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El futuro de Citrícola Salteña, cuya liquidación fue decretada en mayo por la Justicia, todavía es incierto. El gobierno —que aspira a la venta en bloque “antes de fin de año” en caso de poder destrabar dos recursos interpuestos por la empresa— ya maneja un “plan B”.
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El subsecretario de Industria, Walter Verri, explicó el 7 de octubre en una comisión del Senado la “compleja situación” que se transita para “sostener la continuidad de la producción citrícola y su valor económico y social”.
Informó que “al menos nueve grupos de inversión” expresaron interés en Citrícola Salteña, de los cuales tres “tienen potencial real” para llevar adelante la unidad productiva.
Dijo que los activos en liquidación (chacra y packing) fueron tasados en US$ 71 millones, el pasivo es de US$ 52 millones, de los cuales US$ 33 millones cuentan con garantías reales por parte de bancos y tenedores de obligaciones negociables. La base sobre la que se cree podría liquidarse es de unos US$ 40 millones, agregó.
En caso de que la venta de la empresa en bloque fracasara —o bien porque no se presentó ningún interesado o porque no se pudo desbloquear el frente judicial—, entraría en juego el “plan B”. Consiste en establecer una “red de defensa” del valor de los activos y evitar la venta por partes. Eso se lograría a través de un fideicomiso financiero que sería capitalizado por la mayor parte de los acreedores, que cederían sus derechos, y por un “socio industrial” —elegido por el administrador del fideicomiso— que aportaría “capital fresco y capital de gestión”. Verri contó que el diseño de ese instrumento está en curso y sería desarrollado por República Afisa. El jerarca dijo a Búsqueda que están negociando esa alternativa con acreedores.