En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El papel que debe asumir el Estado frente a las nuevas aplicaciones tecnológicas que ofrecen servicios a través de Internet es una discusión a escala mundial. Por la novedad del tema, la mayoría de los gobiernos no tienen una postura clara al respecto. Incluso los países más desarrollados no saben con certeza cómo actuar cuando estas se instalan, ni cómo regularlas, en caso de que elijan recorrer ese camino.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En Uruguay, a mediados de marzo, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para regular las aplicaciones que brindan servicios por medio de la red. La legislación propuesta apunta, entre otras cosas, a cobrar impuestos a las empresas que están detrás de estas tecnologías y prevé mecanismos duros en caso de que no cumplan las exigencias estatales, como la congelación de cuentas bancarias.
Organizaciones relacionadas con la defensa de la libertad en Internet ya plantearon sus reparos respecto al texto. Distintas fuentes vinculadas a la actividad de Google en Uruguay —una de las empresas más importantes del mundo que basa sus negocios en Internet— dijeron a Búsqueda que la compañía está “preocupada” por la iniciativa del gobierno.
A fines de 2015, durante una visita a Uruguay, el vicepresidente de Google, Vinton Cerf, marcó con claridad la posición de su empresa. “Es mejor no regular”, dijo, en referencia a las aplicaciones tecnológicas que operan a través de Internet, según publicó el diario “El País” el 4 de diciembre.
Ese mes, aprovechando la llegada del ejecutivo —que es considerado el “padre de Internet”— se instaló en Uruguay la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), una asociación civil internacional sin ánimo de lucro creada por varias empresas, entre las cuales, además de Google, se encuentran Facebook y Yahoo.
El director ejecutivo de Alai, Gonzalo Navarro, declaró a Búsqueda que el proyecto de ley tiene un “enfoque errado” y, de ser aprobado, afectará el funcionamiento de Internet y de las empresas que operan a través de esta plataforma.
El artículo 3 del proyecto dice que las empresas que brindan servicios a través de Internet serían controladas por el Estado bajo leyes que ya existen. Eso significa que, si una empresa ofrece una aplicación tecnológica para brindar servicios inmobiliarios o de transporte, o que hace de intermediaria entre el cliente y el oferente en esos rubros —como Uber y Airbnb, respectivamente—, pagaría los mismos impuestos y cumpliría las mismas obligaciones que una empresa inmobiliaria o de transporte tradicional.
El artículo 9 faculta al Banco Central a impedir preventivamente la transacción de fondos o “cualquier otra operación” desde y hacia las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas en caso de incumplimiento. Esa decisión debería ser comunicada por el organismo del Estado a la Justicia, que al final decidiría si corresponde o no aplicar esa medida. Si venciera el plazo de tres días hábiles y la Justicia no emitiera opinión, el Banco Central continuaría con el congelamiento de las cuentas.
Para Navarro, el proyecto plantea una regulación “desproporcionada”. El contenido del texto es “extensivo y excesivo” y atenta contra la libertad de empresa y de expresión, dijo. Aseguró que son pocos los países del mundo que han impulsado una iniciativa “tan fuerte” desde el punto de vista regulatorio.
La propuesta, señaló, le generó “sorpresa” por la actitud que hasta ahora había mantenido Uruguay en materia de políticas públicas en favor del “crecimiento” y el “desarrollo” de los servicios de Internet.
El Plan Ceibal, que fue impulsado en 2007 durante el primer gobierno del Frente Amplio, tiene como objetivo entregar una computadora portátil a cada niño y a cada maestro de la educación pública, y facilitar de esa manera la conexión a Internet de toda la población. La instalación de fibra óptica en los hogares, que mejora la velocidad de conexión a la red de las empresas y los ciudadanos, iniciada en 2011 durante el segundo período de gobierno frenteamplista, fue otra de las políticas que Uruguay impulsó en esa dirección.
Navarro opinó que la iniciativa de regular supone una contradicción con el camino recorrido hasta ahora. “Por un lado, Uruguay viene construyendo toda una reputación en cuanto a permitir el desarrollo de Internet e incluso fomentarlo, y, al mismo tiempo, con este proyecto le pone trabas a su desarrollo y atenta gravemente contra la innovación”.
El ejecutivo aclaró que él no representa la opinión particular de las empresas que integran la organización que preside, pero que sí defiende los principios que estas encarnan. “Nosotros representamos la opinión general del sector de las empresas que ofrecen servicios sobre Internet”, dijo. Y apuntó: “Es muy difícil que se encuentre una opinión distinta (a la nuestra) en la industria y en el sector de Internet en el mundo”.
Tanto Google, Facebook y Yahoo, como las otras empresas que integran Alai (Mercado Libre, Pedidos Ya, Restorando, Despegar.com y Workana), no suelen hacer públicas sus opiniones sobre proyectos de ley regulatorios cuando están en etapa de discusión.
En diálogo con Búsqueda, la gerenta de comunicaciones de Google para Argentina y Uruguay dijo: “Por el momento, Google no hará comentarios sobre este proyecto de ley que aún se encuentra en sus primeras etapas de discusión”.
Otras fuentes vinculadas a la empresa comentaron a Búsqueda que la compañía es “muy cuidadosa” y “respetuosa” de las discusiones parlamentarias, pero que está “preocupada” por el espíritu y el alcance del proyecto.
La Cámara de la Economía Digital del Uruguay (Cedu) también hizo sus críticas. “Estamos dando un mensaje de que el Estado es mucho más severo en el mundo online que en el mundo de ladrillo, donde no se prevé la congelación de cuentas bancarias por vía administrativa”, declaró a Búsqueda su presidente, Marcelo Montado.
La Cedu ya mantuvo reuniones con los legisladores oficialistas y opositores que integran la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y con el Poder Ejecutivo. Los diputados están revisando el proyecto y están abiertos a “realizar cambios”, informó el diario “La República” el lunes 4.
