Enterrar la basura que no se logra reciclar es la principal opción en Uruguay a la hora de resolver qué hacer con los residuos que se generan en los hogares. Se trata de una práctica que comenzó hace décadas y obedece a una razón económica, ya que es más barato que darle un tratamiento sostenible para el ambiente.
La situación parece empezar a cambiar. El Ministerio de Ambiente impulsa un giro en el paradigma, a partir del abandono del “use y tire” y la incorporación de una estrategia circular que incluye la apuesta por la clasificación en las casas y la valorización de todos los residuos.
El punto de partida refleja la dimensión del desafío. De las 66 que operan actualmente, solo seis tienen esa autorización. Son las de Montevideo, Maldonado, Rocha, Florida, Fray Bentos y Paso de los Toros, las cuales reciben aproximadamente el 65% de los residuos que se entierran en Uruguay.
Las 60 restantes operan en “condiciones inadecuadas o parcialmente adecuadas”, de acuerdo a datos de Ambiente. En algunas localidades, los residuos se entierran en depósitos a cielo abierto sin ningún tipo de control, mientras que en otras existen vertederos un poco más desarrollados que igual contaminan.
En diálogo con Búsqueda, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, definió la situación como “complicada” y dijo que lo que se ve en la mayoría de los vertederos del interior es “grave” en materia ambiental, y en algunos casos “inadmisible”.
Durante el verano se prendieron fuego las plantas de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Lavalleja, Melo, Young y Trinidad. “Es un problema permanente”, reconoció el ministro.
El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, Jorge Ramada, había señalado que la situación de los vertederos a cielo abierto era una “vergüenza para el país” (Búsqueda Nº 2.162).
En Artigas, por ejemplo, el vertedero de la capital tiene una “infraestructura deficiente”, de acuerdo a un estudio de Ambiente. Mientras que los sitios de Bella Unión, Baltasar Brum y Tomás Gomensoro no tienen las “condiciones adecuadas”, ya que disponen de un cerco perimetral para impedir el ingreso pero no poseen balanza ni cuentan con características técnicas como impermeabilización o captamiento de lixiviados, pluviales o biogás.
La situación se repite en decenas de plantas ubicadas a lo largo y ancho del país. En Salto ninguna de las tres (Salto capital, Villa Constitución y Belén) tiene infraestructura adecuada, mientras que en Tacuarembó el vertedero es anterior a 1950. En Rivera, la planta principal cumple con algunas de las condiciones exigidas pero llegó a su límite y está operando por encima de la capacidad de recepción de residuos.
Los principales impactos ambientales son la contaminación de ríos y arroyos por el escurrimiento y filtración de lixiviados, contaminación del aire por quemas a cielo abierto y descomposición de materia orgánica, lo cual también provoca la presencia de olores en las zonas donde están ubicados.
La intención del gobierno es comenzar este año con el cierre de algunos vertederos y avanzar en acuerdos para construir sitios de disposición regionales que sean ambientalmente sostenibles y reciban los residuos de varios departamentos, como forma de licuar los costos.
En este sentido, los intendentes Richard Sander (Rivera) y Wilson Ezquerra (Tacuarembó) anunciaron a fin de año un acuerdo para desarrollar una planta que trate la basura de ambos departamentos. El lugar aún no fue definido, pero la idea es que se ubique en Manuel Díaz, cerca de Minas de Corrales.
El plan involucra a los ministerios de Ambiente, Desarrollo Social y Vivienda, ya que habrá que realojar a familias que viven en la planta de Tacuarembó, y permitirá que 100 clasificadores que trabajan en el vertedero pasen a integrar una cooperativa.
La situación de los clasificadores es observada con preocupación por las autoridades, que reconocen la informalidad del sector, los riesgos —tanto físicos como sanitarios— a los que se enfrentan y la necesidad de avanzar en soluciones que los contemplen.
En setiembre del año pasado, un joven de 28 años murió en el vertedero de Paysandú tras ser embestido por una máquina Buldócer que operaba en el lugar esparciendo la basura. Las circunstancias en que se produjo el deceso son confusas y continúan siendo investigadas.
Desde la intendencia señalaron que estaba durmiendo, mientras que la familia radicó una denuncia penal porque asegura que estaba clasificando en horas de la noche. El caso recayó en la fiscal Carolina Martínez.
El abogado denunciante, Federico Álvarez Petraglia, dijo a Búsqueda que el ingreso en la madrugada se produjo con autorización de las autoridades, pese a que contravenía normas vigentes. En el escrito, el exjuez mencionó que había un acuerdo entre el gobierno departamental, algunos clasificadores y un empresario del sector para que clasificaran una vez que el lugar estaba cerrado, lo cual es rechazado por el intendente Nicolás Olivera, que aseguró a la diaria que la oposición está haciendo “política de una muerte”.
El secretario general de la Intendencia de Paysandú, Fermín Farinha, anunció esta semana que la empresa Sandeco —propiedad del empresario denunciado por Álvarez Petraglia— resultó ganadora de la licitación para gestionar el nuevo sistema de disposición final de los residuos domiciliarios.
“Con el encapsulado eliminamos el vertedero a cielo abierto, es una solución ambientalmente viable, que elimina riesgo de incendios y la existencia de vectores sanitarios. La propuesta se enmarca dentro de la Ley de Gestión Integral de Residuos, y supone una acción concreta y definitiva, que incorpora un proceso de clasificación y valorización de los residuos reciclables, destinando a la cápsula aquellos residuos que no permitan valorización”, expresó Farinha al presentar la licitación, según consignó El Telégrafo.
El sistema será similar al que funciona actualmente en Florida, también a través de una empresa privada que clasifica, encapsula y dispone los residuos.
Las intendencias gastan aproximadamente US$ 19 millones en los sitios de disposición final de basura.
Canelones tiene un vertedero en la zona de Empalme Olmos con “infraestructura deficiente” y preveía construir un relleno sanitario en Cerro Mosquitos, cerca de Soca, aunque el proyecto está detenido porque el gobierno apuesta por construir una planta que transforme el 40% de los residuos de la zona metropolitana en combustible para barcos.
Más allá del proyecto del Poder Ejecutivo, Montevideo prevé ampliar la planta de Felipe Cardoso y extender su vida útil por otros siete años.
El único departamento que produce energía a partir de los residuos es Maldonado, donde el proyecto del relleno sanitario de Las Rosas transforma biogás en electricidad que se inyecta a la red de UTE. Según informó la intendencia, la generación en 2020 de esta planta correspondió a 381 MWh.
