Gobierno y empresarios mostraron su sintonía en la Expo Prado

En general, los secretarios de Estado repasaron las medidas tomadas en los primeros seis meses de gobierno, atravesados por la emergencia sanitaria, e indicaron que lo dicho en la campaña electoral se ha venido cumpliendo a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y en el proyecto de Presupuesto quinquenal.  Arbeleche repitió que las reformas introducidas buscan “quitarle las mochilas al sector privado”, para reactivar la economía y el empleo (ver página 21).

“En estos próximos días estaremos impulsando un decreto que determine con claridad los procedimientos correspondientes para aquellos casos en que alguna medida de ocupación de los lugares de trabajo impida el ejercicio” de los derechos de los no huelguistas y de los directores de la empresa a ingresar, “para lo cual habrá de derogarse los decretos preexistentes”, anunció.

Agregó que en el marco del diálogo “antes de fin de año” también se presentará un proyecto de ley para resolver las observaciones planteadas por la Organización Internacional del Trabajo, hace más de una década, al marco de la negociación colectiva uruguayo.

También se refirió a un proyecto de ley sobre “personería gremial”, a la regulación del teletrabajo “que vino para quedarse” y a un marco de “modernización” de los Consejos de Salarios para que pasen de ser una “pulseada” a un espacio donde se comparta más información que permita “aumentar los consensos”. Por último, se refirió a establecer “procedimientos concretos para los descuelgues” salariales.

Coincidencias y pendientes

Al inicio del evento, el presidente de la confederación, Gerardo García Pintos, resaltó la importancia de la actividad empresarial y reclamó la “mejora permanente de las condiciones de competitividad y del clima de negocios e inversión”. “Con más competitividad, gestión, orden, estabilidad y confianza en las reglas de juego tendremos más inversiones, actividad, empleo y bienestar”, indicó.

Repasó la agenda de cambios que la supragremial —integrada por 27 organizaciones empresariales— viene planteando públicamente.

La CCE agradeció lo “receptivo” del gobierno a los “reclamos y preocupaciones del sector productivo”.

Celebró algunos “avances” introducidos en la LUC y en el proyecto de Presupuesto, así como los cambios en la gestión a distintos niveles.

Destacó que se haya puesto en marcha “una batería de medidas” que buscan recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas y la “reorientación” en el accionar del BCU para “reducir definitivamente la inflación”. En ese sentido, la CCE instó a “cuidar los balances macro” para evitar que el “proceso de desinflación no se logre a costa de un nuevo proceso de atraso cambiario”.

Entre los “aciertos” enumerados en el documento está la “regla fiscal” aprobada en la LUC para “ponerle un límite al crecimiento ilimitado del gasto público y la presión fiscal” y la conformación de una comisión de expertos para debatir una reforma de la seguridad social.

En cuanto a la gestión de las empresas públicas, la CCE señaló que los cambios instrumentados en los últimos meses “van en la dirección correcta, aunque algunas reformas son insuficientes y avanzan más lento de lo esperado”. Lamentó que a la fecha no se hayan rebajado las tarifas de los servicios públicos, e indicó la “necesidad” de que el objetivo de mejora del resultado de los entes “no se alcance a costa de mantener el status quo del sistema de tarifas actual”, sino que sea por un proceso “genuino de mejora de eficiencia y a productividad”. La CCE pretende que se avance de “forma rápida” hacia un esquema de fijación de precios que elimine los “sobrecostos y subsidios cruzados” y se elimine la obligación de la mezcla de biodiesel que encarece el gasoil.

En materia de relaciones laborales, se refiere al “acierto” en la LUC de garantizar el ejercicio pacífico del derecho de huelga, a la vez que el de los no huelguistas y el de la dirección de las empresas.

Y marca coincidencia en aspectos vinculados a la educación, la infraestructura y el funcionamiento del Estado.

En cuanto a los temas que están “pendientes”, la CCE menciona: “Limitar la distribución de utilidades” de las empresas públicas para que el Estado “se vea obligado a tener mayor disciplina fiscal”, definir metas de gestión para sus directores y la destitución automática en caso de incumplimiento.

En materia de política de inserción internacional, señala que se espera un “cambio radical” en las relaciones internacionales porque es “urgente” para las empresas y para recomponer el empleo.

Agrega que los cambios introducidos en mejorar el sistema de garantías para que las pequeñas y medianas firmas accedan al financiamiento se extiendan pospandemia. Y propone elevar los niveles de los tramos de venta de las pequeñas y medianas empresas de modo de aliviar la carga tributaria que inhibe su crecimiento.