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El catedrático en Derecho Penal Gonzalo Fernández es abogado del ex presidente del Banco República Fernando Calloia en el “caso Pluna” y al mismo tiempo es defensor del abogado Ricardo Olivera García, quien es investigado por causar un presunto perjuicio al Estado en el mismo caso, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
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Según las fuentes, Fernández y su socio Renato Echeverría patrocinan a Olivera García, quien deberá declarar el viernes 9 de mayo ante el juez penal de quinto turno José Gómez y la fiscal Mónica Ferrero por presunto prevaricato.
La denuncia fue derivada del juzgado de crimen organizado que investiga el tema Pluna porque el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos consideran que no son competentes para investigar la conducta del profesional pero que sí debe hacerlo un juzgado penal común ante la posibilidad de que se configure un delito.
Los juzgados de crimen organizado fueron creados en 2009 con una competencia muy específica: investigar los casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, entre otros.
El prevaricato, en cambio, es una figura penal muy poco utilizada que penaliza el comportamiento profesional desleal.
Según el artículo 194 del Código Penal “el abogado o procurador que, faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende o represente judicial o administrativamente, será castigado con 100 UR (cien unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a ocho años”.
Según las fuentes, la conducta de Olivera podría encajar en esa figura porque el profesional primero defendió los intereses del empresario Matías Campiani contra el Estado al frente de Leadgate y poco tiempo después pasó a defender los intereses del Estado en la redacción de una ley que fue declarada inconstitucional (Búsqueda Nº 1.740).
Olivera García es catedrático en Derecho Comercial y como profesional en esa materia fue el encargado de asesorar al gobierno en la creación del fideicomiso de Pluna. Esa ley fue declarada inconstitucional por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia que, entre otros argumentos, consideró que la norma violentaba el principio constitucional de separación de poderes.
Debido a la declaración de inconstitucionalidad de la ley es posible que el Banco República deba hacerse cargo de pagar el aval de U$S 13,6 millones que esa institución financiera otorgó a la desconocida empresa Cosmo para que se presentara a la subasta de los aviones de Pluna. Ese aval estaba siendo pagado por el propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena, pero debido a la caída de la ley el empresario considera que no debe seguir haciéndose cargo de esa obligación. López Mena y los abogados del Banco República no se pusieron de acuerdo sobre este punto en una audiencia de conciliación celebrada a mediados de marzo (Búsqueda Nº 1.757).
El hecho de que López Mena se hiciera cargo de pagar el aval respondió en su momento a una gestión que también realizó el abogado Gonzalo Fernández, quien cobró por ello honorarios en el entorno de los U$S 140.000.
Según fuentes oficiales, Olivera García cobró al Estado por su trabajo unos U$S 400.000
A partir de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Pluna la actuación de Olivera García comenzó a ser cuestionada en diversos ámbitos. Incluso el propio presidente José Mujica valoró que el gobierno se “comió la pastilla” contratando a ese profesional.
Uno de los elementos que más molestia causó en filas oficiales fue el hecho de que el catedrático en Derecho Comercial haya trabajando anteriormente para Leadgate, el socio mayoritario del Estado en Pluna, cuyos tres principales ejecutivos (Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde) terminaron procesados por la Justicia de crimen organizado por estafa. Según las fuentes consultadas, la actuación de Olivera fue determinante para que Campiani consiguiera una “cláusula de indemnidad” que lo deja a resguardo de la posibilidad de que el Estado le inicie un juicio civil para recuperar parte del dinero perdido en Pluna.
