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El grupo SURA —que posee en Uruguay una AFAP y administra fondos de inversión— consideró positivo que en el país se esté planteando un debate, tanto en ámbitos académicos como en círculos políticos, en torno a la incorporación de mejores prácticas de gobierno corporativo en las empresas públicas uruguayas.
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En ese sentido, el vicepresidente regional de área legal y de cumplimiento de SURA Asset Management, Joaquín Idoyaga, respaldó el documento elaborado por 22 economistas y otros profesionales, coordinado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que impulsa cambios en la gestión de las empresas públicas. Además, señaló que los artículos 279 a 286 de la Ley de Urgente Consideración, referidos a las subsidiarias u otras entidades de derecho privado vinculadas a los entes, “abren un camino que ojalá pudiera alinearlas en su gestión a las mejores prácticas que se utilizan a nivel internacional”.
A escala global, gran parte de los estándares de gobierno corporativo que se aplican a las compañías —y de manera obligatoria a aquellas que cotizan en una bolsa de valores— fue recogida por los Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Gobierno Corporativo expedidos en 1999 y revisados en 2004. En Colombia, donde está la matriz de SURA, la mayor parte de esos estándares fueron incorporados de manera general en un documento —denominado Código País— emitido para las compañías con cotización bursátiles. Idoyaga comentó a Búsqueda que la aplicación de estándares de ese tipo “es una realidad que no existe en Uruguay, donde hay empresas cuyos dueños son privados, son pocos y no cotizan en bolsa o el dueño de la empresa es el Estado. Las políticas o buenas prácticas que hacen a un buen gobierno corporativo no están pensadas para empresas privadas solamente. En este sentido, todos los sistemas de control interno que sirven para profesionalizar la gestión de una compañía y para proteger la inversión de los diversos accionistas de una compañía listada en bolsa de valores sirven también para proteger el patrimonio del Estado uruguayo y, por ende, de todos los uruguayos e independizarlo de los planes de los gobiernos de turno. Sirve para lograr una gestión más eficiente y que busque alcanzar objetivos de largo plazo que impacten en los grupos de interés relevantes y, principalmente, la sociedad toda”.
Para el ejecutivo de SURA, es “erróneo” interpretar al gobierno corporativo como una forma de plasmar el “propósito único de maximizar el retorno en las empresas. El gobierno corporativo, como lo hemos definido, es agnóstico a los objetivos de las compañías, pero sí contribuye a su exitoso logro. Entonces, en una empresa del Estado, que además de ser rentable debe proveer servicios en lugares donde económicamente podría no ser rentable, buscará la forma de cumplir ambos objetivos y permitir que las actividades que son rentables de alguna manera subsidien a las que no lo son tanto”.
Destacó que, por lo general, las mejores prácticas internacionales exigen un directorio, comités de auditoría y auditores externos independientes.
Transparencia
También se refirió a los potenciales conflictos de interés como un problema de gobierno corporativo. En ese sentido, sostuvo que “ningún inversor pone plata en una compañía donde no se contrata a las personas más competentes, sino a los familiares del gerente general, y eso se explica por sí solo. Entonces, si un inversor —doña María en su casa de Malvín o una AFAP— quiere comprar una parte de la propiedad de una compañía, quiere asegurarse de que hay ciertos controles y cierta gestión profesional de la empresa. En Uruguay, que el mercado de valores sea chico no significa que no exista necesidad de financiamiento de las empresas ni tampoco necesidad de buscar inversiones rentables por parte de los ahorristas e inversores. En gran medida, es chico porque las principales compañías del país no abren su capital accionario a la bolsa de valores”. Según él, los inversores pretenden que en los mercados exista transparencia en la información financiera y no financiera de las empresas cotizantes, así como buenos estándares de gobierno corporativo. “Si esos pilares no están, difícilmente alguien pueda invertir con cierta tranquilidad. Aquí entonces el papel clave que tienen la regulación y los reguladores”, afirmó.
