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Gobierno prevé prohibir cinco plaguicidas por nuevos criterios ambientales; encuesta muestra alta desconfianza de la población
Según Equipos Consultores, el 58% de los uruguayos piensa que hay “mucha o bastante” presencia de agroquímicos nocivos en las frutas y verduras y 72% opina que el Estado “no controla lo suficiente”
Verdulería en un supermercado. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Cuando a fines de 2021 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente para revisar los requerimientos actuales de registro de plaguicidas y adaptarlos a las exigencias de los diferentes mercados, la noticia fue tomada como un punto de inflexión para los actores del sector. En paralelo a los esfuerzos del gobierno nacional para incorporar por primera vez la perspectiva ambiental al registro de agroquímicos, la opinión pública muestra altos niveles de desconfianza sobre el uso de este tipo de productos y su control.
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Según una encuesta de Equipos Consultores, encargada por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), a la que accedió Búsqueda, el 58% de la población percibe que hay “mucha” o “bastante” presencia de “agroquímicos nocivos” en las frutas y verduras que se comercializan en el país (34% y 24%, respectivamente). Por el contrario, solo un 27% dice percibir “poca” presencia de plaguicidas y un 4%, “nada”.
Los resultados fueron alcanzados con base en un universo de 700 personas ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional, encuestadas entre el 24 de junio y 9 de julio de este año. La población con nivel educativo terciario y los sectores socioeconómicos altos y medios altos fueron quienes se mostraron más críticos con la gestión de este tipo de productos.
El estudio buscó conocer además la opinión de la población respecto al control de uso de los plaguicidas que se aplican a los alimentos y que pueden resultar dañinos para la salud. Sobre ese punto, el 72% opinó que el Estado “no controla lo suficiente”, en tanto que solo un 16% dijo aprobar su accionar en esa tarea.
“Se observan algunas diferencias significativas entre las variables políticas, lo que es natural al preguntar por el Estado, donde los más afines al gobierno de turno tienen respuestas más favorables a los que no son”, explica el informe.
Consultado sobre los resultados de la encuesta, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo a Búsqueda que existe una “alarma o preocupación pública” y es necesario trabajar en el tema. Por ejemplo, mencionó la posibilidad de comenzar a monitorear la exposición a plaguicidas de los trabajadores rurales o de las personas que viven en ambientes rurales. En su opinión, esa “debería ser una estrategia país” y el gobierno tendría que buscar la forma de financiarla.
También sostuvo que se podría llevar adelante un estudio con el Ministerio de Salud Pública o la Dirección de Bromatología de la Intendencia de Montevideo para analizar muestras de los diferentes productos que se comercializan en el mercado para evaluar la presencia de agroquímicos.
“Tenemos un grupo de trabajo formado por integrantes del MGAP y el Ministerio de Ambiente donde, además del registro de plaguicidas —que contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación—, estamos trabajando en una estrategia vinculada a volver más sostenible la actividad agrícola en general”, explicó Amarilla.
El jerarca se refirió a la incorporación del plano productivo dentro del Plan Nacional Ambiental, vinculado a su vez con el Plan Nacional de Agroecología impulsado por el MGAP. Sobre todo, destacó una línea de trabajo en la que avanza el Ministerio de Ambiente que apunta a la sustitución de plaguicidas convencionales por alternativas biológicas, es decir, derivadas de sustancias naturales menos nocivas.
“Queremos buscar nuevas tecnologías y generar una nueva cultura de control biológico, con bioplaguicidas o bioinsumos”, indicó. La idea, agregó el subsecretario, es comenzar a utilizar inteligencia artificial para determinar qué, cómo y cuánto producto es mejor aplicar e intentar que las soluciones químicas se reserven para “cuando no haya más remedio y no se pongan en exceso”.
Revisión
El registro de agroquímicos en Uruguay no es un mero trámite. A partir de la incorporación de la evaluación de riesgo ambiental se volvió obligatorio demostrar con evidencia los efectos que podría tener un producto fitosanitario al ser liberado al ambiente, más allá de los beneficios que pueda generar en un cultivo.
Según explicó a Búsqueda el director de Servicios Agrícolas del MGAP, Leonardo Olivera, la idea es “reevaluar todos los productos que se están registrando” y determinar “desde su toxicidad para los organismos polinizadores como las abejas hasta los organismos acuáticos, de suelo o ambientales”.
“Realmente no habilitamos productos si tienen algún riesgo que sea inaceptable”, indicó Olivera.
En esa línea, el jerarca informó que próximamente el gobierno prevé emitir una resolución para prohibir cinco agroquímicos hoy autorizados. Según dijo, se trata de químicos que los productores no usan frecuentemente y para los que existen sustitutos más amigables con el medioambiente.
Por último, el jerarca hizo énfasis en que lo importante no es prohibir en sí mismo un principio activo —algo cuestionado muchas veces por el diputado del PERI, César Vega— sino entender “la forma y el lugar” donde se debe aplicar, para que no cause efectos indeseados.
El plazo para introducir los nuevos cambios en el registro de plaguicidas vence en dos meses.
