Hay 63 empresas fintech, y más operando desde zona franca

Señala que la tecnología disponible y “la presión competitiva están cambiando el mercado, operando directamente sobre los costos de transacción, aumentando la bancarización de amplios sectores de personas”. Además, la “alta conectividad e inclusión financiera, junto con el adecuado capital humano y el apoyo del gobierno, pueden contribuir a disminuir los altos costos en un mercado caracterizado por las rigideces propias” de un negocio financiero “concentrado en instituciones tradicionales”.

Lavalleja consignó que sobre esta regulación hay “visiones encontradas. Por un lado, se entiende que en lo relativo a la canalización del ahorro público, independientemente de la forma de contrato (crédito directo o intermediación vía depósito), existen fundamentos teóricos y lecciones históricas de las fallas de mercado y sus consecuencias. El crecimiento del shadow banking en cualquiera de sus cambiantes formas son contingencias y amenazas a la estabilidad económica”, por lo que se considera que la regulación es “adecuada”. En contraste con “algunos entrevistados entiende que la normativa del BCU debe cambiar” en el entendido de que, a partir de una “lógica tradicional, se han establecido exigencias excesivas que limitan el desarrollo del sector, en particular, estableciendo límites innecesarios para el endeudamiento que disminuyen los ingresos” y requisitos de seguridad que derivan en “costos demasiado elevados. En este punto, se sugiere la implementación de un ‘Sandbox’ regulatorio que permita validar las iniciativas con menores requisitos y formalidades” que los establecidos por la circular bancocentralista.

Cooperación

En términos más generales, el consultor entiende que desde el sector público se deben implementar “acciones que contribuyan a generar cooperación entre los bancos y las fintech”, ya que “pasar de la competencia a la colaboración sería en “beneficio de todos”. En concreto, señala que el BCU podría promover una instancia institucional que permita identificar y desarrollar líneas de trabajo conjunto.

Para el actual presidente del BCU, Diego Labat, los pagos en el sistema local deben ser “mucho más ágiles, más modernos y mucho más baratos. Para esto hay que facilitar la incorporación de innovaciones, por la vía de que las actuales instituciones —bancos, administradoras de crédito, empresas de servicios financieros— incorporen mucha tecnología. Y por otro, con una regulación que permita el acceso a nuevas empresas —como las fintech— que hagan el negocio de manera distinta, obviamente siempre en igualdad de condiciones con las que ya están. El sistema requiere de una apuesta muy fuerte a la innovación”, dijo en abril en Búsqueda (Nº 2.066).

En esa misma dirección, el Plan de Acción de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU para el periodo 2020-2028, aprobado recientemente, enuncia el propósito de desarrollar un sistema “con mayor utilización de tecnologías y soluciones innovadoras, eficiente, con menores costos y con facilidad de acceso para los usuarios a los servicios y productos”. Eso implicará acciones para la “incorporación de las fintech en el funcionamiento del sistema”. Y, en línea con la recomendación del consultor de la Cepal, plantea conformar un grupo de trabajo con representantes de “agentes del mercado y el Poder Ejecutivo”. Además, contempla el desarrollo de un “hub regulatorio para la innovación”, que funcionará en la órbita del BCU (Búsqueda Nº 2.078).