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Gobierno suspende la construcción de un campus educativo para jóvenes que delinquen que mejoraría condiciones en Colonia Berro
En los últimos tres meses aumentó la cantidad de menores presos; para la directora del Inisa por el Frente Amplio es consecuencia de las medidas aprobadas en la Ley de Urgente Consideración
En noviembre del año pasado el gobierno anunció una gran inversión para instalar un “complejo socioeducativo” destinado a los adolescentes en conflicto con la ley. La obra, que costaría unos $ 380 millones, permitiría cerrar dos centros para menores cuestionados por carecer de condiciones dignas. El nuevo complejo se instalaría en el predio de la Colonia Berro para sustituir de forma gradual al viejo edificio construido a comienzos del siglo XX.
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La obra, sin embargo, quedó por el camino. “Nos quedamos sin el proyecto de campus socioeducativo que se había previsto en la administración anterior”, lamentó Andrea Venosa, directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en representación del Frente Amplio.
En el directorio del Inisa hay preocupación por la falta de recursos para cubrir el presupuesto del organismo, ya que el dinero asignado para gastos de funcionamiento e inversiones en el próximo quinquenio es 41% menos respecto al ejercicio 2019, dijo Venosa.
La jerarca sostuvo que el Inisa no podrá concretar el proyectado centro socioeducativo debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “cerró la posibilidad de tener un crédito” y financiar la obra a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Al participar el jueves 1o en la comisión de Diputados que estudia el proyecto de Presupuesto del gobierno, Venosa planteó que el Inisa necesita recursos para construir nuevos centros, ya que los actuales edificios de la Colonia Berro “no cumplen con la finalidad socioeducativa para los adolescentes”.
La directora especificó que el proyecto de Presupuesto reduce a $ 41 millones el rubro inversión, cuando antes rondaba los $ 116 millones. “Este monto que se asigna para estos años venideros no va a alcanzar ni siquiera para hacer pequeñas reparaciones en edificios que son muy viejos y en otros que fueron construidos en 2013, que tienen algunas deficiencias de diseño o de construcción y que también hay que reparar”, explicó.
La directora Sandra Etcheverry, del Partido Nacional, afirmó que se llevó “algunas sorpresas” cuando vio los créditos asignados para el ejercicio y dijo que transmitieron al MEF y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que necesitan más dinero para realizar inversiones. “Hemos encontrado una buena disposición de los dos organismos para que seamos contemplados frente a las necesidades edilicias y en el área de funcionamiento”, dijo la representante del oficialismo. Pero luego agregó: “Quizás soy muy optimista”.
El Inisa tuvo una ejecución del gasto de alrededor de $ 380 millones en 2019, pero el MEF planteó una línea presupuestal de $ 260 millones. Venosa dijo que para 2020 el gasto total será de unos $ 401 millones. “Ahí están todos los rubros, que van desde combustible, alimentación, vestimenta, funcionarios. Nosotros somos un inciso nuevo, este es nuestro primer presupuesto. Hay que recordar que muchos gastos los cubría el INAU, y en vez de reforzar, nos recortan”, criticó.
Tener recursos para obras es clave, según las autoridades. El presupuesto para gastos que se le asignó al organismo no alcanza para hacer mejoras estructurales. Cerrito, uno de los centros de la Colonia Berro, “se está cayendo debido al estado ruinoso” en el que se encuentra, afirmó Venosa.
Mejorar las instalaciones permitirá al organismo cumplir con las normas internacionales sobre detención de adolescentes, en cuanto a mejores celdas, lugares multiuso para actividades sociales y comedores.
Aumento de presos.
En la sesión de la comisión parlamentaria del jueves pasado desde el Inisa informaron que en los últimos meses se registró un leve incremento en el número de adolescentes presos. Para Venosa, esto se debe al impacto de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que comenzó a regir a principios de julio de este año y que incluyó artículos que endurecen las medidas contra los adolescentes infractores, como el aumento a dos años de la privación de libertad mínima obligatoria para determinados delitos y la suba de la pena máxima de 5 a 10 años.
Venosa informó a Búsqueda que al 24 de julio había 270 menores privados de libertad, mientras que a principios de este mes la cifra creció a 311. “Aumentaron 41 adolescentes en tres meses, justo cuando comienza a regir la LUC”, dijo. Venosa advirtió que en esa ley se eliminó la suspensión condicional de la pena, una medida utilizada por los jueces para dejar en suspenso el proceso cuando se trata de delitos leves. “Los adolescentes no caían privados de libertad, sino que los jueces aplicaban otras medidas”, señaló.
Venosa dijo que ya hay cinco adolescentes a los que se les aplicó una pena de más de cinco años por delitos graves. “La institución no está preparada para trabajar en procesos profundos con estos adolescentes”, señaló.
La directora Etcheverry planteó su diferencia sobre el impacto de la LUC en las penas impuestas a los menores y dijo que se necesitan al menos seis meses de evaluación para saber si hay efectos de la norma en el incremento de los adolescentes procesados.
En la comisión, la presidenta del organismo, Rosana de Olivera (Cabildo Abierto), presentó un informe sobre la situación del Inisa y mencionó algunos gastos que deben enfrentar. Indicó, por ejemplo, que el instituto tiene una flota de 20 camionetas marca Mercedes Benz Sprinter que “no se ajustan a las necesidades” del organismo. “Desde el punto de vista funcional son muy altas, por lo que no entran en los juzgados ni en Fiscalía. Son vehículos para 15 pasajeros, y en la mayoría de los viajes no transportan más de cinco. Sumado a ello, los costos de service y mecánica son altos”. Por eso dijo que sería bueno evaluar la posibilidad de cambiarlas progresivamente por vehículos “más prácticos” y más ajustados al presupuesto del Inisa.
El diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) se quejó por la compra de las camionetas, que consideró una “falta de respeto al dinero de los contribuyentes”, y dijo que se debe investigar por qué se hizo la licitación.
Su compañero de bancada, Eduardo Lust, evaluó el gasto que se hace por cada adolescente preso. Según sus cuentas, cada joven cuesta unos US$ 7.000 al mes. “Entonces, hasta estoy pensando en cerrar el Inisa y hacer algo en serio con esa cifra multimillonaria, porque si traducimos US$ 7.000 a moneda nacional es mucho dinero. Esos jóvenes lo valen, pero que gastemos US$ 7.000 por mes y nos presenten un campo de concentración no lo puedo admitir; disculpen si lo digo, pero la gestión anterior ha sido un fracaso”.