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El diputado cabildante Álvaro Perrone pidió saber “el control y todo tipo de actuación que haya tenido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre las máquinas tragamonedas por fuera de los casinos con licencia” el año pasado y el actual. La respuesta a su pedido de informes fechada el viernes 13 incluyó, además de un racconto normativo y de los procedimientos de contralor instruidos por la Dirección General de Casinos (DGC), un relato, a modo de “antecedente”, que expone el crecimiento que tuvo esa modalidad de juego ilegal. Los slots clandestinos saltaron de 2.000 a comienzos de siglo hasta unos 40.000 en la actualidad.
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La DGC explica que, en Uruguay, el “principio es la ilicitud de los juegos de azar, con las únicas excepciones establecidas expresamente por la ley” y, por tanto, en esta actividad no aplica la libertad de comercio ni la de trabajo. Sin perjuicio de eso —prosigue en su respuesta—, distintas normas fueron reconociendo excepciones y “han existido hasta el presente diversas y continuas tensiones” para “intentar cambiar esa realidad por la vía de los hechos con el fin último de acceder a un mercado tentador por la gran rentabilidad” que el juego da a los operadores.
En ese sentido, asegura que a partir del año 2000 comenzó a verse un incremento de la explotación ilícita de juegos de azar, con la “irrupción en el mercado local de máquinas” fabricadas o armadas en Uruguay a partir de partes importadas, “en su mayoría de bajo nivel de calidad, pero sensiblemente menos costosas que las sofisticadas unidades de juego” ofrecidas por las entidades públicas y privadas debidamente autorizadas. El relato atribuye a informes periodísticos el dato de que esos equipos explotados de manera clandestina rondaban entonces los 2.000.
Hacia el 2006 “fue notorio el crecimiento de la explotación ilícita de máquinas de azar, estimándose en 10.000”. Según la DGC, la actividad mostraba una mayor “organización operativa” y una demostración de “poder económico” que “no se limitó a Montevideo, sino que se ramificó en todo el país”. Asimismo, surgieron dos asociaciones civiles vinculadas a esta explotación ilegal.
Frente a esa “nueva estrategia de la operativa ilegal”, la DGC, mediante una resolución de ese año, incrementó las acciones, incluida la presentación de denuncias. Los operadores resistieron eso —continúa— contratando consultas con cuatro juristas que “concluyeron todos ellos en la licitud de esa actividad, pese a que los fundamentos de unos y otros eran contradictorios entre sí”.
La mayoría de los procesos judiciales llevados adelante por la DGC “fueron archivados por diversos fundamentos, algunos contradictorios entre sí”, mientras que otros terminaron con imputaciones a las personas responsables del ilícito.
En 2008 “la situación seguía empeorando”; las máquinas ilegales eran más de 15.000. La DGC propuso al MEF un borrador de proyecto de ley para “transformar en delito propiamente dicho” la falta por juego de azar prevista en el Código Penal, pero la iniciativa naufragó en el Parlamento. El tema continuó en debate, incluso con la presentación de un proyecto que buscó legalizar esa actividad pero terminó fracasando al ser “fuertemente resistido”.
En la actualidad, “se estima públicamente que existen más de 40.000 máquinas de azar que operan ilícitamente”, asegura la DGC.
Criterios “erráticos”
Según el organismo, el asunto es “aún más complejo que lo que surge del breve relato” informado al diputado cabildante, “porque el Estado de acuerdo a la normativa vigente tiene una iniciativa importante. Y en ese aspecto estructural del Estado en esta materia, se observan criterios contradictorios y hasta erráticos. Por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene a su cargo dos segmentos separados de la explotación de jugos de azar”, la propia DGC y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), con “asimetrías” en las “competencias y cometidos” asignados.
En el área de casinos “solo está habilitada la explotación presencial y no la que se realiza por vía online”. Conforme con la visión de la DGC, en los últimos años este segmento “fue quedando cada vez más relegado no solo en los aspectos prácticos sino que, en todos los proyectos de regulación de los juegos de azar que oficialmente en este período se presentaron, se lo pretendió marginar en todos los aspectos posibles”.
Luego contrapone: la DNLQ, “para algunos de sus juegos, como la Raspadita, emplea juegos de competencia de la Dirección General de Casinos y, últimamente, uno de los juegos de Casinos, como el Bingo, le fue habilitado sin ningún fundamento legal”. Para la DGC, “es claro que en estas diferencias influyen los liderazgos” de cada repartición. Y añade: “Por el lado de la DNLQ, existió en los últimos años un liderazgo proactivo, apoyado por entidades privadas vinculadas a su funcionamiento, para desarrollarse, actualizarse tecnológicamente y ganar mercados. Mientras que, por el lado de la DGC, existió lo contrario; se fueron abandonando espacios”, aprovechados por “la competencia legítima” y la “ilegítima, que se tradujo en una pérdida sostenida de recaudación” a valores constantes desde el 2012.
“Lo que sí tuvieron claro los responsables de ambos organismos estatales en los últimos 10 años anteriores al 2020 fue que la discusión sobre las máquinas ilegales no era ya el núcleo del problema, sino que por debajo de esa situación está el verdadero objetivo o, dicho de otra manera, el verdadero negocio, que es el juego online”, sostiene la DGC. Un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para regular esa modalidad de apuestas está a consideración del Parlamento.
