Hay que “cortar el chorro” de políticas sociales y “aislar” con todo el peso del Estado a quienes integran redes criminales

Buena parte de su intervención, el lunes 8 por la noche en la sede del gremio, la dedicó a explayarse sobre los dos desafíos que cree que tiene por delante Uruguay en materia de seguridad y a presentar ocho propuestas concretas para lograr avances. El primer desafío es, en su opinión, “impulsar una nueva generación de políticas sociales y urbanas para revertir la ciudad fracturada”.

Ese escenario modifica la base sobre la que se apoyan en buena medida los programas sociales del gobierno. Según Leal, “se presumía que las personas ingresaban a la delincuencia porque no encontraban trabajo”, pero la fractura social “invirtió esa relación” y es necesario volver a “pensar complejamente”.

La realidad muestra que muchas personas entran al circuito criminal “antes de tener un vínculo estable con el sistema educativo y primario con el empleo”. La predisposición al delito “es la que define su relación con el empleo”, y ya no a la inversa.

“Si estamos convencidos de que con programas sociales podemos disputarles —desde el punto de vista simbólico y económico— a los narcos que pagan $ 2.000 por noche a gurises de 12 o 13 años para que cuiden con un fierro una boca de droga, no estamos entendiendo esto”, reflexionó.

El cambio en las políticas sociales también fue foco de una de las propuestas que presentó. Leal sostuvo que es necesario lograr una coordinación entre la política criminal y la social. En ese punto dijo que actualmente tienen “un problema” de coordinación de bases de datos que muestra una especie de “Estado hemipléjico” que da “señales equivocadas”. Según Leal, muchas veces el Ministerio del Interior combate a personas que integran redes de narcotráfico y crimen organizado, que luego siguen recibiendo “asignación familiar y tarjeta Mides”.

“Hay decisiones políticas que hay que tomar, y algunas no son simpáticas. Es muy fácil repartir, pero en algún momento hay que cortar el chorro. Y creo que llegó ese momento. A estos grupos consolidados de personas que están vinculadas a esta dinámica que va ganando espacios en la sociedad hay que aislarlos. Y nosotros tenemos que dar todo el peso del Estado. Todo. Eso no quiere decir dejar tirados a los chiquilines, pero que no me pongan por delante a los chiquilines, porque para eso el Estado ha creado instituciones de larga data, para defender a los niños. Pero tengamos en cuenta que no puede ser que haya gente que use al Estado para los beneficios sociales que hay laburantes que no tienen, pero que después terminen siendo procesados por narcotráfico, por usurpación, por extorsión y sigan cobrando. Ahí hay algo que no funciona”, señaló.

Shock de ciudad.

Leal se detuvo, en particular, para explicar la primera de sus propuestas, a la que llamó “Más barrio, más vida”. La idea está orientada también a atender a la fractura social y consiste en desplegar un “shock integral de acciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en al menos 25 zonas estratégicas del área metropolitana y de alguna ciudad del interior”.

El programa, estimó, demandará una inversión de US$ 50 millones anuales a lo largo de un quinquenio. Leal entiende que llevar a cabo la propuesta implica “priorizar” y que se trata de una inversión que “bien vale la pena”.

El territorio, explicó, funciona como factor de exclusión y de­sigualdad. Vivir en barrios periféricos condena, por ejemplo, a los ciudadanos a una desigualdad de origen en el acceso a una cantidad de servicios públicos. Más aún, favorece al crimen organizado. Como ejemplo, dijo que Los Chingas nunca podrían haber logrado en un barrio consolidado, con veredas, con calles, con luz, lo que pudieron hacer en Los Palomares.

Por eso, considera que “Más barrio, más vida” es “la decisión política de transformar de verdad la ciudad”.

“Decían que no se podía entrar a Los Palomares, 40 años sin entrar. Pero se pudo. Es voluntad y hay que hacerlo”, concluyó.