechos de menores de edad o personas fallecidas puedan ser defendidos por abogados en situaciones donde los padres perdieron la patria potestad o son indagados como responsables del delito cometido y que las víctimas puedan proponer prueba en varias etapas del proceso penal, igual que pueden hacerlo los imputados y la Fiscalía.

    Consultado por Búsqueda, el abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República que integra el gabinete, Juan Raúl Williman, puso como ejemplo el caso, en el cual debió trabajar, de un niño de cinco años que tenía una enfermedad grave de transmisión sexual: su padre estaba imputado por abuso sexual y su madre por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. “¿Quién representa al niño? Eso se debe resolver y regular”, planteó.

    Williman consideró que “las víctimas están mucho mejor” que cuando regía el Código anterior, de 1980, pero hubo “errores de diseño” en el actual que “están mal regulados” y que “generan confusión”. Para el defensor, lo planteado en el proyecto de ley “es un nuevo avance”.

    Totalmente estancado

    Los artículos con los cambios propuestos fueron incluidos en el texto del proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 2021, que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento. En aquel momento, los legisladores resolvieron que necesitaba un análisis particular y lo presentaron como una propuesta independiente en la Comisión de Constitución. Así, el proyecto de ley, firmado por el diputado del Partido Nacional Álvaro Rodríguez Hunter, ingresó formalmente el 19 de agosto de 2022 a la Cámara de Representantes y el 31 de ese mes se dio cuenta en comisión. Sin embargo, nunca comenzó a ser analizado.

    El diputado nacionalista Diego Etcheverría, que integra la Comisión de Constitución, dijo a Búsqueda que el proyecto no se trató debido a la gran cantidad de temas que tienen en análisis, más de un centenar. “Es de las comisiones más prolíferas y seguimos acumulando proyectos de ley”, dijo.

    También indicó que durante el último año analizaron proyectos de ley muy complejos, que implicaron la comparecencia de muchas delegaciones. De todas formas, aseguró que la idea es abordar esta propuesta en el año entrante.

    Para Williman, el trámite está “totalmente estancado” y se mostró sorprendido dado que “no es un tema que requiera mayor esfuerzo”. El tema, recordó, salió de la comisión técnica del gabinete que está dedicada a ese tema. “No ha salido de cualquier lado”, dijo, y cuestionó que ni siquiera se haya citado a jerarcas, especialistas o actores vinculados al proceso penal para avanzar en la aprobación. Para el abogado, “son todas soluciones necesarias”.

    “¿Si hay una política de Estado de protección a las víctimas, con una finalidad de mejorar, por qué este proyecto duerme en un cajón?”, dijo.

    Rodríguez Hunter explicó que la decisión de trasladarlo a la comisión parlamentaria el año anterior, y por tanto dejarlo por fuera de la Rendición de Cuentas, obedeció a que es un cambio normativo “específico” vinculado a cuestiones penales y que si bien en esas instancias de análisis presupuestal se suelen modificar “normas de toda índole”, consideraron que esta merecía más discusión. “A veces pasa que se trancan los proyectos de ley” y “no es el efecto que uno quiere”, consideró.

    Discutible

    Un artículo del proyecto de ley que fue elaborado en el marco del gabinete agrega al artículo 81.2 del Código del Proceso Penal la posibilidad de que la víctima, además de “intervenir” y “ser oída”, pueda proponer prueba durante la indagatoria preliminar y el control de acusación. “En el diligenciamiento y producción de la prueba, la víctima tendrá los mismos derechos que las partes”, agrega la propuesta.

    Al respecto, Williman consideró que es un artículo “polémico” y que “podría ser discutible”, porque a su criterio “es más garantista que la prueba se ofrezca con anterioridad al control de acusación”, para evitar que lo hagan después que el imputado. Ese argumento también fue utilizado por la Asociación de Abogados Penalistas para cuestionar en 2022 la iniciativa del gobierno, porque habilita a que las víctimas puedan lograr ingresar al juicio una prueba que luego no puede ser contestada.

    El abogado resaltó que también son necesarios otros de los puntos propuestos. Uno de ellos plantea que las víctimas puedan recurrir al juez de garantías como órgano jurisdiccional con competencia para reclamar cuando les niegan realizar diligencias solicitadas, algo que “el imputado siempre pudo hacer”. Otro establece la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales.

    Información Nacional
    2023-12-13T21:50:00