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Pese a que el difícil relacionamiento entre los dos equipos encargados de buscar información sobre los desaparecidos durante la última dictadura provocó la primera renuncia, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia confía en que algunas de sus líneas de investigación comiencen a dar “resultados”.
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A su vez, el Grupo evalúa proponer al presidente Tabaré Vázquez que el cargo de director de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente sea provisto a través de un llamado público, informaron a Búsqueda fuentes vinculadas al organismo.
Hasta que se designe nuevo director, por la renuncia de la historiadora Isabel Wschebor, que había sido designada en marzo pasado, el cargo será ocupado de forma interina, indicaron las fuentes.
El viernes 20, “Brecha” informó que Wschebor, hasta ahora directora de la Secretaría, no regresará al cargo luego de su licencia anual y que presentará renuncia debido a “una serie de desencuentros” con el Grupo de Trabajo que coordina la diputada Macarena Gelman, también integrante del grupo frenteamplista Ir.
La diputada Gelman confirmó a Búsqueda que la renuncia de Wschebor fue presentada este mes al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y que habrá una encargatura interina; “después se verá”.
La primera reunión del año del Grupo, que prevé presentar su plan de trabajo para tres años en febrero, está acordada para el miércoles 3.
El ex diputado Felipe Michelini, que también integra el Grupo de Trabajo, coincidió con Gelman en que la renuncia de Wschebor no guarda relación con supuestas diferencias en cómo aplicar la ley de acceso a la información y la ley de protección de datos, dos de las normas que regulan el trabajo de ambos organismos.
Sin embargo, otras fuentes indicaron que a menudo se produjeron diferentes enfoques de cómo trabajar con los documentos, aún dentro de la propia oficina ubicada en el tercer piso de la Galería Caubarrere.
Consultada respecto a la forma de elegir al nuevo director, Gelman se limitó a declarar que “por el momento no se ha evaluado el tema, ya que amerita definiciones ajustadas a las necesidades del Plan de Trabajo”.
Desaparecidos y otras “obligaciones”.
El 19 de mayo, el presidente, en acuerdo con el Consejo de Ministros, creó el Grupo de Trabajo en base a “las obligaciones del Estado uruguayo” de “dar luz” y ofrecer la verdad histórica a las víctimas del terrorismo de Estado y a la sociedad.
La ingeniería dispuesta por Vázquez para la investigación y reparación representó un cambio en la aplicada por su antecesor José Mujica.
Mujica otorgó funciones directrices a la bibliotecóloga y ex militante tupamara Graciela Jorge, a quien puso a cargo de la Secretaría que funcionó en el Palacio Estévez. Vázquez, en cambio, optó por una dirección colegiada a cargo de siete personalidades que designó en mayo en el Grupo de Trabajo, mientras que atribuyó a la Secretaría la tarea de “constituir el soporte funcional y administrativo”. Quedó en manos del Grupo definir “planes de trabajo y líneas de acción.
Lo que antes estaba en manos de Jorge, ahora pasó a ser responsabilidad de las siete personalidades honorarias que no tienen calidad de funcionarios: Gelman, Michelini, el pastor Ademar Olivera, el historiador Mario Cayota, la mae umbandista Susana Andrade, el ex presidente del Comité Central Israelita Pedro Sclofsky y la representante de Familiares de Desaparecidos, Emilia Carlevaro.
Cuando el PIT-CNT y la organización de ex presos Crysol hicieron saber al presidente su interés en participar en el Grupo de Trabajo, la respuesta fue que “no se quería funcionar en forma de asamblea” para que el grupo fuera ejecutivo.
Sin embargo, explicaron a Búsqueda fuentes que trabajan en el área de los derechos humanos, la experiencia demostró que a pesar de la letra del decreto, en la praxis las relaciones entre Wschebor y el Grupo no fueron buenas, porque desde el principio funcionaron a velocidades diferentes: una colegiada y honoraria y la otra unipersonal y con diferente ritmo de trabajo, sobre todo en materia de manejo de archivos.
Efecto zanahoria.
Otro factor que influyó para que crecieran las diferencias, indicaron allegados a la Secretaría, fue que la organización Familiares cuestionó el trabajo del profesor de arqueología José López Mazz y que este renunció a su cargo justo cuando estaba cerca de comenzar a excavar en unos galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) lindero al ex batallón de infantería Nº 13, en el barrio Gruta de Lourdes. Se especula que allí podrían existir re-enterramiento clandestinos luego de la llamada operación Zanahoria.
La salida de López más los cambios en Presidencia contribuyeron a que las excavaciones se detuvieran, por orden del juez Pedro Salazar, tras el hallazgo de un explosivo.
Gelman, sin embargo, dijo a Búsqueda que el hecho de que no haya excavaciones no significa que se detuviera la investigación y citó como ejemplo el avance en el proceso de digitalización de documentos impulsado por Wschebor y el convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense, “cuyos resultados se comenzarán a ver”.
