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El Partido Orden Republicano (POR), una organización creada por militares retirados pero abierta a policías y civiles, espera presentar antes de fin de año alrededor de 3.000 firmas para quedar registrado en la Corte Electoral y comenzar su actividad política abierta, confirmó a Búsqueda el coronel de Infantería retirado Héctor Grossi.
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Grossi, uno de los dirigentes del nuevo partido en formación, es un oficial de Estado Mayor egresado del Colegio Interamericano de Defensa. El militar explicó que se están reuniendo desde hace un año en casi todo el país, bajo una definición ideológica de centroderecha. Aseguró que no está ligado a ninguna logia o grupo de presión, sino que sus integrantes están decepcionados de los partidos tradicionales, enfrentados al gobierno del Frente Amplio y que cuya “primera preocupación es recuperar valores”.
“No hay ningún cangrejo debajo de la piedra”, afirmó Grossi, y explicó que aunque la génesis es militar, alrededor del 50% de los actuales adherentes no lo son.
En paralelo a este nuevo proyecto político hay otro movimiento en marcha. Inspirado en la Liga Federal de Acción Ruralista, un exitoso movimiento creado a mediados del siglo pasado por Benito Nardone por encima de blancos y colorados, el coronel de Caballería retirado Héctor Rovira y un grupo de su generación se propusieron fundar el Movimiento Unidos Podemos.
El grupo busca nuclear a “militares retirados y ciudadanos en general” para lograr una representación parlamentaria propia.
Luego de varias reuniones y sondeos, el pasado 27 de noviembre, una asamblea reunida en un club ubicado en bulevar Artigas y Guaviyú, decidió designar al general retirado Hebert Fígoli como presidente del comité ejecutivo provisorio del movimiento. Rovira fue votado como coordinador ejecutivo.
Fígoli, que antes de aceptar la propuesta renunció como coordinador del equipo de análisis de la seguridad social militar, es presidente de la Asociación de Veteranos de Operaciones de Paz y profesor de la Escuela Militar, entre otras actividades.
Rovira, que pasó a retiro en 2014, se desempeña como director de Información y Tecnología Informática de la Intendencia de Cerro Largo y es convencional del Partido Colorado por Propuesta Batllista (Proba).
El general Fígoli, que regresó de una misión de ONU en Chipre en 2005 y pasó a retiro, no tiene militancia partidaria, aunque en 2009 adhirió al sector del nacionalista Jorge Larrañaga.
Los voceros del movimiento dijeron a Búsqueda que están en la etapa de captar adherentes y que no se proponen constituir un partido, sino lograr una banca parlamentaria y que llegado el momento decidirán a qué partido apoyan.
El nuevo movimiento encabezado ahora por Fígoli, está “orientado a la defensa de los legítimos derechos de la familia militar”, busca entre otras cosas atender a “la situación crítica de la seguridad social en general y del sistema de retiros y pensiones militares en particular”.
Militares en política.
Sobre el final de la dictadura militar-cívica (1973-1985) el coronel Néstor Bolentini encabezó sin éxito la Unión Patriótica Salvadora de la Democracia, y antes el teniente general Gregorio Álvarez también esbozó un proyecto político propio que tampoco prosperó.
En 1966, el general Óscar Gestido había sido electo presidente por el Partido Colorado, mientras que en 1971, el general Liber Seregni fue candidato único a la presidencia por el recién creado Frente Amplio. En el Partido Colorado compitió varias veces el general Juan Pedro Ribas y en el Partido Nacional fue candidato el general Óscar Aguerrondo, fundador de la Logia Tenientes de Artigas, la que tuvo un papel protagónico en el golpe de Estado de 1973 y que puso a Seregni y a otros 40 militares presos durante casi una década.
En mayo, el excomandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, hijo de uno de esos presos de la dictadura, anunció el retiro de su precandidatura a la presidencia dentro del Partido Colorado, una iniciativa que también había tenido el excomandante de la Fuerza Aérea y excoordinador de Inteligencia José Bonilla, pero que tampoco se concretó.
Aguerre fue resistido por una parte del Ejército. Bonilla dijo a Búsqueda que está concentrado en la defensa de las pasividades militares. El proyecto de ley sobre el tema que cuenta con media sanción del Parlamento, dijo, “es una inmoralidad”.
Uno de los asuntos que mueve a los militares hacia la política es precisamente la defensa de sus conquistas profesionales y de la seguridad social.
Pero los militares tendrán una voz en esta legislatura: el capitán retirado de la Fuerza Áerea Aníbal Abreu entrará a sala en los próximos días como suplente del diputado blanco Juan José Olaizola.
Debate por impuesto.
El tema de la seguridad social militar ocupó al Senado el miércoles 29 durante casi ocho horas, con motivo de la discusión del impuesto propuesto por el Poder Ejecutivo a alrededor de 8.000 retirados que ganan por encima de $ 50.000.
El senador blanco Javier García y otros legisladores de la oposición fundamentaron su voto en contra del proyecto con el argumento de que se trata de una iniciativa inconstitucional, ilegal y discriminatoria, porque se propone solo para los militares y no para los 42.227 beneficiarios del BPS que ganan por encima de esa cifra.
García sostuvo que “sectores de la izquierda tienen una visión estigmatizadora de las Fuerzas Armadas”, y advirtió que, aunque “no son todos”, se trata de “una parte que arrastra a todo el gobierno”.
El senador blanco desestimó el criterio usado por el gobierno, que sostiene que las pasividades militares representan un déficit de unos US$ 480 millones al año. Dijo que “los sueldos de miseria explican el déficit” porque “el 50% de los soldados están bajo la línea de pobreza”, y que “hay cinco veces más pobres entre los soldados (y marineros) que entre la población en general”.
La senadora oficialista Constanza Moreira, en cambio, dijo que si bien el proyecto no soluciona el déficit, ayuda a mitigar la situación. Sostuvo que existe una diferencia “injusta e insostenible”, porque las jubilaciones y pensiones que cobran los militares son mucho más altas que las de los policías y demás trabajadores del Estado, sobre todo las de los oficiales superiores, que no tienen tope y en promedio triplican a las del Banco de Previsión Social.
