Cuando el ministro de Trabajo era el actual secretario de Interior, Eduardo Bonomi, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decretó que, sin dejar de reconocer el derecho de huelga, dispuso que se descontara parte del salario ante este tipo de medidas.
El decreto surgió como mecanismo de defensa ante medidas de funcionarios del propio Ministerio de Trabajo y la sola mención de su existencia sirvió durante un tiempo como antídoto para frenar estas medidas distorsivas.
En el PIT-CNT, el decreto, redactado por el actual subsecretario Nelson Loustaunau, causó el esperado rechazo. Sin embargo, en la central sindical primó la idea de no enfrentar a un gobierno en el cual los sindicatos —sobre todo del sector privado— lograron significativos avances, según los gremialistas consultados.
Como en algunos sindicatos los dirigentes “radicales” tienen más fuerza, las medidas de lucha “distorsivas” comenzaron a emplearse más a menudo para presionar al gobierno luego de la llegada del presidente José Mujica. Con estos nuevos mecanismos de lucha, los gremios no tienen la necesidad de apelar a paros masivos, que no siempre son acatados.
Pero el cambio en la conducta de algunos gremios trajo aparejado que la amenaza gubernamental de emplear el decreto 401 pasara de las palabras a los hechos.
Durante una sesión del Consejo de Ministros que tuvo lugar a comienzos de este mes, Mujica pidió “firmeza” ante los funcionarios en conflicto.
En 2009, funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) en desacuerdo con los viáticos prometidos para viajar al interior, concurrieron a la oficina en Montevideo, pero se negaron a salir a realizar inspecciones. Meses después, los descuentos fueron devueltos y el propio vicepresidente Danilo Astori reconoció al sindicato que la medida había sido excesiva.
En 2010 y 2011 este método fue utilizado por la Asociación de Bancarios (Aebu), lo que afectó el Clearing de cheques del Banco de la República durante un conflicto por la carrera funcional. En esa ocasión, se negoció descontar solo el tiempo parado.
El caso más paradigmático, sin embargo, ocurrió a fines de agosto y comienzos de setiembre en la planta de La Teja, en Ancap. Las medidas de lucha, que consistieron en no descargar barcos ni hacer horas extras en uno de ellos, desembocaron en un desabastecimiento de combustible durante el fin de semana del 1º y 2 de setiembre y provocaron una fuerte reacción del gobierno. Algunos jerarcas denunciaron que existió una “vendetta” contra el presidente de Ancap, Raúl Sendic, ex dirigente del Movimiento 26 de Marzo y delfín del presidente.
Sin embargo, el presidente de la Federación Ancap, Artigas González, dijo a Búsqueda que las medidas de lucha fueron adoptadas un año después de que se le mostrara personalmente a Sendic y al director Germán Riet, las carencias materiales del muelle sin que se hubiesen adoptado medidas.
¿Negociación vs decreto?
Mañana viernes el secretariado ejecutivo del PIT-CNT someterá a la discusión un informe del departamento jurídico de la central, firmado por los abogados Mario Pomatta y Héctor Zapirain (ex asesor del Ministerio de Trabajo), en el cual se afirma que las disposiciones del decreto 401/08 son inconstitucionales, antijurídicas y deben reputarse nulas.
Zapirain dijo a Búsqueda que se trata de “una vuelta de tuerca” de “difícil aplicación” que “va contra las normas nacionales e internacionales” que afecta el derecho de huelga, ya que si bien los trabajadores admiten que si toman medidas pueden perder salario, en este caso, al fijarse por decreto “no existe un parámetro objetivo”.
Los asesores del PIT-CNT creen que la forma de aplicar descuentos debe ser negociada con los propios trabajadores y no fijadas de manera arbitraria como ha ocurrido hasta ahora.
No obstante, el coordinador de la Licenciatura de Relaciones Laborales de la Universidad estatal, Juan Raso, opina que “el texto del decreto no es inconstitucional, porque manda descontar los salarios en forma proporcional a la disminución de la labor”.
Raso dijo a Búsqueda que “es legítimo el descuento, aun en el caso del trabajo a reglamento o por turnos, si la medida adoptada por los trabajadores afecta la normalidad del servicio”.
Las propias autoridades de Ancap, a pesar de cumplir con las instrucciones del Poder Ejecutivo, aceptaron incluir este punto entre los asuntos a negociar con el sindicato.
Durante una entrevista con Búsqueda, Sendic dijo que en el Estado “se libra una batalla contra acomodados” que “lloran porque pueden”, lo que cayó muy mal en la Federación Ancap y fue un mal comienzo de la negociación.
Para demostrar buena voluntad, sin embargo, la empresa que tiene en su directorio a dos ex dirigentes del sindicato (Riet y Juan Gómez) procedió a descontar solo dos de los más de ocho días de julio en los cuales se realizaron medidas distorsivas en La Teja y en el barco Ancap IX, que transporta combustible a Paysandú.
Esos descuentos a 90 de los más de 2.000 funcionarios fueron reintegrados por el sindicato con el compromiso de que se devuelvan en caso de ganar la negociación, explicó González.
En el caso de la Biblioteca Nacional, los descuentos realizados por la dirección fueron de entre 15% y 20% durante la quincena que duraron las medidas.
El sindicato resolvió que ese monto sea cubierto en partes iguales por todos los trabajadores aunque no hayan realizado las medidas, explicó el dirigente Luis Bazzano.
“Pasar por caja”.
La dirigente de los funcionarios de Salud Pública, Beatriz Fajián, advirtió que en su sindicato no se aplican este tipo de medidas de lucha y que la política es parar y luego negociar los descuentos, pero sabiendo que con las medidas de lucha se pierde dinero.
Fajián dijo a Búsqueda que no está de acuerdo con que un sindicato pague por los descuentos, algo que es compartido por otros dirigentes y ex dirigentes consultados.
En la Universidad de la República, hasta el ingreso de Rodrigo Arocena como rector, los paros no tenían consecuencias económicas.
Ese privilegio no era exclusivo de empleados del Estado. Hasta hace pocos meses, en la mutualista SMI los paros tampoco se descontaban.
La dirigente del sindicato de base del SMI que pertenece a la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Ana Ferreira, explicó que no se descontaba salario a los trabajadores porque durante los paros se hacían guardias gremiales y el servicio no se veía resentido. No obstante, cuando esa empresa se fusionó con Impasa, el criterio que primó fue el de descontar.
Ferreira relató que los trabajadores, luego de muchas discusiones, decidieron recurrir a un fondo que existía en el gremio de Impasa desde la década de 1980 para cubrir este tipo de “emergencias”.
En el último paro de la FUS, los trabajadores que hicieron guardias gremiales recibieron la mitad del salario por parte de la empresa y los que participaron de actividades del gremio fueron recompensados por la caja del sindicato.
Este fondo es cubierto con una partida especial que aportan todos los afiliados al sindicato en forma proporcional a su sueldo.
La semana pasada, un pequeño cartel escrito a mano, colocado al lado del reloj donde se marca tarjeta, rezaba: “Para cobrar por el paro, en dos cuotas, pasar por la secretaría gremial”.
