Gustavo Salle, el penalista que acusa al fiscal general de crear “una maquinaria de impunidad” y al presidente Vázquez de agente de la CIA

Gustavo Salle Lorier, próximo a los 60 años de edad, está decepcionado del mundo manejado por las corporaciones, pero no baja los brazos. Al contrario: apunta sus dos dedos índice, sus palabras filosas y escritos contra los militares, los colorados, los blancos, la masonería y el sionismo, los banqueros y sobre todo contra el Frente Amplio —al que llama “Fraude Amplio”.

Ya en dictadura comenzó a estudiar Derecho y para “sobrevivir” fue recomendado por el profesor Fernando Bayardo Bengoa, ministro de Justicia del régimen cívico–militar, para un cargo administrativo en una Fiscalía, entonces a cargo del destacado penalista Miguel Langón.

Además de su trabajo como defensor en materia penal, con el que ha cosechado prestigio, tiene actividad política, ahora en solitario.

Todos los lunes habla durante casi una hora en la radio Fénix. Allí se despacha contra el gobierno sin palabras edulcoradas, aunque algunas son tan difíciles que las debe explicar. Una de las más frecuentes es cleptocorporatocracia internacional, que traduce como: en el mundo mandan las corporaciones, que son esencialmente ladronas y coimeras.

El abogado ha dicho que antes que al ex presidente del Frente Amplio Liber Seregni, admira a Hugo Batalla y a José Germán Araujo, que destacó por sus denuncias de verbo encendido tanto desde CX 30 La Radio como en el Parlamento.

A diferencia de Araujo, que se unió al Partido Comunista después de una formación de monaguillo católico, su admirador es un ateo que abandonó el Frente Amplio en 2005, cuando Tabaré Vázquez comenzó su gobierno.

Para Salle, Vázquez ha gobernado a favor de los intereses del Norte porque es un “agente de la CIA”. Basa esa afirmación en su vinculación con la fundación estadounidense Woodrow Wilson.

También es muy crítico con el ex presidente José Mujica. Después de la primera gestión del Frente, anunció que quería ser candidato a la presidencia, aunque solo fuera para darse el gusto y apenas lo votara la familia y tuviera que gestionar credenciales para los dos perros de la casa.

En julio de 2009, en una entrevista con el periodista Raúl Legnani en “La República”, Salle confesó que su intención era encabezar a la izquierda alternativa y se vio a sí mismo como un líder capaz de aglutinar a los radicales.

Entonces fue asiduo de los micrófonos de CX 36, pero poco después, en el proceso de creación de Asamblea Popular, tuvo choques con el ex senador Helios Sarthou y finalmente la alianza con el Movimiento 26 de Marzo como grupo hegemónico terminó llevando al ex tupamaro y director de teatro Raúl Rodríguez como candidato.

“Pago la multa, no voto” contó el abogado a Búsqueda y advirtió que ya no será candidato a nada, aunque eso no significa que su actuación no sea política.

Abogado político.

Las denuncias de Salle en los Juzgados penales y en los especializados en Crimen Organizado son frecuentes. Algunas logran atención mediática —como la que presentó contra Raúl Sendic por “usurpación de título”— y otras se archivan sin demasiadas consecuencias.

Es que, según comentó un fiscal penal a Búsqueda, la mayoría de las denuncias que Salle ha presentado en Crimen Organizado “no hacen más que poner en conocimiento de la Justicia informaciones que salen en la prensa y que él considera que configuran delitos”.

“Hace acusaciones muy duras contra determinadas personas, pero no las sustenta con documentación o información más allá de lo que salió publicado en algún medio. Son denuncias planteadas con absoluta liviandad, sin fundamentación”.

Sin embargo, el mismo fiscal elogió su trabajo como abogado defensor. Aseguró que es “muy laburador”, que “está siempre presente en las audiencias”, y que técnicamente es bueno.

También se ha ganado el respeto de militantes sociales a los que ha defendido, lo que no significa que estén de acuerdo en todo con su pensamiento crítico, ya que a veces lo hacen parecer como “un loco de la guerra”.

Además de las denuncias penales por casos como el de Alur, la regasificadora, la ex pesquera Fripur, o el pedido de extradición del ex secretario de Estado, Henry Kissinger, por la participación de Estados Unidos en el Plan Cóndor, uno de los instrumentos más usados por Salle en su faceta pública son las acciones de inconstitucionalidad. En esa línea de actuación, sus baterías se han concentrado en la Fiscalía General de la Nación, que, en su opinión, al convertirse en un servicio descentralizado quedó en dependencia del gobierno y además cuenta con “superpoderes” que exorbitan los del Ministerio Público. Esos superpoderes concentrados en una sola persona —en el cargo del fiscal de Corte Jorge Díaz— vulneran la independencia técnica de los fiscales, asegura Salle, quien ha recurrido decenas de veces a la Suprema Corte de Justicia a reclamar que la Fiscalía es inconstitucional.

“El fiscal general inconstitucional, hombre del Frente Amplio y los Estados Unidos, está a la cabeza de una maquinaria de impunidad”, ha dicho Salle en los medios.

Sin embargo, la Suprema Corte ha descartado hasta ahora todos los recursos presentados por el abogado.

A su vez, un reciente dictamen del fiscal de Crimen Organizado Carlos Negro criticó los insistentes recursos de Salle, que a su juicio parecen orientados “a boicotear al sistema de Justicia”. Negro se pronunció luego de que el abogado interpusiera un nuevo recurso ante la Corte que dejó en suspenso un caso que investiga su Fiscalía.

Negro señaló en su dictamen, del 9 de mayo, que la Corte ya falló en reiteradas ocasiones rechazando los planteos del abogado, y recordó una frase del dramaturgo alemán Bertolt Brecht —“!Qué tiempos serán los que vivimos que incluso hay que defender lo obvio!”—. Para el fiscal, Salle “confunde la naturaleza y esencia de las funciones judiciales y las exigencias propias de su naturaleza jurisdiccional, con las que le son inherentes al órgano acusador”.

Según desarrolló en el dictamen, “la Fiscalía General es un órgano autónomo y por lo tanto independiente del gobierno, cuyas funciones son la defensa de los intereses generales de la sociedad ante la administración de justicia” y su nueva “naturaleza de órgano descentralizado no hace más que (re)afirmar su condición de institución híbrida, ya que mientras detenta altos niveles de autonomía en lo que concierne a la conducción y supervisión del organismo, mantiene a la vez vínculos más o menos intensos con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación”.

Negro sostuvo que Salle “insiste una vez y otra también en el tan difundido como erróneo concepto de pensar el Ministerio Público como una institución adosada a la organización judicial”, en la cual, en un modelo de organización compartimentado, cada fiscal “actúa con absoluta autonomía, prescindiendo del trabajo en equipo y sin ningún tipo de colaboración interna, limitándose a esperar pasivamente para únicamente responder a los requerimientos que oportunamente le haga el Poder Judicial”.

Para el fiscal Negro, el recurso presentado por Salle expresa “dificultades y resistencias” que existen en el sistema debido a que “la impronta inquisitiva permea a todos los actores e instituciones” y realiza “afirmaciones llamativamente erróneas que parecen orientadas más que a defender los intereses del justiciable, a dilatar e incluso a boicotear al sistema de Justicia”.

Diversos operadores consultados expresaron, sin embargo, algunos acuerdos con la posición crítica de Salle respecto al papel que desempeña el fiscal de Corte. Uno de ellos mencionó como ejemplo el reciente caso de la fiscal Stella Llorente, quien recibió un pedido de Díaz para expedirse sobre un libro que menciona a las llamadas “tupabandas” y su posible vínculo con el financiamiento de las campañas del Movimiento de Participación Popular (MPP), y respondió con suma rapidez pero directamente al fiscal de Corte.