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La bioeconomía representó el 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo en 2018. Además, participó en el 17,7% del total de empleos del país y en el 42,6% de las exportaciones, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura publicados recientemente. De a poco, el impulso de este nuevo paradigma productivo —que utiliza recursos, procesos e insumos de base biológica— toma más fuerza y se hace notar en los números, en un mundo preocupado por mitigar los impactos negativos de la explotación humana en el medio ambiente.
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Para seguir expandiendo la economía sostenible, ahora el gobierno uruguayo trabaja, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la elaboración de indicadores que permitan implementar una Estrategia Nacional de Bioeconomía. En esa línea, autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y representantes de la FAO presentaron el 19 de agosto los resultados preliminares del estudio Bioeconomía sostenible en Uruguay: desafíos y oportunidades para su evaluación y monitoreo.
El concepto bioeconomía refiere al uso intensivo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en el aprovechamiento de los recursos biológicos para la producción de nuevos productos o servicios que contribuyan a la sostenibilidad del planeta. En ese sentido, Tito Efraín Díaz, representante adjunto de la FAO en Uruguay, dijo a Búsqueda que Uruguay hoy se encuentra en el “momento justo” para desarrollar una estrategia en esa línea. “Ya tiene un reconocimiento mundial en el manejo sostenible de sus recursos naturales y biológicos. Además, es reconocido en el mundo por su producción natural, sus servicios ecosistémicos y la protección de la biodiversidad, y ese es un elemento esencial”, opinó. “Algunos países están haciendo intentos, pero a escala internacional esto permite a Uruguay jugar en las grandes ligas al desarrollar una estrategia de largo plazo”, comentó.
Por su parte, la economista y consultora de FAO para el proyecto, Sofía Polcaro, explicó que si bien la nueva estrategia de bioeconomía se encuentra pendiente de aprobación, Uruguay trabaja en el tema desde hace varios años y ha situado la práctica como un eje de su transformación productiva.
Ahora se busca obtener “un conjunto de indicadores de sostenibilidad que permitan tener información relevante y concisa, dentro de un marco coherente vinculado a las dimensiones económicas, ambientales y sociales”, señaló. Además, se pretende que este nuevo sistema esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y que contribuya a alcanzar las metas planteadas por Uruguay.
La idea es que al contar con información estadística, un análisis de flujo de materiales de base biológica y un estudio por sector distintos actores puedan acceder a la información necesaria para la toma de decisiones. Según dijo Polcaro, muchos de esos datos ya son monitoreados pero se encuentran desorganizados o bajo la órbita de diferentes instituciones.
“Se busca juntar y reunir esa información relevante para el monitoreo de la bioeconomía y a partir de eso empezar a visualizar cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene el país”, afirmó.
Dentro de la dimensión económica, por ejemplo, se pretende medir la contribución de la bioeconomía al PIB o evaluar la valorización de los subproductos derivados de productos seleccionados que hoy no son aprovechados, como la leche en polvo, el suero y el estiércol dentro del sector lechero. En cuanto a la dimensión social, los indicadores pretenden medir aspectos como la cantidad de empleados en cada sector o el tipo de organización mayoritaria utilizada en cada rubro. Y en relación con la dimensión ambiental, algunos de los puntos a monitorear refieren a la emisión de los gases de efecto invernadero en diversos sectores productivos.
Nuevas miradas.
Muchas veces se visualiza a los sistemas productivos de forma errónea, como prácticas intensivas que no producen tanto valor, que no incorporan ciencia y tecnología y que incluso ocasionan pérdidas y desperdicio. La bioeconomía es una oportunidad para “trascender esa mirada” e ir hacia nuevos modelos de negocio que sí encadenan procesos y servicios que agregan valor, opinó Marcelo Sadres, consultor de Enlace y Procesos Estratégicos de FAO.
“Esa nueva mirada para Uruguay es bien importante porque ya tiene un camino recorrido en cuanto a ser un muy buen productor de biomasa, que es el punto de partida de este concepto”, sostuvo. A través de esta nueva metodología se podría determinar cómo se va transformando la biomasa generada a lo largo del proceso productivo desde una óptica más ambiental, al identificar cuánto esfuerzo productivo se hace a escala nacional para producir un bioproducto determinado: cuánta agua se usa, cuántos efluentes se producen y cuántos productores se dedican a ello.
“Deberíamos poder evaluar cuál es el peso relativo de la bioeconomía en la economía nacional, cómo evoluciona en el tiempo, cuántos puestos de trabajo produce, cuántos residuos se generan y cuántos se aprovechan, cómo medimos el proceso de descentralización a través de esta práctica. Esas son las cosas que tiene que poder responder esta estrategia y que hoy, en principio, no se pueden contestar porque esa información como tal no está desagregada”, explicó Sadres.
Díaz, por su parte, opinó que “tener un marco de indicadores creíble” es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de esta política, por lo que contar con una plataforma de conocimiento accesible a las industrias será fundamental. En esa línea, el especialista se refirió a la producción uruguaya de carne, cuyos indicadores permiten observar que el país hoy se acerca a sistemas totalmente carboneutrales. “Eso le da un posicionamiento en el comercio internacional, pero tiene que poder mostrarlo”, explicó. Y cerró: “Uruguay es de los países de América Latina que está en mejores condiciones para posicionarse en la agenda mundial en estos temas”.
Además de trabajar junto con el MGAP en el desarrollo de este proyecto, desde la FAO también han desarrollado acciones junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Ambiente.
