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“El gobierno decidió que no hay música y decidió que no hay fiesta”, dijo ayer Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) tras el anuncio del Ministerio de Salud Pública (MSP) de que no se abrirá el corralito mutual, que habilitaba en cada febrero el libre trasiego de socios de una mutualista a otra.
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“Tenemos información de que hay operadores interactuando, tratando de continuar con la modalidad de intermediación lucrativa —el pago de dinero para que las personas se cambien de una institución a otra, que es ilegal— y eso nos lleva a tomar esta decisión. Hemos percibido que hay un modus operandi preparando el terreno y lo estamos comunicando con suficiente anticipación para desestimular cualquier procedimiento”, dijo en conferencia de prensa ayer miércoles 13 el ministro de Salud, Jorge Basso.
En su edición del 9 de noviembre Búsqueda informó que el ministro había sondeado con directivos de mutualistas la posibilidad de suspender la apertura del corralito, algo que no fue de recibo por la mayoría de las instituciones. La noticia de ayer sorprendió al sector mutual. “Hay desconcierto. No se esperaba y fue totalmente inconsulto. Hace unas semanas nos dijeron que se abría”, dijo a Búsqueda una fuente del mutualismo. El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, dijo sin embargo, que los directivos mutuales “son conscientes” de que había “problemas”, aun con las medidas que se planeaban tomar.
El anuncio se hizo con casi dos meses de anticipación para “desestimular que las instituciones promuevan algún tipo de mecanismo de promoción o generen gastos”, explicó Basso. Las mutualistas gastaron en total unos US$ 18 millones en publicidad los primeros meses del año, orientada a captar socios durante la apertura del corralito, según datos que maneja el MSP. Ese dinero proviene de la población y es destinado a “prácticas comerciales”, cuando debería tener como fin mejorar la asistencia en salud, opinó el ministro. “Estamos trabajando para ver de qué manera podemos orientar esos dineros”, agregó.
Para Bermúdez se trata de una medida “absolutamente acertada”. “En febrero no se abre la movilidad regulada porque no favorecería a la gente, favorecería a los que se llenan los bolsillos con la salud de los uruguayos”, opinó.“Los folletos y los boletines para captar socios parece como si las instituciones estuvieran vendiendo una excursión aérea a Cancún y están ofreciendo el cambio de mutualista”, ironizó el sindicalista, “Acá el juego es así, cuando empiezan a pujar por llevarse a los afiliados hasta los que no quieren entrar en el juego tienen que entrar. Todos terminan bailando la música de quienes la ponen y es algo que el gobierno decidió cortar esta vez, no habrá baile en febrero”, dijo Bermúdez.
Pero hay otras voces. Fuentes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) dijeron a Búsqueda que la medida es “desafortunada”, que “atenta contra la libertad individual” y “castiga a las instituciones que hacen las cosas bien”. El diputado blanco Martín Lema también fue crítico con la decisión del MSP. “No puede seguir tomando medidas improvisadas. Con este tipo de medidas queda claro que cuando el Frente Amplio habla de una segunda generación de la reforma pretende disimular los problemas de gestión. La segunda generación de la reforma es ciencia ficción”, dijo a Búsqueda.
Tres motivos.
Todos los años en febrero las personas por sola voluntad y sin mediar explicación podían realizar el trámite y cambiarse de mutualista. Ahora, a partir de enero, deberán enviar una nota para solicitar el cambio a la Junasa. Deberá ir acompañada de una declaración jurada expresa del usuario que garantice que no existe complemento económico de por medio. La decisión será evaluada caso a caso y se determinará si puede hacerlo o no. Las personas que presenten la solicitud ante la central del MSP, o las juntas departamentales de Salud si están en el interior, deberán justificar el cambio por alguno de los siguientes motivos: económicos (porque la persona ya no puede pagar los copagos de la institución privada y desea cambiarse a ASSE), porque cambia de domicilio (si la institución a la que está afiliada no tiene representación cercana al nuevo lugar de residencia), por disconformidad manifiesta con el servicio brindado (debe haber motivos claros de mala atención y evidente mal servicio brindado que justifique el cambio).
El mecanismo ya está en funcionamiento en el MSP y habitualmente la Junasa recibe entre 300 y 400 solicitudes por mes por estos tres motivos. Esta modalidad “transitoria” estará abierta sin plazo definido de cierre, informó Basso.
Mientras tanto el gobierno está trabajando con el Banco de Previsión Social (BPS) para instalar un mecanismo que dé garantías y permita que las personas puedan simplemente desde una computadora realizar el cambio, pero para esto aún no hay fecha.
“Estamos haciendo la apuesta en avanzar hacia el gobierno electrónico y la tecnología va a evitar que otros actores interfieran en la toma de decisión” de las personas que desean un cambio de institución, dijo Basso. De todos modos, implementar ese sistema “va a llevar un tiempo”, aclaró. El gobierno quiere que para evaluar un cambio las personas consideren los estándares de calidad y las buenas prácticas asistenciales, y que las instituciones “compitan por calidad a través de los indicadores y performance”, dijo Basso, en lugar de gastar en publicidad.
