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Gobierno presenta el primer bono de impacto social en educación con “pago por resultados”
Mediante un fideicomiso el centro educativo de formación dual, Ánima tendrá financiamiento de US$ 600.000 en el marco de un piloto impulsado por el Mides y las Naciones Unidas; los aportes son de inversores privados a los que el Estado les reintegra el dinero si se cumplen determinadas metas
Centro educativo de bachillerato tecnológico Ánima en el barrio Centro en Montevideo. Foto: Mauricio Zina, adhocFOTOS
Tras cuatro años de negociaciones, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el centro educativo Ánima —organización civil que ofrece bachillerato tecnológico y formación profesional dual, académica con experiencia laboral—, junto con inversores privados, intermediarios y otros organismos estatales, presentarán en los próximos días el primer “bono de impacto social” en Uruguay aplicado al ámbito de la educación.
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El bono de impacto social implica un acuerdo entre inversores privados, una organización de la sociedad civil que lidera un proyecto —en este caso, educativo— y el Estado para financiar una actividad de impacto social con base en resultados. Por este mecanismo se acuerdan metas tales como que un determinado porcentaje de graduados encuentre trabajo, y el privado invierte a riesgo de que si no se cumplen los resultados el Estado no le devuelve el dinero.
En el modelo tradicional —entre más de 300 ejemplos de bonos de impacto social que se implementan en el mundo—, cuando se cumplen las metas el Estado devuelve el dinero más los intereses generados, y de ahí la ganancia del inversor privado.
La iniciativa partió del gobierno nacional e incluye un fideicomiso de oferta privada por un monto aproximado de US$ 600.000.
El objetivo de este “piloto” es “probar una herramienta” que luego podrá emplearse en otras áreas, explicó a Búsqueda Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides y uno de los impulsores de esta modalidad de inversión que tiene su origen en Reino Unido. El jerarca destacó que es una posibilidad del Estado para atraer capital del sector privado y atarlo al cumplimiento de resultados en proyectos que tengan algún impacto social o ambiental medible, más allá de la rentabilidad económica.
“Es como una evolución de la responsabilidad social empresarial, con una conciencia más abierta de parte de los inversores, que aumentó tras la crisis financiera de 2008”, agregó este economista, que cursó una maestría en políticas públicas en Reino Unido, donde estudió estos instrumentos financieros y trabajó temas de inversión de impacto social en la embajada británica antes de asumir en el Mides.
Actualmente, hay bonos de impacto social que se aplican en centenares de casos referidos a problemas de reincidencia de jóvenes en el delito, personas en situación de calle, integración de migrantes o protección de familias.
En este primer caso uruguayo, la finalidad es que jóvenes en situación de vulnerabilidad social de Montevideo y Canelones tengan la posibilidad de cursar una propuesta de enseñanza que reparte el tiempo entre el aprendizaje en el aula y en el mercado laboral.
Manzi argumentó que a diferencia de las donaciones especiales que ya existen para la educación —en las que el Estado renuncia a recaudar más allá del resultado— en este tipo de bonos se exige el cumplimiento de metas.
El 7 de diciembre de 2021 el Mides firmó un memorándum de entendimiento para evaluar la factibilidad de este bono de impacto social en el ámbito de la educación dual. En ese acuerdo participaron autoridades del bachillerato de Ánima, sociedad civil organizada que lidera el proyecto educativo, y el PNUD, que elaboró un estudio de prefactibilidad y presentó un informe que sugiere la modalidad de contrato que incluye un fideicomiso de oferta privada.
El director del Mides insistió en que “el objetivo” principal en esta instancia es “probar la herramienta del bono de impacto social” para ver cómo funciona en Uruguay. Este bono o contrato de pago por resultados supone la identificación de un problema social difícil de resolver, ante el cual el Estado no tiene los recursos suficientes para intervenir con éxito y sí los tienen organizaciones de la sociedad civil, pero que no disponen de financiamiento. De allí el acuerdo entre las partes.
El mecanismo elegido implica “un acuerdo complejo que involucra a muchas partes”, detalló Manzi. Del lado del Estado, además del Mides, participan, entre otros organismos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. El Banco Interamericano de Desarrollo también se involucró en el diseño del piloto.
Por otra parte, está el grupo de inversores sociales —filántropos y empresas, de momento “de carácter reservado, a falta de un par de firmas para cerrar el acuerdo”— y el proveedor social, que recibe los fondos para que el mecanismo funcione. Del acuerdo entre las partes —gobierno, inversores, intermediarios y proveedor social— se establecen la intervención y los resultados perseguidos. El Estado se compromete a devolver los fondos al inversor a medida que se van cumpliendo las metas, por lo que si no se cumplen el inversor pierde su dinero.
La idea de incorporar a Ánima —asociación civil sin fines de lucro, pionera en formación dual— como proveedor social para el plan piloto obedeció a que “atiende a una población joven y vulnerable socioeconómicamente, con la que también trabaja el Mides, y en el marco de un sistema educativo que presenta altas tasas de deserción estudiantil en bachillerato” asociado al bajo nivel de formación y al problema del desempleo juvenil, señaló Manzi. Además, el centro ya contaba con una “evaluación de impacto positiva”, añadió.
Desde el 2016, Ánima aplica la formación dual en el ciclo de bachillerato con un alto impacto en las tasas de finalización de la educación media superior, continuidad educativa e inserción laboral, según dijo a Búsqueda su directora ejecutiva Ximena Sommer. El 70% del alumnado que egresa continúa sus estudios terciarios y el 83% participa del mercado laboral.
El cumplimiento de las metas sobre una cohorte o generación de alumnos se aplicará por un evaluador independiente al centro educativo, al Estado y a los inversores. Manzi no detalló quién será ese evaluador. También se excusó —hasta que se terminen de firmar los documentos y se hagan los últimos ajustes— sobre las metas que serán exigidas, los plazos y cómo se entregará el dinero al centro educativo.
“Si esta experiencia funciona bien y la evaluamos correctamente, tendremos el instrumento armado para lanzar futuros bonos de impacto social en otras áreas”, comentó el director del Mides.
