Considerando las áreas forestadas en Uruguay, la producción forestal “no parece haber desplazado de manera significativa otros usos de la tierra, sino que ha diversificado la producción, tanto a escala predial como nacional”, según la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA).
Ese grupo advirtió que “esta situación, sin embargo, puede cambiar en el futuro de acuerdo con las fuerzas del mercado que determinan el precio de la tierra y los ingresos de las diversas actividades (forestación versus agricultura, ganadería, lechería y otras)”. “De ahí que sea importante que la normativa sea revisada con una visión de largo plazo”, indicó.
La AIA planteó ese asunto en un reporte divulgado el martes 16 en su sitio web, con una serie de “consideraciones y propuestas sobre el marco legal que regula la forestación” en Uruguay y sobre el proyecto de ley sobre suelos de prioridad forestal, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora pasa a estudio del Senado.
Ese proyecto, presentado por Cabildo Abierto (CA), produjo discrepancias entre los partidos que integran la coalición de gobierno y contó con el voto a favor del Frente Amplio y del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega.
“La discusión de este proyecto de ley en el Parlamento abre una oportunidad única para revisar, actualizar y mejorar la normativa vigente”, consideró.
La AIA solicitó al Poder Legislativo una audiencia para analizar este tema, pero quedó pendiente por la suspensión de actividades debida a los casos de coronavirus en el ámbito parlamentario, dijo a Búsqueda su presidente, Juan Pablo Furest. Y comentó que ante esa situación se decidió dar a conocer públicamente la posición y las sugerencias técnicas de la asociación.
Esa gremial, en su comunicado, enfatizó que “defiende el desarrollo sustentable de todas las actividades agropecuarias, incluida la forestación”. “La diversificación productiva favorece un manejo más racional de los recursos naturales y contribuye a la sustentabilidad de las empresas”, argumentó.
En el campo local hay unos cuatro millones de hectáreas identificadas como de prioridad forestal (PF). La AIA indicó que esas tierras “fueron identificadas como tales por equipos técnicos especialistas, haciendo uso de la mejor información existente hace 33 años sobre los suelos y las tecnologías de producción”.
La situación “hoy ha cambiado: las tecnologías de producción forestal y agrícola han avanzado enormemente durante las últimas décadas, el país conoce mucho más sobre sus suelos, y es oportuno pues una nueva mirada sobre el marco regulatorio actual, sus debilidades y fortalezas, y las posibilidades de mejorarlo”, analizó.
Según la AIA, de esos cuatro millones de hectáreas de prioridad hoy están plantadas “únicamente alrededor de un millón”.
“Al haberse llegado a un área forestada significativa, que sería suficiente para abastecer las necesidades de las plantas que hoy operan, y existiendo aún amplias posibilidades de expansión en tierras de prioridad forestal”, esa gremial propuso que “los esfuerzos en el futuro deberían orientarse a continuar con un desarrollo ordenado de la forestación, consolidando e incrementando la integración del rubro con otras producciones, sin desplazarlas sino complementándolas, fortaleciéndolas, y protegiendo recursos naturales claves para el país (suelos, pasturas, montes nativos, biodiversidad y aguas)”.
El debate parlamentario sobre la normativa vigente abre “una oportunidad para revisarla y ajustarla a los cambios” señalados, planteó la gremial.
Impactos
Para “enriquecerlas”, la AIA puso a disposición de los legisladores una serie de recomendaciones y convocó a especialistas que trabajan en la producción, otros que investigan los efectos de la forestación sobre los suelos y en el ciclo hidrológico de las cuencas, así como a expertos que participaron en los años 60 y 70 en los relevamientos y clasificación de los suelos del Uruguay, y en la elaboración de la cartografía Coneat y su utilización para definir las tierras de prioridad, tal como figuran en la ley vigente.
El informe fue elaborado por los agrónomos Juan Molfino, que cuenta con maestría en Edafología y Manejo de Suelos de la Universidad de París y que trabajó en la División de Suelos y Aguas del Ministerio de Ganadería (MGAP), Federico García Préchac, exdecano de la Facultad de Agronomía y exdirector de Recursos Naturales del MGAP, y Rubén Puente, con doctorado en manejo de suelos de la Universidad de Texas.
Entre los aportes que planteó la gremial de agrónomos figuran algunas definiciones, específicamente una establecida en el artículo 5º de la Ley 15.939. Esa norma describe el concepto de “prioridad forestal” como aquellos terrenos que, por sus “condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso”. Ese concepto es universalmente aceptado por los países de mayor desarrollo forestal, según la AIA.
La gremial sostuvo que en esta definición “se mezclan necesariamente aspectos técnicos y políticos a veces difíciles de delimitar y que los aspectos técnicos (agronómicos, ambientales, entre otros) deben tenerse en cuenta conjuntamente con los posibles impactos económicos y sociales” para Uruguay.
La AIA recalcó su apoyo al desarrollo forestal y reconoció sus aportes a la economía nacional, a la generación de empleo y a la diversificación de la matriz productiva del sector agropecuario.
No celulósicos y nativos
Al poner sobre la mesa otras recomendaciones referidas al asunto en cuestión, la gremial de agrónomos advirtió que “frecuentemente se identifica forestación con plantaciones orientadas a proveer materia prima a las plantas de celulosa”.
“Alrededor de un 80% de la actual forestación tiene ese destino, pero hay un 20% de la forestación que se destina a otros usos de la madera de mayor valor agregado”, indicó.
Consideró que “también se suele ignorar la utilización de biomasa para combustible en la matriz energética nacional”.
“Estos destinos no celulósicos de la forestación también van a ser afectados por cualquier limitación general, como la que se está discutiendo en el Parlamento”, advirtió.
Y planteó que hay “experiencias de forestación con especies nativas que deberían promoverse”. “Los destinos no celulósicos y la forestación con especies nativas no deberían ignorarse cuando se legisla sobre forestación”, recomendó.
La AIA sugirió que “tendría que quedar bien establecido que los proyectos forestales deberían tener el aval conjunto de la Dirección General Forestal y de la Dirección General de Recursos Naturales del MGAP, de la Dirección Nacional del Medio Ambiente (Dinama) y, eventualmente, de Dirección Nacional de Aguas (Dinagua)”. “Cada organización actuando en su dominio respectivo y en forma coordinada”, indicó.
