Hay que priorizar la persecución de los “delitos graves y de más impacto” sobre los robos chicos, porque no se puede “perseguir todo”

A su juicio, “en términos comparativos”, Uruguay tiene un nivel de seguridad “envidiable”. Aunque “comparados con nosotros mismos estamos horrible”, reconoció. Reclamó que se empiece a discutir el tema de la seguridad “sin eslóganes”. “Siempre aparecen las respuestas fáciles. En la década de los 80 y 90 aumentamos penas y creamos delitos. ¿La delincuencia disminuyó? Del 2005 en adelante se dijo que hay que atacar la pobreza y la indigencia. ¿Se resolvió el problema?”, cuestionó.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—El 1º de febrero la Fiscalía aprobó cambios en su organización, creó nuevas Fiscalías penales y trasladó a unos 72 fiscales. ¿Cuál es el objetivo?

—Cuando en marzo de 2012 concurrí a lo Comisión de Asuntos Administrativos del Senado definí cuáles iban a ser las hojas de ruta a seguir en caso de ser designado fiscal de Corte. Esas líneas de acción son la implementación de la reforma del Código del Proceso Penal, yendo a un sistema acusatorio, adversarial, oral y público; lograr el máximo posible de autonomía del sistema político; la transparencia en los mecanismos de designación y ascenso de fiscales y funcionarios, y la redefinición de los cometidos de la Fiscalía, eliminando su intervención en un conjunto de asuntos civiles para concentrarnos en la persecución penal. Dejamos de intervenir en entre el 75 y 80% de los asuntos civiles. Entendemos que basta con el juez para garantizar el respeto al orden público y que no hay que pagar dos sueldos para hacer lo mismo. En función de eso podemos redireccionar recursos a lo penal, violencia doméstica, y Aduana. Remitimos al Ejecutivo un proyecto de transformación de Fiscalías, y de las 14 civiles dejamos 3; creamos cinco penales y dos de Ejecución, una de Aduana y tres de violencia doméstica.

—Usted habla de hacer énfasis en la persecución penal, en momentos en que la seguridad está en el centro del debate político. La oposición reclama que se elabore una política de Estado para atacar el narcotráfico, y el gobierno sostiene que ya existe. ¿Qué opina?

—No quiero, puedo ni debo participar del debate político entre el gobierno y la oposición. Sí digo que en Uruguay no hay una política pública de seguridad. Eso requiere armonizar estratégicamente las cuatro funciones básicas de seguridad: la prevención, la conjuración, la investigación y la persecución penal. Eso no sucede, y no por voluntad política, sino porque hay un problema de diseño del sistema, que coloca en la cabeza de los jueces la dirección de la investigación, y los jueces por definición son independientes. No puedo sentar a un juez a una mesa a discutir una política pública de seguridad, pero sí puedo sentar a un fiscal. No es que los fiscales no deban ser independientes, pero la definición de una política pública de investigación criminal tiene que ser una decisión central del Estado y no de cada uno de los fiscales.

—¿Cuál debería ser esa política?

—Tenemos que priorizar, porque no hay sistema en el mundo que pueda perseguir todos los delitos. Decidir dónde vamos a poner el foco. Que no significa descuidar lo demás, sino centralizar nuestro mayor esfuerzo en aquellos hechos más graves y con más impacto. Hoy, que supuestamente perseguimos todo, no estamos priorizando, todos son iguales. Pero es falso. Porque termino priorizando aquello que es más fácil y más sencillo. Termino destinando todo mi tiempo y energía en el delito de bagatela, o en la flagrancia, y no investigando las cuestiones más complejas, que son hechos más graves, de más impacto, y que en definitiva sí permiten desarticular las organizaciones militares que están detrás.

—Pero aunque no sean delitos tan importantes, al ciudadano le indigna que le rompan el vidrio del auto, que le roben la radio. ¿Si la Policía persigue esos delitos no da abasto?

—Además de que no da abasto, hay una cuestión central que es cuál es el impacto que tengo persiguiendo ese hecho. ¿Impacto en la seguridad agarrando solo al que rompe un vidrio para robar un auto? ¿O impacto yendo al mercado ilícito que hay detrás? Eso no quiere decir darle impunidad al sujeto que roba autos. Pasa lo mismo con las drogas. Si te ponés a agarrar al que está vendiendo pasta base, y no investigás quién la distribuye, te quedás con el último eslabón.

—¿Entonces cree que hay que renunciar a perseguir al ladrón de radios para ir tras el responsable del negocio?

—En el marco de una investigación de largo plazo, planificada y pensada, sí. Si es solo por perdonarle la vida, no. Si vengo desarrollando una investigación criminal y tengo que renunciar parcialmente a perseguir a este para agarrar al grande, sí. Eso implica una investigación de largo plazo, que es imposible hacer si se hace caso a caso, porque agarraste a ese, lo procesaste, y terminó el asunto. Cuando ahí debería empezar la investigación.

—En 2015 aumentaron los homicidios y las rapiñas. ¿A qué lo atribuye?

—Si nos comparamos con hace 20 años, el país de hoy no es el de entonces. La sociedad es más violenta, en el fútbol, el tránsito, las relaciones familiares. Es un proceso cultural de la sociedad uruguaya, que es muchísimo más violenta que hace 20 años. No podemos pretender que los delitos sean menos violentos. Insisto: lo que hay que hacer es focalizar los recursos en la priorización de aquellos asuntos que son más graves, sobre todo conociendo el contexto. No es posible desarrollar una investigación criminal si uno no analiza y conoce el contexto. Eso es ponerle pienso, es decidir qué investigo, cómo investigo, cuándo investigo. Debería haber una mesa a la que se sentaran todos los organismos que tienen funciones de policía, no solo la Policía, sino también Impositiva, Aduana, Salud Pública, las Intendencias y, conjuntamente con la Fiscalía, intercambiar ideas. Hoy todas esas instituciones funcionan de forma aislada.

—Por un lado las autoridades prometen bajar los delitos y por otro advierten que el crimen organizado avanza. ¿Se puede esperar que disminuya la delincuencia o la situación va a empeorar?

—Para prevenir tenemos que atacar las causas. No podemos negar que en la sociedad uruguaya, desde hace mucho tiempo, existe una fractura. No es solo económica, sino social, cultural. En determinados sectores delinquir no es un disvalor, peor aún, es un valor. Si no atacamos ahí, por más que destinemos 500 policías para trabajar en esa zona, el proceso va a seguir. La prevención del delito no es solo garrote. El Estado debe atacar las causas y reprimir las consecuencias. Para eso tiene que ser inteligente. Es posible en el mediano y largo plazo disminuir los índices de delito en la sociedad pero tiene que haber una acción conjunta que involucre a toda la sociedad —enseñanza, salud— y también un represión eficaz. De lo contrario no se logra resolver el problema. Tenemos que empezar a discutir el tema de la seguridad sin eslóganes.

—¿A que eslóganes se refiere?

—En Uruguay existía la idea en algunos sectores de que cuando se resolvieran la pobreza y la indigencia se iba a resolver la criminalidad, y eso es falso. Como también es falso que con campañas de orden y mando, creando delitos y aumentando penas, se va a resolver. A eso me refiero cuando digo que tenemos que buscar soluciones sin eslóganes. Siempre aparecen las respuestas fáciles. En la década de los 80 y 90 aumentamos penas y creamos delitos. ¿La delincuencia disminuyó? Del 2005 en adelante se dijo que hay que atacar la pobreza y la indigencia. Se atacó, disminuyeron. ¿Se resolvió el problema? No insistamos por caminos que ya recorrimos.

—¿El terrorismo es una amenaza para Uruguay?

— No tenemos fenómenos hoy; hay que hacer una tarea esencialmente preventiva y un análisis permanente de evaluación de riesgos. Porque por más que los uruguayos estemos muy preocupados por el tema de la seguridad —y yo comparto esa preocupación— en términos comparativos, y me dirán que es consuelo de tontos, pero es real, tenemos unos niveles de seguridad envidiables para gran parte del mundo.

—A la gente le resulta difícil ver eso cuando siente cada vez más inseguridad en la calle…

—Comparados con nosotros mismos, estamos horrible. Pero es un dato de la realidad. Todo depende con quién nos queramos comparar. Uruguay tiene un índice de muertos por arma de fuego que históricamente estuvo en el 4,5 cada 100.000 habitantes, ahora estamos en 6-7. Guatemala, Nicaragua, Honduras tienen 54 cada 100.000. No tenemos que conformarnos con que somos mejor que otros, no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco ignorar que vivimos en un mundo y en una determinada región del planeta. Tenemos muchos mejores niveles de seguridad que otros países. Y peores de lo que teníamos hace 20 años.

—En 2017 comenzará la reforma del proceso penal, que usted considera fundamental para impulsar una nueva política de seguridad. Pero desde la Suprema Corte plantean que con los recursos que tienen no hay “ninguna posibilidad” de aplicarla. ¿Puede llevarse adelante la reforma sin el Poder Judicial?

—Se necesita la armonización de todos los operadores del sistema. La propuesta del Senado es convocar en febrero al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Ministerio del Interior a una comisión técnica para evaluar modificaciones al Código, y una vez que se llegue a un consenso, hacer una evaluación de cuáles serían los costos y eventualmente procurar los recursos. Me parece que estamos todos de acuerdo con que es un camino que hay que recorrer. Y en la medida en que se recorra lo veo perfectamente factible. Lo que no podemos es pretender todos los recursos para una situación ideal para implementar la reforma. Eso es el mejor pretexto para no hacer nada. Y seguimos teniendo el desastre que tenemos hoy. Ojo con eso: que el reclamo económico no se transforme en una excusa. Porque excusas para los cambios y para salir de la zona de confort vamos a encontrar siempre.

—Plantea que hay que trabajar con lo que hay.

—Yo no digo que no haya que incrementar recursos, digo que hay que tener una actitud también de remangarse y trabajar con lo que hay. Hemos visto en el mundo procesos de reforma con muchísimo dinero, y otros con pocos recursos. Si uno aspira a tener todos los edificios prontos, etc., van a pasar 20 años y vamos a seguir teniendo el desastre que tenemos hoy. Lo que advierto es: tengamos cuidado que el reclamo presupuestal no se transforme en una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Para eso es necesario definir y acotar el reclamo. Nosotros también precisamos más presupuesto para llegar a la situación ideal. Pero tengo que ser realista.

—¿El reclamo de la Corte no es realista?

—No dije eso. Confío en que los ministros de la Corte están absolutamente convencidos de que la reforma es imprescindible. Hay que encontrar los caminos. También venimos de un año muy particular en el relacionamiento institucional.

—¿Se refiere al relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial?

—Venimos de un año particular. Creo que la propuesta de que técnicos de las distintas instituciones trabajen en la modificaciones imprescindibles al proyecto seguramente abra un camino de diálogo que nos permita llegar a determinar exactamente cuáles son los recursos necesarios. Nosotros dijimos siempre que la Fiscalía va a estar pronta. He escuchado el discurso de que a la Fiscalía se le dieron unos recursos millonarios. Eso es falso.

—La Corte criticó que la Fiscalía recibió recursos para afrontar la reforma y el Poder Judicial no.

—En un año que a una institución no se le dio, a la otra sí. Históricamente, se le daba al Poder Judicial y a nosotros no. Nuestro presupuesto para inversiones fue durante décadas prácticamente el mismo.

—Pero si hay dos patas de la reforma, y una recibe dinero y la otra no…

—Eso no lo cuestiono. Digo simplemente que es falso que a nosotros se nos dieran recursos considerables, porque no es así. Pedimos 210 millones, el Ejecutivo nos presupuestó 170 y perdimos 38 en la discusión parlamentaria. Igual no nos quejamos, nosotros seguimos para adelante. Y hacemos las reformas, los cambios y las reestructuras necesarios para estar prontos. Nos remangamos y nos pusimos a trabajar. Diciendo que sí se puede.