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En junio el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) finalizó un tratamiento para prisioneros condenados por ofensas sexuales, con el objetivo de bajar el índice de reincidencia en ese tipo de delitos. Mientras espera la evaluación del programa, el INR trabaja en uno similar para personas encarceladas por violencia de género que prevé comenzar a inicios de 2019.
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La iniciativa “forma parte de una gran pequeña revolución” que el organismo está haciendo “para dar mayor rigurosidad técnica a la intervención” sobre los presos, dijo a BúsquedaAna Juanche, subdirectora del INR. “Hemos mirado mucho las experiencias internacionales en los sistemas penitenciarios modernos para saber qué cosas, según la evidencia empírica, funcionan para bajar los riesgos de reincidencia”, señaló.
La iniciativa “forma parte de una gran pequeña revolución” que el organismo está haciendo “para dar mayor rigurosidad técnica a la intervención” sobre los presos.
Principalmente con base en bibliografía canadiense adaptada a España por psicólogos como Enrique Echeburúa y Vicente Garrido, el INR ha diseñado programas de tratamiento enfocados a colectivos específicos de personas privadas de libertad. El primero se trabajó desde agosto del año pasado hasta junio, y se trató de un programa de control de la agresión sexual que se desarrolló en el módulo 14 del Comcar. Fueron encuentros grupales de tres horas de duración, dos veces por semana, que procuraban que los internos comprendieran su comportamiento agresivo y aceptaran su responsabilidad en el delito cometido. Con esa primera experiencia completada y bajo evaluación de la Universidad de la República, los técnicos del INR están ahora capacitándose en un segundo tratamiento para hombres condenados por violencia de género.
Ambas intervenciones buscan incidir directamente en los factores de riesgo vinculados con la conducta delictual. “Las conductas asociadas al delito están relacionadas con un conjunto de factores de riesgo, dinámicos, que pueden modificarse hasta en un 50% y un 60% para lograr reducir la reincidencia”, valoró Juanche.
Adhesión de cultura.
Un mes atrás el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, expresó el compromiso de implementar la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, entre otras políticas que el gobierno lleva adelante para intentar reducir los delitos relacionados con ese comportamiento. Según datos del Ministerio del Interior, en 2017 se recibieron más de 30.000 denuncias por violencia doméstica y otros delitos asociados, con un 72,8% de las víctimas mujeres. El 44% de las denuncias fueron por violencia física, el 36,6% por lesiones, el 43% por violencia psicológica, el 10% por violencia patrimonial-económica y el 3% por violencia sexual. De ese total, en el 68,6% de los casos el responsable fue la expareja de la víctima y en el 30,8% fueron familiares sanguíneos y políticos.
El programa que el INR iniciará el año que viene fue diseñado por el español Echeburúa, y está destinado a aquellos prisioneros que presentan un perfil psicopatológico y unos sesgos cognitivos específicos que pueden modificarse con un tratamiento psicológico. El objetivo es que los participantes comprendan su comportamiento agresivo, acepten su responsabilidad en el delito cometido y adquieran herramientas para sobrellevar situaciones de riesgo y evitar recaídas.
Según datos del Ministerio del Interior, en 2017 se recibieron más de 30.000 denuncias por violencia doméstica y otros delitos asociados, con un 72,8% de las víctimas mujeres.
En 2009 Echeburúa evaluó un programa similar que trató en 18 cárceles españolas a hombres condenados por violencia grave contra la pareja. De acuerdo al documento, la intervención buscó detectar “los pensamientos irracionales del agresor relacionados con los roles sexuales y la inferioridad de la mujer, pensamientos que resultan de gran interés en la medida en que propician la aparición de conductas violentas”.
Incluyó “el tratamiento de los síntomas psicopatológicos asociados a los hombres violentos” y se centró en el entrenamiento de la adquisición de empatía y de habilidades básicas de comunicación y de solución de problemas. Allí, entre los aspectos abordados estuvieron las “ideas distorsionadas sobre los roles sexuales y sobre la violencia como forma de solución de problemas”.
Fara De Ávila, la integrante del INR que estuvo a cargo del programa para ofensores sexuales que culminó en junio, afirmó a Búsquedaque en este tipo de casos es necesario que el preso comprenda los prejuicios existentes sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. “En muchos casos estas personas tienen una adhesión de cultura que recibieron desde una temprana edad, relacionada con cómo se cría al hombre, con concepciones del machismo. Intentamos entonces que superen esas ideas y enseñarles que tienen que tener respeto por todas las personas, más allá del género”.
